El crecimiento económico en el sexenio de AMLO fue apenas de 1.7 %, y el actual sexenio no ha tenido una mejora sustancial, pues el crecimiento estimado para el próximo año está entre 0.4 y 1.4 %. Esto refleja una falta de inversión pública y privada, una generación de empleos insuficiente y un aumento del empleo informal.
No hay, por lo tanto, la creación de riqueza necesaria para hablar de un desarrollo económico sano, lo que provoca dos grandes males que completan un panorama nada halagüeño.
El recorte de más de 20 mil millones de pesos a estados y municipios afectará obras básicas como pavimentación, drenaje, caminos rurales, hospitales y seguridad pública.
En 2019, el monto del Presupuesto de Egresos de la Federación fue de 5.8 billones de pesos, y ahora Claudia Sheinbaum propone que sea de 10.1 para 2026, casi el doble que hace un sexenio. Igualmente ocurrirá con la deuda pública, que en 2018 era de 10 billones de pesos y en 2026 llegaría a 20.3 billones, de acuerdo con un estudio especializado de la asociación civil México Evalúa.
Esta cantidad equivale a una deuda de 151 mil pesos por cada mexicano; su monto global alcanzará un nivel histórico y “representará aproximadamente el 52.3 % del Producto Interno Bruto (PIB), y paulatinamente le sumaremos carga a las futuras generaciones”, explicó para la revista Buzos de la noticia Alejandro Tamez, director general del Grupo de Asesores en Economía y Administración Pública.
Los créditos que, desde el gobierno de López Obrador, han recibido los gobiernos de la 4T provienen del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Aunque se niega rotundamente que la Presidencia de la república haya endeudado más al país, desde el 28 de diciembre de 2018 se firmó el primer crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 500 millones de dólares.
El Paquete Económico 2026 —o, en otras palabras, así piensa gastarse más de 10 billones de pesos— destina al costo financiero de la deuda el 4.1 % del PIB (1.57 billones de pesos).
Inversión pública 2026: 1.25 billones de pesos (3.2 % del PIB). Pemex: casi 50 %. Trenes de pasajeros: 20 %. CFE: 11 %.
Para los Programas del Bienestar, 987 mil millones de pesos (10 % del gasto social), y esto no está mal; qué bueno que se le dedique una parte significativa del gasto social, pero aquí vienen las consecuencias.
En salud, 996.5 mil millones de pesos, equivalente al 2.6 % del PIB (lejos del 6 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud). En México, más de 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud.
En educación se tiene destinado el 3.1 % del PIB. Solo el 22 % del presupuesto de los programas prioritarios sociales se dedicará a infancias, adolescencias y juventudes.
En seguridad, de 70.4 mil millones de pesos se recorta a 60.1 mil millones (−10 mil millones), increíble.
Secretaría de Marina: de 65.9 mil millones a 65.8 mil millones; y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): de 158.2 mil millones a 170.7 mil millones.
Pero las malas noticias siguen, pues el gobierno federal continúa castigando a estados y municipios.
En la distribución del gasto federalizado, el gobierno federal controla el 80 %, los 32 estados apenas reciben el 16 % y los dos mil 477 municipios solo el 4 %.
El recorte es de más de 20 mil millones de pesos, dinero que se dirige a la Secretaría del Bienestar (programas sociales), pero que afectará los presupuestos para pavimentación, drenaje, caminos rurales, hospitales y seguridad pública. Los fondos para comunidades indígenas y afrodescendientes, entre 2018 y 2020, ya se habían eliminado.
Controlar los recursos públicos para someter a estados y municipios, castigar a los gobiernos que no son afines a Morena; las necesidades básicas como salud, educación, seguridad e infraestructura social no son prioritarias para los gobiernos de la 4T. Les importa el control de los municipios y entidades que fueron concebidos como territorios autónomos, encabezados por el gobierno federal, pero capaces de gobernarse y facultados para administrar sus recursos y su presupuesto.
Se atenta contra la autonomía y la escasa libertad de los ayuntamientos municipales; sin un presupuesto suficiente, será una afrenta más contra el pueblo mexicano, que más temprano que tarde contribuirá a despertar su conciencia y organización para construir una sociedad más justa para todos.
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