• El gobierno oculta que el sufrimiento en Jalisco resulta de la avaricia corporativa y no de una casualidad
A raíz de las recientes manifestaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), diversos representantes del gobierno en turno, figuras de la política nacional y, sobre todo, los grandes capitales que controlan los medios de comunicación han lanzado un insistente llamado a la ciudadanía: creer que nada de lo que ocurre en la metrópoli es político.
Sin embargo, detrás de esa narrativa se esconde una estrategia para que los desfavorecidos de siempre acepten la miseria sin protestar. Al pintar los problemas cotidianos como simples fallas técnicas, falta de planeación o errores administrativos, se intenta vendar los ojos de la clase trabajadora para ocultar a los verdaderos responsables.
Se difunde así una "falsa neutralidad" que pretende hacernos creer que las instituciones gubernamentales nos protegen a todos por igual, cuando en realidad resguardan los negocios de unos pocos.
La realidad es evidente: cuando una familia obrera de Tlajomulco o El Salto pierde tres horas al día en camiones saturados, o cuando el agua de la llave brota amarilla y contaminada, queda claro que, en el modo de producción actual, todo es político, pues cada decisión gubernamental prioriza la ganancia de unos cuantos por encima de la inmensa mayoría.
Esta ofensiva oficial por despolitizar el sufrimiento diario de la clase trabajadora es la muestra más descarada de cómo se fabrica la falsa conciencia en Jalisco.
La propaganda que se difunde al por mayor pretende que mastiquemos la crisis del transporte, el ecocidio y el desabasto de agua como si fueran simples "fallas técnicas" o "errores de gestión", desvinculados por completo del modo de producción económico vigente que los engendra.
Buscan imponer la mentira de que las instituciones son neutrales, obligando al pueblo a creer que no existe un conflicto de clases detrás de su miseria, sino a una mera falta de planeación que se resuelve con más burocracia.
Pero la realidad se impone: no hay ningún pacto social ni arreglo racional entre las familias que sobreviven en la periferia y los grandes capitales inmobiliarios e industriales que asfixian al AMG; lo que hay es una brutal relación de explotación material que se sostiene con base en el despojo.
Esta falsa neutralidad no es más que el aparato ideológico de los que más tienen para blindar sus ganancias millonarias, pretendiendo que la clase trabajadora acepte el yugo y agache la cabeza ante un orden que la condena a la miseria.
Desmenuzar estas mal llamadas "fallas" revela que detrás de cada crisis existe un lucrativo negocio privado.
En abril de este año se registró el incremento al transporte público de 9.50 a catorce pesos —con un subsidio estatal de tres pesos que dejó la tarifa final en once pesos—, cuyos principales beneficiarios son las cinco grandes compañías que concentran la tercera parte de las concesiones y de los camiones en la entidad.
Ello evidencia el resultado directo de concebir la movilidad como una mercancía y no como un derecho humano.
Del mismo modo, la emergencia hídrica —donde el agua brota infectada con bacterias E. coli y metales pesados en los hogares de los sectores más vulnerables, mientras la agroindustria devasta el bosque y acapara los mantos acuíferos— no es un problema climático, sino una decisión política que manifiesta un modelo que también ha convertido el agua en mercancía.
Mientras millones de habitantes en colonias populares sufren los tandeos masivos y racionamientos prolongados —una medicina amarga impuesta a las periferias para no frenar el saqueo—, las grandes corporaciones, desde cerveceras hasta desarrolladores inmobiliarios, siguen extrayendo el recurso sin restricciones.
Esto demuestra que el agua de calidad no falta: está concesionada a quienes tienen el poder económico en el estado.
Los datos del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) confirman una realidad alarmante: apenas doce inmobiliarias controlan 36 mil 735 millones de litros de agua al año, el equivalente para abastecer a 1.6 millones de personas.
A esto se suman cuatro desarrollos de lujo que extraen 7 mil 860 millones de litros, cuatro cerveceras y refresqueras que consumen 8 mil 319 millones, y cuatro empresas químicas que acaparan 6 mil 877 millones.
En contraste, las tarifas que pagan son irrisorias. Por ejemplo, Urbi Construcciones del Pacífico extrajo 15 mil 600 millones de litros anuales y pagó cero pesos a la Conagua entre 2018 y 2019, mientras que Reserva del Bosque pagó sólo mil 991 pesos por 3 mil millones de litros anuales.
Esta lógica de abandono sistémico se refleja también en los socavones urbanos y en la crisis de recolección de residuos. El presupuesto público se utiliza para blindar los polígonos donde las élites especulan con el suelo, desplazando a la población de menor capacidad adquisitiva hacia periferias como Tlajomulco, Tonalá o El Salto.
