El estado de Hidalgo, según estadísticas del gobierno estatal, tiene una población de tres millones 50 mil habitantes distribuidos en 84 municipios; su grado de marginación es alto; en el contexto nacional ocupa el noveno lugar en pobreza. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el 50 por ciento de la población es pobre; el 8 por ciento de ésta se ubica en pobreza extrema; el 82.5% tiene al menos una carencia social y, finalmente, el 31 por ciento de la población no tiene acceso a la alimentación.
Estos datos revelan que Hidalgo es un estado en donde la mayoría de la población vive en pobreza, pues, 2.5 millones de habitantes tienen insuficientes servicios de salud, educación, electrificación, agua potable, drenaje, vivienda y lo peor, más de 600 mil personas no tienen acceso a la alimentación. Frente a una problemática económica y de rezago social como esta se esperaría que las autoridades fueran las impulsoras de una política social encaminada a resolver estas ingentes necesidades.
Pero para desgracia de los hidalguenses a partir del 5 de septiembre de 2016 arribó al gobierno del estado el priista Omar Fayad Meneses, personaje cuya trayectoria se forjó en los "más importantes" cuerpos policíacos tanto federales como estatales.
Gracias a su experiencia y méritos policíacos, Fayad fue designado Vicecoordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); ha ocupado más de 21 cargos públicos, administrativos o políticos y de estos, 15 de ellos están relacionados con funciones de los cuerpos policíacos y con las "ciencias penales".
¿Qué podía esperarse de un policía entrenado para mantener el orden social con el uso de la fuerza pública y adiestrado para obedecer a los mandos superiores de una manera servil?
Larga es la lista de agresiones, amenazas, intimidaciones y persecuciones que el represor gobierno de Omar Fayad ha emprendido en contra del pueblo organizado en Antorcha, que sólo busca solución a justas y legitimas demandas.
La casa de la líder estatal de Antorcha, Guadalupe Orona Urías en un desplante de tecnología policial es vigilada mediante drones; una camioneta donde viajaban 4 activistas de Antorcha fue baleada por un supuesto "reten" resultando una persona herida; se han emprendido campañas difamatorias a través de medios masivos de comunicación pagados, para desvirtuar la legitimidad de la lucha de los antorchistas; se han quemado espectaculares, borrado las pintas que anuncian las movilizaciones; mediante operativos se ha reprimido el derecho a la manifestación pública, bloqueando el acceso de los vehículos que trasladaban a los manifestantes y ocasionando un accidente donde resultaron más de 20 personas lesionadas y una persona fallecida.
Aún así, se realizó el 10 de abril una imponente manifestación de miles de antorchistas en la capital del estado, que, ante los oídos sordos de las autoridades, establecieron un plantón indefinido para hacerse escuchar y exigir solución conforme a derecho a las peticiones de obras y servicios en favor de las comunidades rurales y colonias humildes. No obstante, la represión continúa, fueron detenidos injustamente cuatro manifestantes que se encontraban en el plantón.
¿Cuál va a ser la solución a este conflicto? De continuar la cerrazón y la política de "el estado soy yo" del dictadorzuelo Omar Fayad la lucha legal y pacífica de los antorchistas hidalguenses continuará, apoyados por el Movimiento Antorchista Nacional, aunque dure lo que falta del sexenio.
Nadie por encima del derecho a la organización plasmado en la Constitución General de la República; la historia da fe del triunfo del pueblo organizado frente a los gobernantes despóticos, ¡Ni un paso atrás en esta lucha!
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