Escribía Atahualpa Yupanqui, gran poeta y cantautor argentino: “Dividieron los bienes de la tierra de tal forma que para ellos quedaron el oro y las fincas, mientras que para nosotros restaron únicamente la intemperie y el sudor de la frente”. Esta sentencia cobra una vigencia brutal ante la crisis de contaminación ambiental que ocurre a lo largo del territorio estatal, donde la riqueza y el desarrollo de unos cuantos se sostienen sobre el despojo y la enfermedad de las mayorías. En esta repartición desigual, los bienes comunes son entregados al mejor postor mientras las comunidades quedan desamparadas en el olvido. Las recientes imágenes difundidas por el Centro de Estudios de Investigación de la Barranca, en las que se muestra la contaminación de las cascadas de Huaxtla en Zapopan por los líquidos tóxicos de los basureros Picachos (público) y Hasar’s (privado), recuerdan el papel regulador que el Estado debería adoptar y sigue sin asumir, permitiendo que el azul turquesa que distinguía a esas aguas sea ahora el reflejo de un río de aguas negras.
Esta catástrofe no es un hecho aislado ni fortuito; responde a un historial de omisiones institucionales que se arrastran desde hace casi dos décadas. Desde 2009, los habitantes de las comunidades de Ixcatán, San Lorenzo y Milpillas firmaron convenios de solución con el Ayuntamiento de Zapopan, que prometió mitigar el impacto de los vertederos, pero las promesas quedaron en el papel. El colapso definitivo se aceleró a partir de 2021, tras el cierre del basurero de Los Laureles en Tonalá, cuando el Estado decidió redirigir los desechos de Guadalajara al basurero público de Picachos. A raíz de esta decisión, el volumen de residuos acumulados se multiplicó: lo que antes era un escurrimiento estacional derivado del temporal de lluvias, se transformó a partir de ese año en un vertido ininterrumpido de millones de litros de jugos de la basura.
Por ello, los habitantes ya no sólo respiran los fétidos olores de los desechos, sino que ven comprometida el agua que sustenta su vida y su salud. Mientras las autoridades se lavan las manos debatiendo en el terreno burocrático, los pobladores se enfrentan en primera línea a los venenos que corren por sus tierras, evidenciando que, bajo el modo de producción capitalista, el Estado no está diseñado para proteger la naturaleza, sino para garantizar la obtención de la máxima ganancia de unos pocos. Al concebir a la tierra, el agua y los seres vivos como recursos gratuitos explotables para reducir costos de producción, las leyes e instituciones ambientales funcionan meramente como una fachada que simula regular el impacto ecológico, actuando en realidad como administradoras de los intereses minoritarios. De este modo, cuando la preservación ambiental choca contra el beneficio económico, el Estado sacrifica los ecosistemas y la salud de las comunidades trabajadoras, demostrando que estos daños no son simples fallas legislativas, sino una consecuencia innata del sistema económico actual.
La crisis ambiental en Jalisco no es un accidente, sino la omisión sistemática de un Estado que sacrifica los ecosistemas y la salud de las comunidades trabajadoras para garantizar la máxima ganancia de unos pocos.
Esta indolencia institucional no solo se concentra en la catástrofe descrita; si miramos hacia la ribera del Lago de Chapala, la contaminación ambiental adquiere matices de tragedia humanitaria. Poncitlán se ha convertido en el municipio con la tasa de daño renal más alta del mundo, según registros del United States Renal Data System. En comunidades indígenas como San Pedro Itzicán, Mezcala y Agua Caliente, la histórica descarga de agroquímicos, residuos industriales y metales pesados en la cuenca ha provocado una epidemia silenciosa: estudios de la Universidad de Guadalajara revelan que los marcadores de daño renal en niños de esta región son diez veces superiores al promedio estatal, detectando incluso arsénico, plomo y pesticidas como el glifosato en su organismo. Mientras el discurso oficial se empeña en fragmentar el problema atribuyéndolo a factores genéticos o alimentarios para deslindar a las industrias, los cuerpos de los enfermos renales de Poncitlán -al igual que las aguas negras de Huaxtla- evidencian la realidad irrefutable de un territorio envenenado por el abandono del Estado.
La devastación ambiental se extiende a unos kilómetros de distancia, materializándose como el ejemplo más radical de cómo la industrialización desenfrenada devora la naturaleza: las cascadas de Juanacatlán. Consideradas a principios del siglo pasado como "el Niágara mexicano" por su imponente belleza natural, hoy esta sección del Río Santiago funciona como un esparcidor de metales pesados como mercurio, arsénico y cromo. Al caer el agua con fuerza, el golpe pulveriza una combinación tóxica que viene del corredor industrial de El Salto, soltando en el aire gases nocivos como el ácido sulfhídrico que los habitantes respiran todo el día. Este paisaje de espuma tóxica y densa neblina química no es sólo una postal de la crisis; refleja una zona donde los estudios médicos confirman que respirar y tocar estos venenos por años ha disparado los casos de cáncer y leucemia infantil. La agonía de Juanacatlán demuestra de forma cruda que, cuando el gobierno decide ignorar el nacimiento de un problema —como hoy ocurre con la basura en Huaxtla—, el destino final de esa negligencia es la destrucción total de la vida.
Hacia el sur del estado, esta misma lógica se repite con la agricultura comercial. El modelo de producción intensiva enfocado en la exportación masiva de aguacates y berries ha consolidado una geografía del abandono, donde los invernaderos y megaproyectos envenenan la comida de las comunidades rurales. Una investigación del CUCBA de la Universidad de Guadalajara reveló que el 61 por ciento de los alimentos básicos en los mercados de Ciudad Guzmán y San Andrés Ixtlán contienen restos de neonicotinoides. Estos son plaguicidas hasta diez mil veces más tóxicos que el DDT —aquel histórico insecticida que fue prohibido en todo el mundo por quedarse atrapado en la naturaleza por décadas y causar cáncer—. Al ser insecticidas que se absorben desde la raíz, entran a la planta y es imposible quitarlos lavando la comida. Este compuesto químico condena a los niños de la región a intoxicarse todos los días, provocando daños en su desarrollo, problemas reproductivos y afectaciones genéticas irreparables. Esto evidencia la prioridad de obtener la máxima ganancia sobre la vida humana.
Frente a esta cartografía de catástrofe humanitaria, donde se mutilan los cuerpos de la clase trabajadora y se destruye la naturaleza, queda claro que la crisis ambiental en Jalisco no es un accidente, sino la omisión sistemática de un Estado que no pone en primer lugar los intereses de los pueblos sino la reducción de los costos de operación para permitir la obtención de la máxima ganancia a unos pocos. Las instituciones actúan como meras gerencias que aseguran las condiciones materiales para el desarrollo inmobiliario, industrial y agroexportador. La salvación de las comunidades y de la naturaleza que las rodea no puede ser obra de nadie más que de las comunidades que padecen en carne propia este mal. Sólo mediante la organización consciente y la movilización combativa del pueblo trabajador será posible un alto total a esta devastación. Se debe poner en primer lugar la planificación social de la economía, que subordine la producción a la reproducción digna de la vida y en equilibrio con la naturaleza. No hay más.
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