• Activistas exigen alto a la intimidación política y defienden su labor pacífica por llevar obras a zonas marginadas
Las amenazas de muerte contra Jerónimo Gurrola Grave, dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Querétaro, son un hecho grave.
“Desde el 8 de agosto empezaron las amenazas en mi celular”, mencionó Gurrola Grave. No se trata de simples mensajes ofensivos, quienes las realizan saben de sus movimientos, dónde vive, quién entra y sale de su domicilio, sus horarios, los lugares a los que acude y el medio de transporte que utiliza.
Uno de los mensajes señala: “Me imagino que empezarán a tomar sus precauciones. Te recomiendo que no tomes tan a la ligera dejarlo solo, a menos que tu jefe sepa manejar herido”. En otras amenazas: “Él ha estado haciendo mucho ruido últimamente y no nos gusta para nada eso”. “Sé de sus marchillas que hacen”.
Yo, en lo personal, me pregunto, ¿qué hay detrás de estas amenazas homicidas contra nuestro compañero?, ¿tanto les molesta la actividad de los antorchistas?
Antorcha nació hace 52 años para organizar a las masas y educarlas para que reclamen sus derechos plasmados en el texto constitucional. ¿Acaso pedir agua, drenaje, pavimentación, vivienda, escuelas, salud, seguridad, para las colonias urbanas y las comunidades campesinas más olvidadas es un delito?
En Querétaro como en todo el país nuestra lucha es pacífica. Los artículos ocho y nueve garantizan los derechos de petición, asociación y reunión pacífica.
Cuando se amenaza a los dirigentes sociales que se levantan por el reclamo de mejores condiciones de vida para los sectores más pobres del país, no sólo se pone en riesgo su seguridad, sino se está negando de tajo el derecho de miles de ciudadanos a organizarse y luchar por justicia, salud y un trabajo bien remunerado.
En Querétaro, Antorcha lleva más de 35 años trabajando al lado de familias urbanas y rurales por la solución de sus carencias de obras y servicios elementales. Durante muchas décadas vienen acudiendo ante las autoridades para plantear sus peticiones.
El profesor Jerónimo ha dicho: “Llevamos cinco años presentando el mismo pliego petitorio, sólo le modificamos la fecha, y en la medida en que más gente se va incorporando a la organización incrementa la cantidad de obras y servicios que estamos solicitando”.
Desde hace tiempo nuestros compañeros de Querétaro enfrentan persecuciones injustificadas de la autoridad, y a lo largo del tiempo hemos demostrado clara y contundentemente que no hay delito que perseguir en la actividad que realizamos.
Cuando se amenaza a los dirigentes sociales que reclaman mejores condiciones de vida para los sectores más pobres del país, no sólo se pone en riesgo su seguridad, sino se está negando de tajo el derecho a organizarse y luchar por justicia, salud y trabajo digno.
Así, en sexenios de gobiernos anteriores de este estado 200 antorchistas, entre dirigentes y campesinos, han sido encarcelados por exigir soluciones a las necesidades de sus comunidades.
En 2009, al compañero Jerónimo Gurrola le giraron una orden de aprehensión por defender a campesinos de La Piedad, municipio de El Marqués, a los que se les estaba quitando su pozo de agua.
En otro caso, la compañera profesora Cristina Rosas Illescas fue encarcelada el 19 de marzo de 2005 de manera injustificada durante tres años y medio. Salió en libertad porque demostramos legalmente que no era cierto el motivo de su encarcelamiento.
Antorcha no crea las necesidades del pueblo; estas existen a pesar de que desde hace más de 100 años el pueblo de México hizo una revolución.
Antorcha organiza a quienes padecen para exigir que las autoridades cumplan para lo que fueron electas y las promesas que hicieron; los problemas de la población marginada pueden resolverse por medio de la organización y la lucha.
Antorcha incomoda a quienes preferirían mantener al pueblo desorganizado y sometido.
Igual pasa en Oaxaca, donde recientemente, un compañero dirigente de nuestra organización fue perseguido judicialmente por las autoridades por encabezar demandas de electrificación de comunidades campesinas.
Son hechos distintos, pero con una misma intención: amedrentar a los líderes sociales y frenar la organización de las comunidades que conocen y defienden sus derechos. ¿Es esta una política de Estado para impedir que los mexicanos se organicen y exijan su derecho a una vida mejor?
Los antorchistas que estamos organizados en todos los estados de la república denunciamos y rechazamos las amenazas contra nuestro compañero Jerónimo Gurrola y llamamos a que las autoridades del estado de Querétaro y del gobierno federal pongan freno a las graves amenazas que mencionamos, y respeten los derechos legítimos de todo el pueblo de México, para llevar la fiesta en paz.
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