Para este 2026, sin duda alguna, la situación económica es tan sólo una de las aristas de esta realidad que más preocupa a la clase trabajadora.
El alza a la canasta básica; el aumento en los impuestos; la falta de cobertura por parte del Estado en servicios de calidad como salud, educación y seguridad; la falta de empleo y salario digno para todos, son parte del viacrucis diario de los trabajadores.
Existe una constante y creciente precarización del trabajo en nuestro país, donde dos de cada tres mexicanos no pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación y otros gastos esenciales, no alimentarios, como el transporte y vestido.
Todo ello, a pesar de los discursos oficiales del Gobierno, en manos de Morena, que nos pretende hacer creer que la solución a la pobreza es el aumento al salario mínimo general. Veamos.
De acuerdo con el análisis (noviembre 2025) de la organización “México ¿cómo vamos?”, al cierre de septiembre, el 34.3 % de la población presentaba pobreza laboral, lo que se refleja en que, a pesar de recibir un ingreso económico por su trabajo, este no le permitió comprar una canasta básica.
En números redondos, alrededor de 45 millones de mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral actual.
Por su parte, Inegi, en su informe de noviembre 2025, reportó que, en octubre del año pasado, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 33.9 millones de personas, es decir, 55.7 % de la población ocupada (62.5 millones). De ese 55.7 %, 18 millones de trabajadores se ubican en el “sector informal” y 15.9 millones de personas en “empleos formales” o dependencias de gobierno, trabajando por “honorarios”.
Estos datos revelan que existe una constante y creciente precarización del trabajo en nuestro país, donde dos de cada tres mexicanos no pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación y otros gastos esenciales (no alimentarios) como el transporte y vestido, lo que también se materializa como la acumulación de ganancias por parte de los patrones al ahorrar en pagos de impuestos y cuotas por la afiliación de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social y obtener servicios médicos familiares, jubilaciones, pensiones, maternidad, servicios funerarios y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, además de carecer de garantías de permanencia, por mencionar algunos.
El aumento al salario mínimo general beneficiará a una ínfima parte de la clase trabajadora (en empleo formal): sólo 8.5 millones de trabajadores.
Además, continúa siendo insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias de una familia, que en promedio está integrada por cuatro personas. Tampoco representa mejoras para los trabajadores contratados individualmente ni para la mayoría que labora conforme a un contrato colectivo, que son alrededor de 28.6 millones de trabajadores “formales”, actualmente.
Es decir, Morena trata de echarnos humo en los ojos con ese aumento al salario mínimo general, puesto que el monto es fijo para todo el año, pero el costo de la canasta básica no: va aumentando conforme se incrementa el precio de los productos que la integran, sin mencionar las otras necesidades familiares.
Por tanto, una solución para verdaderamente dar la lucha contra la pobreza en México es asegurar empleos para toda aquella persona que está en edad de trabajar, o también llamada población económicamente activa y, segundo, que estos garanticen salarios bien remunerados que permitan a la clase trabajadora tener una vida digna, sin necesidad de andar mendigando migajas a través de programas de asistencia social.
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