• El reclamo en el Seguro Social evidencia fallas estructurales y carencias operativas que afectan a millones
Hay algo profundamente injusto en pedirles a los trabajadores de la salud que salven vidas cuando las propias instituciones no les garantizan las herramientas para hacerlo. Médicos, enfermeras, camilleros y personal de laboratorio llevan años enfrentando jornadas agotadoras, falta de medicamentos y una carga laboral que muchas veces rebasa sus capacidades.
Hoy, con el paro nacional de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sus demandas deben escucharse con seriedad. Porque ellos están en la primera línea de fuego cuando una enfermedad amenaza la vida de un paciente, pero ¿quién responde cuando deben realizar su labor sin las condiciones necesarias?
Detrás de cada consulta hay alguien que escucha, diagnostica y busca una solución. Detrás de cada camilla, una persona que se apresura para trasladar a un enfermo; detrás de cada enfermera, horas de atención a pacientes que necesitan cuidados simultáneos.
Y detrás de cada médico, la enorme responsabilidad de tomar decisiones que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Esta es la realidad de miles de trabajadores del sistema de salud, una realidad que pocas veces aparece en los discursos oficiales.
Una cosa es hablar desde una oficina sobre los avances de la atención médica y otra muy distinta es estar dentro de un hospital, frente a un paciente que necesita un medicamento que no hay, un estudio que debe esperar o una cama que simplemente no está disponible.
¿Cómo puede exigirse una atención de calidad cuando faltan los recursos para brindarla? ¿Cómo se espera que un hospital responda a las necesidades de la población si su personal está rebasado y sus instalaciones no reciben el mantenimiento necesario?
No es justo responsabilizar a quienes atienden directamente a los pacientes por problemas que corresponden a las instituciones. Sin embargo, son ellos quienes terminan dando la cara ante las familias desesperadas, quienes reciben reclamos por las demoras y quienes deben hacer todo lo posible para resolver situaciones que no dependen de su voluntad.
A pesar de ello, miles continúan desempeñando su labor con profesionalismo y humanidad.
La vocación no sustituye los medicamentos, el compromiso no reemplaza al personal faltante y las ganas de salvar vidas no reparan un hospital deteriorado.
Por eso, el paro nacional del IMSS debe entenderse más allá de un conflicto laboral. Es una llamada de atención sobre las condiciones en que se atiende la salud de millones de mexicanos.
La vocación no sustituye los medicamentos; el compromiso no reemplaza al personal faltante y las ganas de salvar vidas no reparan un hospital deteriorado.
Cuando quienes conocen los hospitales desde dentro tienen que levantar la voz para exigir lo indispensable, las autoridades deberían preguntarse qué está fallando y por qué se ha llegado a esta situación.
La salud pública mexicana necesita menos anuncios espectaculares y más soluciones concretas. La Megafarmacia del Bienestar, promovida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue presentada como una respuesta al desabasto de medicamentos; sin embargo, su creación no eliminó por sí sola los problemas de suministro que enfrentaban los pacientes.
De igual manera, abrir consultorios o multiplicar puntos de distribución no resuelve las necesidades de hospitales que requieren especialistas, quirófanos, camas, equipos y mantenimiento.
No se puede construir un sistema de salud sólido a partir de promesas que no se traducen en resultados. Se necesita planeación, inversión, transparencia y, sobre todo, escuchar a quienes conocen las deficiencias porque las enfrentan todos los días.
El personal médico no necesita instrucciones desde lejos sobre cómo hacer su trabajo; necesita que se le proporcionen las condiciones para realizarlo.
La ciudadanía tampoco merece cargar con las consecuencias, los mexicanos trabajan, pagan impuestos y contribuyen a sostener la economía nacional. Cuando una familia acude al servicio médico, no está pidiendo un favor: está ejerciendo su derecho a recibir atención médica.
No debería endeudarse para comprar medicamentos que tendrían que estar disponibles ni verse obligada a recurrir a servicios privados porque la atención pública no responde oportunamente.
La responsabilidad de corregir estas deficiencias corresponde a las autoridades federales y a las instancias responsables del instituto. Deben escuchar el pliego petitorio, explicar qué medidas adoptarán, establecer plazos y rendir cuentas sobre el presupuesto destinado a la salud.
Los trabajadores de la salud no son el problema: son parte fundamental de la solución. Merecen salarios dignos, seguridad para su retiro, personal suficiente y las herramientas necesarias para cumplir con su responsabilidad.
Los pacientes, por su parte, merecen hospitales que respondan a sus necesidades y una atención médica oportuna y humana. Cuando llega una emergencia sanitaria, ellos son de los primeros en responder.
Cuando el miedo se apodera de una familia, intentan ofrecer alivio; cuando una vida está en peligro, hacen todo lo que está en sus manos. Lo mínimo que pueden esperar del gobierno es que no los deje solos.
La salud de México no puede seguir sostenida únicamente por el sacrificio de quienes trabajan en sus hospitales. Ya basta de discursos que no resuelven el desabasto, de anuncios que no rehabilitan las instalaciones y de promesas que no mejoran la atención.
La salud no es un experimento ni una concesión del gobierno: es un derecho. Defender a quienes todos los días luchan por preservarla también es defender al pueblo mexicano.
Escuchar sus demandas y garantizar los recursos necesarios no es un privilegio que se les concede, sino una responsabilidad que el Estado debe cumplir.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario