Un paciente con hemorragia cerebral fue trasladado con ayuda de Antorcha, mientras el sistema público no respondió
En México, el derecho a la salud está garantizado en la Constitución. En Tlaxiaco, ese derecho se enfrenta a una realidad distinta. No depende sólo de la existencia de un hospital, sino de la capacidad real de ese sistema para responder en situaciones críticas. El caso de Rey González José, indígena mixteco con diagnóstico de glioblastoma grado IV y hemorragia cerebral, muestra con claridad cómo una emergencia médica puede transformarse en una cadena de omisiones cuando las instituciones no tienen capacidad de respuesta.
El acceso a la salud deja de ser un derecho garantizado y se convierte en una posibilidad condicionada por factores externos: distancia, recursos económicos, redes de apoyo y capacidad de gestión.
El paciente ingresó al hospital IMSS Bienestar tras presentar movimientos involuntarios. Los estudios confirmaron una hemorragia cerebral. El diagnóstico era grave y requería atención especializada inmediata.
Sin embargo, la unidad médica no contaba con especialistas ni con el equipo necesario para atender la complejidad del caso. La única alternativa era estabilizarlo y pensar en su traslado a otro hospital con mayor capacidad.
Hasta ese punto, el procedimiento parecía seguir una ruta lógica. Lo que vino después evidenció lo contrario: el sistema no estaba preparado para garantizar ese traslado.
El momento en que la atención se rompe
A partir de la confirmación del diagnóstico, la situación dejó de depender exclusivamente del hospital y comenzó a convertirse en una carrera contra el tiempo.
La hemorragia cerebral requería atención inmediata, pero en Tlaxiaco no existían las condiciones para brindarla. El paciente había sido estabilizado, pero no atendido integralmente. El siguiente paso era trasladarlo. Lo que no estaba claro era cómo hacerlo.
La familia inició entonces un proceso que, en un sistema funcional, debería ser automático: solicitar una ambulancia equipada para un traslado de emergencia. Sin embargo, lo que encontraron fue una cadena de obstáculos.
La unidad disponible no contaba con oxígeno, no había certeza de salida y las gestiones se prolongaban sin respuesta concreta. Mientras tanto, el tiempo avanzaba y el estado de salud del paciente seguía siendo crítico.
En ese punto, la urgencia médica dejó de depender de protocolos institucionales y pasó a depender de la capacidad de gestión de la familia. Ya no se trataba de un procedimiento garantizado, sino de una búsqueda de soluciones fuera del sistema.
Fue necesario recurrir a redes de apoyo, organización y acompañamiento para poder concretar lo que el hospital no pudo resolver.
Es en ese contexto donde el testimonio del hijo del paciente adquiere relevancia, no sólo como relato, sino como evidencia directa de la secuencia de hechos:
“Al presentar movimientos involuntarios, decidimos llevarlo al hospital de Tlaxiaco, donde le hicieron estudios y tomografías. Allí arrojó que hubo hemorragia en el cerebro. Desde entonces se estuvo gestionando una ambulancia para ser trasladado a México, porque el hospital no cuenta con equipo médico ni especialistas, y sólo lo estabilizaron. Como no se consiguió ambulancia para trasladarlo, se tuvo que buscar el apoyo del Movimiento Antorchista. Gracias a ellos, mi papá fue trasladado a México para seguir su tratamiento”.
El traslado finalmente se concretó el 1 de abril hacia el hospital general de México “Dr. Eduardo Liceaga”. No fue resultado de una respuesta institucional oportuna, sino de la intervención de terceros, de la organización social y de la presión generada fuera del ámbito gubernamental.
Un sistema que no alcanza
Lo ocurrido en Tlaxiaco no puede leerse como un caso aislado. Es parte de un problema generalizado que atraviesa la región Mixteca.
La falta de ambulancias equipadas, la escasez de especialistas y las limitaciones en infraestructura forman parte de una misma realidad: un sistema de salud que opera con carencias profundas.
En algunos casos, una sola ambulancia debe cubrir más de diez municipios. En otros, las unidades no cuentan con insumos básicos para atender emergencias.
