El lunes 21 de julio, cientos de antorchistas de Tláhuac se vieron en la necesidad de salir a las calles una vez más, con valentía, entereza y, sobre todo, con la idea clara de protestar por la cerrazón de la alcaldesa de esta demarcación, la morenista Berenice Hernández. El motivo: la lucha por una vivienda digna para familias de muy escasos recursos económicos que actualmente habitan el predio Buena Suerte, familias que viven en la pobreza, hacinadas, y que merecen un espacio donde vivir de manera segura, estable y humana.
Cuando las instituciones cierran las puertas y no respetan los derechos de los ciudadanos, el pueblo tiene derecho a organizarse y protestar de forma legítima.
Las condiciones de vida de estas familias humildes se deterioran día con día, por eso la urgencia de que sean reubicadas a su nuevo hogar. En este predio no cuentan con las condiciones mínimas, pues las casitas de 6 x 4 están construidas con materiales precarios, tienen baños de uso común, y en las últimas semanas han tenido que enfrentar inundaciones que ponen en riesgo su salud y su seguridad. No están pidiendo que se les regale nada.
La marcha transcurrió sin contratiempos y con los ánimos requeridos para ganar las simpatías de los transeúntes, quienes se solidarizaron a su paso hasta llegar a la explanada de esta alcaldía para buscar un diálogo con la alcaldesa.
Desde hace años, el Movimiento Antorchista ha venido gestionando ante el gobierno de la ciudad que se autorice la construcción de vivienda para estas familias, a través del Instituto de Vivienda (INVI), que se encarga de dotar de créditos para que los capitalinos puedan gozar de este derecho asentado en nuestra Carta Magna.
Hace algunos meses, la proeza se logró con la aceptación por parte del gobierno de la ciudad para que el INVI pudiera adquirir un terreno en Tláhuac y ahí edificar vivienda de interés social para las familias del predio Buena Suerte. Algo que, como antorchistas y personas de buen corazón, festejamos y agradecimos a las autoridades del gobierno central.
Sin embargo, cuál sería nuestra sorpresa que, desde esa fecha, a pesar de ser ya un acuerdo y compromiso por parte del gobierno capitalino, al hacer las gestiones pertinentes para que la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, autorizara la compra de este predio, nos encontramos con un bloqueo total y un aferramiento enfermizo para echar abajo esta disposición de gobierno.
Desde entonces, Berenice Hernández, responsable directa de atender esta demanda, se ha negado a firmar la autorización necesaria para que el proyecto avance, dejando en la incertidumbre a las familias que dependen de ello.
Ante la llegada de la numerosa marcha a la explanada de las oficinas del gobierno de Tláhuac, no sorprendió que, en vez de un diálogo abierto, no se presentara ni la alcaldesa ni funcionario alguno. Según información de los comerciantes que laboran en la zona, desde muy temprano todos huyeron por las puertas traseras del recinto para no enfrentarse al reclamo público.
El edificio quedó con oficinas desiertas, solo al cuidado de una valla de policías armados y una estructura metálica que impedía el paso a la puerta principal. Por ello, no hubo más remedio que cumplir con el compromiso de instalar un plantón en esta explanada, colocando una carpa para que nuestros compañeros pudieran guarecerse del sol y la lluvia.
Es indignante la hipocresía con que se conducen estos pésimos gobernantes, como la alcaldesa de Tláhuac. Con la desfachatez que la caracteriza, al mismo tiempo que niega el permiso para que el INVI construya vivienda para familias trabajadoras, en esta alcaldía permite con todas las facilidades, permisos y licencias necesarias, la construcción de una zona residencial en la avenida Guillermo Prieto, con todos los servicios incluidos y resueltos.
Se trata de casas cuyo precio ronda por encima de los 5 millones de pesos y que, por supuesto, no son para gente común, para gente pobre, sino para quienes tengan poder adquisitivo y puedan pagar esos altos precios. Un negocio muy rentable. Pero para los que no pueden, para los que apenas sobreviven, como nuestros compañeros de Buena Suerte, solo hay obstáculos, indiferencia y puertas cerradas. Una doble moral que ofende y exhibe de qué lado está, cuáles son sus intereses y a quién quiere beneficiar con sus acciones.
Más allá de las palabras, los hechos muestran que el gobierno de Berenice Hernández no está interesado en proteger el derecho de los pobres a vivir dignamente. Aunque repita una y otra vez, como perico, su lema de “primero los pobres”, la realidad demuestra que, en Tláhuac, primero están los desarrolladores, primero están los intereses inmobiliarios y primero están quienes tienen poder económico. Para los demás, para los pobres, sólo hay desdén y olvido.
Esto no es más que una traición a toda la gente que votó por ella, creyendo que las cosas serían distintas. Hoy las cosas están peor que nunca en todos los sentidos en esta demarcación.
No hay soluciones a las peticiones concretas de introducción de servicios básicos a colonias marginadas, ni al problema de inseguridad. Y, aunado a esto, el hecho es que hoy, en Tláhuac, a decenas de familias humildes se les está negando el derecho a la vivienda, violando con ello sus derechos fundamentales. Se les da la espalda, mientras se favorecen las construcciones privadas, de lujo, y ellas que se hundan en su pobreza y permanezcan enfrentando inundaciones, enfermedades y la inseguridad de habitar un espacio inhóspito.
Es por eso la justeza de nuestra manifestación, y que ésta haya tenido que terminar en la instalación de un plantón permanente, porque cuando las instituciones cierran las puertas y no respetan los derechos de los ciudadanos, el pueblo tiene derecho a organizarse y protestar de forma legítima.
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