Huixtla, Chiapas.— Habitantes de la comunidad Altamira La Providencia, en el municipio de Huixtla, denunciaron actos de intimidación por parte de elementos policiales de la Fuerza Pakal y exigieron a las autoridades que cesen el hostigamiento, respeten sus derechos y garanticen que cualquier diligencia legal se realice conforme a la ley.
De acuerdo con los pobladores, integrantes del Movimiento Antorchista, el jueves 8 de octubre, un actuario, acompañado de una mujer identificada como Flor Marlene, quien se presentó como propietaria del terreno, acudió a la entrada de la comunidad para solicitar el ingreso y realizar mediciones en el predio. Los habitantes afirmaron que no recibieron notificación previa sobre la diligencia.
“Pedimos que cese el hostigamiento y la intimidación a través de la fuerza pública, porque dicen que no pasa nada, pero llegan a amedrentar al pueblo”, expresaron los antorchistas.
Por este motivo, el Movimiento Antorchista en Chiapas manifestó su preocupación ante la posibilidad de un eventual desalojo, debido a que en el asentamiento viven 108 familias indígenas que llevan más de tres décadas buscando regularizar ese territorio.
“Las familias organizadas de Huixtla no se apropiaron de algo que no era suyo. Desde hace 33 años, 108 familias indígenas vienen luchando para que los gobiernos federal y estatal otorguen certeza jurídica a las tierras que habitan y cultivan”, señaló Érica de León, representante de la organización en la zona.
A decir de la dirigente antorchista, las familias iniciaron un proceso legal para regularizar el predio desde que se establecieron en el lugar. La organización sostuvo que su demanda es contar con seguridad jurídica y condiciones de vivienda dignas.
De León también relató que, años atrás, otro grupo de personas que había sido desalojado del predio La Patria, en Tapachula, llegó a la región y permaneció temporalmente en el asentamiento. Sin embargo, aseguró que ese grupo posteriormente abandonó el lugar, mientras las familias organizadas en Antorcha continuaron viviendo ahí.
Los pobladores indicaron que, durante la diligencia, cuestionaron al actuario y a su acompañante sobre los motivos de su presencia. Según su testimonio, el funcionario afirmó que existía una notificación previa, lo que los habitantes negaron.
La presencia de elementos de la Fuerza Pakal también generó inconformidad entre los residentes, quienes consideraron que el despliegue policial tuvo un carácter intimidatorio. Además, denunciaron que tres habitantes fueron amenazados con enfrentar una demanda por impedir el ingreso a la comunidad.
Ante esta situación, los pobladores anunciaron que una comisión acudirá al Palacio de Gobierno de Chiapas para solicitar la intervención de las autoridades, exigir certeza jurídica sobre las tierras y pedir que se investiguen los hechos denunciados.
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