Hace siete años, el discurso de la Cuarta Transformación (4T) prometió una revolución en la salud pública mexicana: un sistema universal, gratuito y eficiente que superaría incluso a modelos internacionales. Hoy, en lugar de avances, enfrentamos un retroceso histórico.
Los datos oficiales, lejos de las narrativas gubernamentales, revelan un sistema colapsado, un presupuesto insuficiente y una población cada vez más desprotegida. La salud en México no sólo está en crisis; está en terapia intensiva.
El escándalo de las compras de Birmex, con sobreprecios estimados en 13 mil millones de pesos, ejemplifica la corrupción que drena recursos vitales.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026 confirma esta debacle. Aunque presenta un incremento del 7.9 % respecto a 2025, en términos reales implica una reducción del 26.5 % comparado con 2024, equivalente a casi 10 mil 800 millones de pesos menos para hospitales e institutos nacionales de alta especialidad.
Instituciones como el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Cardiología y otros ven sus recursos mermados drásticamente, afectando directamente a la población más vulnerable, aquella sin seguridad social que depende de estos centros para sobrevivir.
Judith Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, advierte que estos recortes se traducen en un aumento del gasto de bolsillo en salud de más del 40 % entre 2018 y 2024. México destina apenas el 2.6 % del PIB a salud, lejos del 6 % recomendado por la OMS.
Este subfinanciamiento crónico explica por qué la esperanza de vida en el país es la más baja de la OCDE: 75.5 años, casi cinco años menos que el promedio. Peor aún, la mortalidad por enfermedades tratables alcanza 243 decesos por cada 100 mil habitantes, un indicador escandaloso en un país que presume de transformación social.
La infraestructura hospitalaria refleja décadas de abandono. México cuenta con sólo una cama por cada mil habitantes, frente a 4.2 en el promedio de la OCDE. La disponibilidad de equipos de diagnóstico como tomografías o resonancias magnéticas es de 10 por cada millón de habitantes, comparado con los 51 en los países miembros.
Hospitales emblemáticos como el General de México “Doctor Eduardo Liceaga” operan con camas inactivas, equipos obsoletos y servicios saturados. ¿Cómo puede un sistema así responder a emergencias o enfermedades crónicas?
Los indicadores de calidad son igualmente alarmantes. La mortalidad a 30 días después de un infarto es del 22.6 %, frente al 6.5 % de la OCDE. En casos de problemas cerebrovasculares, la cifra llega al 17 %, más del doble del promedio.
En prevención, sólo el 78 % de los niños recibe la vacuna DTP completa, y únicamente el 20 % de las mujeres entre 50 y 69 años accede a mastografías. Estos no son números fríos; son vidas truncas por un sistema que no previene, no diagnostica a tiempo y no trata con calidad.
La transición al IMSS-Bienestar, planteada como solución, ha avanzado con más sombras que luces. Aunque se federalizaron servicios en 23 estados y se lanzó “La Clínica es Nuestra”, persisten quejas por desabasto de medicamentos oncológicos y crónicos, fragmentación institucional y brechas de cobertura.
El escándalo de las compras de Birmex, con sobreprecios estimados en 13 mil millones de pesos, ejemplifica la corrupción que drena recursos vitales. Mientras, el personal sanitario sale a las calles a protestar por pagos atrasados, falta de insumos y condiciones laborales precarias.
La 4T prometió universalidad, pero la Ensanut 2022 revela que el 42.5 % de la población, unos 54 millones de mexicanos, carece de afiliación a servicios de salud. El Seguro Popular fue desmantelado sin reemplazo eficaz, dejando a millones en el desamparo.
Institutos como el Nacional de Cancerología o el Nacional de Pediatría enfrentan desabastos crónicos y listas de espera de hasta dieciocho meses para cirugías. La CNDH documentó en 2023 más de mil 200 quejas por violaciones al derecho a la salud. ¿Dónde quedó la promesa de dignidad?
La salud no es un discurso; es un derecho constitucional. Urge que el gobierno deje de negar la evidencia y actúe con contundencia: aumentar el presupuesto real, transparentar las compras, fortalecer la infraestructura, garantizar el abasto de medicamentos y recuperar la confianza del personal sanitario. Millones de vidas penden de un hilo en un sistema que agoniza.
La transformación prometida se ha convertido en una pesadilla colectiva. Es hora de rescatar la salud antes de que el colapso sea irreversible. La dignidad de México depende de ello.
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