• Carencias de insumos médicos y bajos salarios golpean la economía de los hogares en México
Enfermarse no debería significar para una familia trabajadora comenzar otra lucha: conseguir una consulta, encontrar los medicamentos recetados, esperar semanas por una cita con un especialista o reunir dinero para pagar en una farmacia particular aquello que no encontró en una institución pública. Sin embargo, estas dificultades forman parte de la realidad que enfrentan numerosas familias mexicanas.
Cuando la atención médica no llega a tiempo o el ingreso familiar no alcanza para cubrir los gastos de una enfermedad, el derecho a la salud se convierte en una preocupación que compromete la tranquilidad y la economía de todo el hogar.
El problema no puede analizarse únicamente a partir de la cantidad de hospitales construidos, las piezas de medicamentos adquiridas o las consultas registradas. Esos indicadores son importantes, pero deben contrastarse con la experiencia cotidiana de la población: si una persona consigue atención cuando la necesita, si recibe el tratamiento indicado y si puede continuar su recuperación sin que los gastos médicos pongan en riesgo la alimentación, la vivienda o la educación de sus hijos.
La eficiencia del sistema de salud debe medirse también por su capacidad de resolver las necesidades reales de la gente.
Las cifras oficiales ayudan a dimensionar el desafío. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024, 44.5 millones de personas en México presentaban carencia por acceso a los servicios de salud, equivalentes al 34.2 % de la población.
Aunque el indicador disminuyó respecto de 2022, cuando alcanzó el 39.1 %, su magnitud sigue mostrando que millones de personas enfrentan dificultades para contar con adscripción o derecho a recibir atención médica. El dato no significa que todas ellas estén completamente desatendidas, pero sí revela una brecha importante en el acceso institucional a la salud.
Detrás de estas cifras hay familias con necesidades distintas, pero con una preocupación común: qué hacer cuando alguien enferma y la atención que requiere no está disponible de manera oportuna. Para quien vive con ingresos limitados, pagar una consulta privada, comprar un medicamento o trasladarse a otra localidad para recibir atención puede representar un sacrificio considerable.
Una enfermedad no sólo afecta al paciente; también puede reducir los ingresos familiares, obligar a otros integrantes del hogar a faltar al trabajo y generar deudas que se prolongan mucho después de que termina el tratamiento.
Por eso, la salud pública debe entenderse como una responsabilidad social y no como un asunto que cada persona deba resolver por su cuenta. La capacidad económica de una familia no debería determinar si puede recibir atención o continuar un tratamiento.
Cuando el acceso efectivo a los servicios depende de cuánto dinero se tiene disponible, las desigualdades económicas terminan reflejándose también en las posibilidades de conservar la salud y la calidad de vida.
Las dificultades del sistema no se reducen al abasto de medicamentos. También deben examinarse la disponibilidad de personal médico y de enfermería, las condiciones de los hospitales y centros de salud, los tiempos de espera, la capacidad para realizar estudios y cirugías, y la continuidad de los tratamientos.
Una institución puede contar con medicamentos en sus almacenes, pero eso no garantiza por sí sólo que cada paciente reciba la receta completa en la unidad que le corresponde. Del mismo modo, inaugurar un hospital no resuelve automáticamente la falta de especialistas, equipos o personal para mantenerlo en funcionamiento.
En octubre de 2026, las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social volvieron a colocar estas dificultades en el debate público. Entre sus demandas se encuentran mejoras salariales y soluciones a las carencias de insumos y medicamentos.
El Gobierno federal, por su parte, ha informado sobre el aumento en la adquisición y distribución de medicinas y reconoce que todavía existen aspectos por mejorar. La discusión exige revisar tanto los avances anunciados como los problemas que persisten en las unidades médicas y las condiciones en que se presta el servicio.
La diferencia entre reconocer un derecho y garantizarlo está en que ese derecho pueda ejercerse en la vida cotidiana.
Tampoco sería justo responsabilizar de manera general a médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud por las deficiencias institucionales. Muchos de ellos desempeñan una labor indispensable bajo presión, con una gran carga de trabajo y con la responsabilidad de atender a pacientes que necesitan respuestas inmediatas.
Sus condiciones laborales, la disponibilidad de recursos y la organización de los servicios forman parte de cualquier análisis serio sobre la calidad de la atención. Defender el derecho de los pacientes y defender condiciones laborales adecuadas para el personal sanitario no son objetivos opuestos: ambos son necesarios para que las instituciones cumplan su función.
El Movimiento Antorchista sostiene que las necesidades fundamentales del pueblo trabajador deben ocupar un lugar central en la política pública. Desde esta perspectiva, el problema de la salud no puede separarse de las condiciones económicas y sociales en que vive la mayoría de la población.
Un salario insuficiente, la falta de seguridad social y la dificultad para cubrir los gastos básicos hacen que una enfermedad pueda convertirse en una crisis familiar. Por ello, garantizar la atención médica requiere no sólo instituciones que funcionen, sino también políticas que permitan a la población vivir y trabajar en condiciones dignas.
¿Qué se necesita, entonces? En primer lugar, que las autoridades garanticen el suministro oportuno de medicamentos y publiquen información verificable sobre su disponibilidad y entrega efectiva en las unidades médicas.
En segundo lugar, que se fortalezca la infraestructura, se cubran las necesidades de personal y se reduzcan los tiempos de espera para consultas, estudios y cirugías. En tercer lugar, que existan mecanismos transparentes para recibir y resolver las quejas de los pacientes, con seguimiento público de los problemas identificados.
Y, finalmente, que los presupuestos destinados a la salud se traduzcan en servicios accesibles, oportunos y de calidad, especialmente para quienes tienen menos posibilidades de recurrir a alternativas privadas.
Pero también es necesaria la participación organizada de la sociedad. Los pacientes y sus familias deben contar con espacios para expresar sus necesidades, documentar las deficiencias y exigir respuestas; los trabajadores sanitarios deben poder plantear sus demandas laborales; y las autoridades tienen la obligación de escuchar, informar y rendir cuentas.
La organización colectiva permite que problemas que suelen enfrentarse en soledad se conviertan en exigencias públicas y propuestas concretas.
La salud no puede depender de la suerte, de la capacidad de pago de una familia o de que un medicamento se encuentre disponible por casualidad. Un sistema de salud debe estar preparado para responder cuando una persona enferma, no solamente para anunciar sus resultados cuando las cifras son favorables.
La diferencia entre reconocer un derecho y garantizarlo está en que ese derecho pueda ejercerse en la vida cotidiana.
Para el pueblo trabajador, defender la salud significa defender la vida, el ingreso familiar y la posibilidad de desarrollarse plenamente. México necesita instituciones capaces de prevenir enfermedades, atender a los pacientes a tiempo y ofrecer tratamientos adecuados sin que las condiciones económicas se conviertan en una barrera.
Esa meta exige recursos bien administrados, personal suficiente, planeación y vigilancia pública, pero también una sociedad dispuesta a participar y a exigir que las necesidades colectivas sean atendidas.
La salud de millones de mexicanos no puede quedar reducida a promesas, estadísticas o anuncios de inversión. Debe reflejarse en consultas oportunas, medicamentos disponibles, hospitales equipados y trabajadores sanitarios con condiciones adecuadas para realizar su labor.
Porque una sociedad que aspira a un desarrollo verdaderamente humano tiene que garantizar que sus habitantes puedan atender su salud sin poner en riesgo el sustento de sus familias.
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