Ahí, los jaliscienses quedan condenados al hacinamiento, la falta de luminarias, la ausencia de transporte y la informalidad.
No hay ningún pacto social ni arreglo racional entre las familias que sobreviven en la periferia y los grandes capitales inmobiliarios e industriales que asfixian al AMG; lo que hay es una brutal relación de explotación material que se sostiene con base en el despojo.
Esta exclusión no obedece a la escasez de recursos, sino a una deliberada prioridad en el gasto.
Mientras las colonias populares mendigan por rutas dignas o agua limpia, el gobierno estatal inyectó más de 12 mil millones de pesos en infraestructura de conectividad urbana y destinó alrededor de 450 millones de fondos públicos a la logística, el "FIFA Fan Festival" y las exigencias corporativas de la Copa Mundial.
Mientras la periferia subsidia el abandono con su salud, el erario financia la fiesta de las multinacionales.
Es precisamente, así como opera este engranaje: el sistema funciona convenciéndonos de que las leyes del mercado y las crisis del día a día son asuntos puramente técnicos o naturales, y logra que olvidemos que todo está cruzado por el poder.
Se nos enseña a ver la economía como una máquina abstracta e impersonal, lo que oculta que detrás de cada precio, de cada salario bajo y de cada carencia existen decisiones humanas que benefician a unos a costa de otros.
Al normalizar esta desigualdad, el poder consigue que la aceptemos como algo inevitable.
De este modo, al separar falsamente la realidad en una esfera pública política y una vida privada supuestamente neutral, se logra el engaño del que son víctimas millones de mexicanos.
Se les hace creer que la política se reduce a lo que hacen los gobernantes en el congreso, mientras que el transporte costoso, las jornadas agotadoras o el despojo del agua son "simplemente la vida".
La cúspide de esta tragedia humanitaria se manifiesta en los cuerpos de los enfermos renales y con cáncer en la entidad: un costo humano irreversible que el pueblo paga para sostener la tasa de ganancia de los que más tienen.
El Salto, Juanacatlán y Poncitlán son el epicentro de un colapso socioambiental provocado, donde el río Santiago recibe las descargas tóxicas de industrias químicas, farmacéuticas y textiles.
Esto ha detonado una crisis de salud pública que hoy acumula más de 530 mil casos de enfermedad renal crónica en el estado. En Poncitlán, el daño renal temprano alcanza ya al 20 % de los adultos y al 44 % de los niños y niñas.
El recorrido anterior no deja lugar a dudas: lo que el poder presenta como "fallas técnicas", "errores administrativos" o "problemas naturales" no son otra cosa que decisiones políticas tomadas en función de los intereses de la clase dominante.
Desde el incremento tarifario que beneficia a cinco grandes concesionarios del transporte, hasta el acaparamiento del agua por inmobiliarias y cerveceras que pagan cantidades irrisorias mientras las colonias populares se quedan sin el líquido vital.
Asimismo, desde los socavones y el abandono de la periferia, hasta los más de 530 mil casos de enfermedad renal crónica en El Salto, Juanacatlán y Poncitlán, cada una de estas realidades es el resultado de una relación de explotación material que el gobierno en turno administra y protege.
El capital financiero, inmobiliario, agroindustrial y cervecero no extrae ganancias por generación espontánea: necesita un marco político-jurídico que le garantice el acceso privilegiado al agua, al suelo, al transporte subsidiado y a la mano de obra barata.
Ese marco lo construye el gobierno en turno, con la complicidad de los medios de comunicación que difunden la falsa neutralidad.
Por eso, cuando se nos dice que "no todo es político", se está haciendo política: la política de blindar la tasa de ganancia de unos cuantos, a costa de la salud, el tiempo y la vida de la clase trabajadora.
La conclusión es clara: todo es político. No hay esfera de la vida social —el transporte, el agua, la vivienda, la salud, el presupuesto público— que esté al margen del conflicto entre explotadores y explotados.
Y si todo es político, entonces la lucha también debe ser política. No basta con denunciar las "fallas" ni con exigir "más planeación" o "mejor administración" dentro del mismo orden.
Eso sería quedarse en la crítica y pedir que resuelvan el problema aquellos mismos que lo generaron.
La única salida es organizarse y que la clase trabajadora luche en el frente político. Esto significa convertir el descontento disperso en conciencia de clase, y la conciencia de clase en acción política organizada.
Por eso, en Jalisco, la consigna debe ser clara: todo es político, y la lucha se libra en ese frente. No hay neutralidad posible.
O se está del lado de los que explotan y despojan, o se está del lado de los que luchan por una vida digna. No hay más.
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