El diputado petista José Luis Montalvo Luna impulsa un proyecto de ley que busca poner freno a la circulación de tractocamiones de doble remolque en carreteras “no aptas para ellos”. Es una iniciativa que propone restricciones y auditorías de seguridad vial en zonas de alta siniestralidad, es decir, son peligrosas para todos quienes las transitan, y México es el único país que permite su libre circulación, excediendo peso y dimensiones respecto a estándares internacionales.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga argumenta que el 80 % de los accidentes viales se debe al factor humano y sólo el 5.2 % involucra dobles remolques, con 2.7 % de las víctimas.
Legislar este tema es de suma importancia, ya que a nivel nacional se registran mil 600 accidentes de tránsito y se calcula que al año 24 mil personas pierden la vida, con base en datos de 2023 (no hay datos generados en 2024 ni 2025).
De esas muertes, una parte significativa está vinculada con tractocamiones doblemente articulados, a causa de los cuales, lamentablemente, salen afectadas familias enteras al quedar prensadas entre los fierros de estos mastodontes.
La prohibición legal a la circulación de este tipo de transporte es trabajar sólo una parte del problema, porque la otra situación tiene que ver con la construcción de vialidades aptas, o la mejora y adaptación de carreteras que se venden y usan para facilitar el transporte de mercancías, cuando es evidente el mal estado de las mismas, aunque se trate de autopistas de cuota.
Si se aprueba esta ley, quedará prohibida la circulación en carreteras tipo “B” o inferiores; su tránsito se permitirá únicamente en carreteras tipo “ET”, con condiciones técnicas y de seguridad verificadas mediante auditorías de seguridad vial. Desde luego que la Secretaría de Infraestructura, Caminos y Transportes no podrá expedir permisos especiales para vehículos con peso y dimensiones superiores a las autorizadas.
Pero también hay voces que opinan diferente: Ramón Ibarra Medrano, de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, defiende el doble remolque e insiste en que prohibirlo no es la solución, justificando que el doble remolque mueve millones de toneladas al año con decenas de miles de unidades y cumple normas estrictas como la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, circulando sólo en carril derecho, en vías ET o A con autorización de la Secretaría de Infraestructura, Caminos y Transportes, con peso bruto de 75.5 toneladas y longitud de 31 metros.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga argumenta que el 80 % de los accidentes viales se debe al factor humano y sólo el 5.2 % involucra dobles remolques, con 2.7 % de las víctimas; en consecuencia, propone vigilar normas, mejorar infraestructura, capacitar usuarios y señalizar mejor las carreteras.
Con argumentos como este, es difícil refutar a las cámaras empresariales, porque cada quien prioriza y defiende sus intereses, pero no se trata solamente de este tipo de camiones, sino de todos aquellos que circulan con sobrecarga, con choferes cansados por las largas jornadas de trabajo y las centenas de kilómetros que deben recorrer para llegar a tiempo. En ese sentido, deberían contratar también dos operadores, como lo hacen empresas de transporte de pasajeros como Ómnibus de México, y minimizar los riesgos por errores humanos.
En los últimos años se están saturando las carreteras del país para movilizar la producción industrial y ante ello es una urgente necesidad lograr la regulación del transporte, aunque eso signifique sacrificar la ganancia, porque debería ser más importante preservar la vida de sus propios operadores y de terceros.
Uno de los casos más escandalosos fue el ocurrido el 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa que transportaba gas licuado de petróleo perdió el control al incorporarse a una curva del Puente de la Concordia de la capital mexicana, con saldo de 32 personas fallecidas, 63 lesionadas, ocho personas expuestas con secuelas psicológicas y 42 familias y negocios con daños materiales, para un total de 144 víctimas directas e indirectas.
Pero los zacatecanos tenemos la llamada “autopista de la muerte”, vialidad que conecta Zacatecas con Aguascalientes, donde frecuentemente se dan accidentes y donde se combinan todos los factores de riesgo que dejan pérdidas humanas y daños materiales cuantiosos, como el sucedido el día 6 de febrero de 2025, cuando una carambola de cinco tráileres se incendiaron: dos personas perdieron la vida y tres más resultaron lesionadas; pero este es sólo uno de tantos casos que pasan en este tramo lleno de baches y hundimientos.
El otro caso que se debe mencionar es sacar las vías del tren de las ciudades, entre ellas de Guadalupe y Zacatecas, donde también se han registrado descarrilamientos, pero no se procede en esta demanda, debido a que la inversión es muy costosa y lenta. Mientras tanto, los avecindados a las orillas de las vías duermen en sus casas acostumbrados al ruido, la vibración y al peligro constante.
Como se ve, para resolver estos problemas se necesita dinero, recurso que tienen los empresarios que no están dispuestos a gastar; ellos no quieren disminuir sus ganancias.
Por su parte, el Gobierno recorta el presupuesto para infraestructura y nos conforma con la entrega de apoyos monetarios que ayudan a los abuelos, a madres solteras y a estudiantes; lo demás puede esperar: así ha sido en los siete años de la transformación y no piensan cambiar su política electorera.
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