A esto se suma la carencia de personal especializado, que ronda el 45 % en hospitales rurales, según los Servicios de Salud de Oaxaca, lo que obliga a trasladar a los pacientes a la capital del estado o incluso fuera de él.
Este proceso implica trayectos prolongados, costos elevados y un riesgo constante para quienes requieren atención inmediata.
En ese contexto, el acceso a la salud deja de ser un derecho garantizado y se convierte en una posibilidad condicionada por factores externos: distancia, recursos económicos, redes de apoyo y capacidad de gestión.
La denuncia: se sabe, pero no se documenta
Las voces que advierten esta situación no son nuevas. Sin embargo, pocas veces quedan registradas con la claridad que permite dimensionar el problema.
El posicionamiento de César Hernández Olivera, dirigente de Antorcha campesina en la Mixteca, amplía el contexto y muestra que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de una crisis más amplia.
Antes de la declaración, el contexto es evidente: hospitales con desgaste, falta de insumos, saturación en la capital y pacientes que no logran acceder a atención oportuna. En ese escenario, su testimonio sintetiza lo que ocurre en la región:
“De acuerdo con la Constitución Política de México, es responsabilidad del Estado Mexicano brindar salud a los mexicanos o dar las herramientas para que esta se realice, y esté al alcance de todos, sin distinción de raza, credo o clase social. Es decir, todos tenemos derecho a recibir atención médica. Sin embargo, múltiples han sido las manifestaciones donde se ha denunciado por parte del personal médico, enfermeros y administrativos la difícil situación en que se encuentran los hospitales, con espacios dañados por el desgaste del tiempo, así como la falta de material quirúrgico o medicamentos”, dijo el dirigente.
A esta situación se suma que numerosas familias de escasos recursos intentan trasladarse a los hospitales de la capital en busca de atención médica; sin embargo, en muchos casos no logran acceder a ella y se ven obligadas a permanecer en la vía pública, expuestas a las condiciones del entorno. Como consecuencia, varios pacientes han perdido la vida.
“Este es el caso del compañero Rey González José, indígena mixteco, que estuvo buscando atención en los hospitales de Tlaxiaco. Sin embargo, no se contaba con especialistas para su mal, ni en la capital de Oaxaca, y al buscar apoyo de la Secretaría de Gobierno para trasladarse al hospital de la CDMX, nunca se le resolvió. Ante esta situación, se tuvo que organizar cooperaciones y otras actividades, con el apoyo de su familia, del antorchismo y de las autoridades municipales, para acudir a la ciudad donde ahora se está atendiendo. Esperamos se fortalezca pronto”, destacó Hernández Olivera.
La extensión del testimonio no es casual. Refleja la acumulación de fallas, la repetición de escenarios y la normalización de una realidad en la que el sistema no responde de manera integral.
El fondo del problema
El caso de Rey González José evidencia limitaciones en la capacidad de respuesta del sistema de salud en regiones periféricas, particularmente ante emergencias de alta complejidad. Si bien se brindó atención inicial para estabilizar al paciente, no se garantizó la continuidad del tratamiento dentro de la misma unidad, lo que hizo necesario su traslado a otra institución.
En este proceso, la familia asumió un papel central en la gestión del traslado, con apoyo de terceros, lo que muestra que, en determinadas circunstancias, la atención depende de factores externos a la estructura institucional.
Mientras el paciente permanece hospitalizado en la Ciudad de México, el caso plantea interrogantes sobre el acceso efectivo a servicios especializados para personas en condiciones similares, especialmente aquellas que no cuentan con recursos o redes de apoyo suficientes.
En este contexto, se observa una brecha entre la disponibilidad de servicios de salud y la capacidad real de acceso oportuno a ellos.
Finalmente, el llamado de la organización antorchista se engrandece ante los mexicanos y oaxaqueños de unirse para hacerse escuchar porque ante situaciones como estas se evidencia que quienes hoy ostentan el poder político no están del lado de los pobres y quienes más lo necesitan y entonces, se hace urgente la creación de un partido creado por el pueblo trabajador.
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