Tal como lo dije en un trabajo anterior, en Colima, la nota principal que están encabezando todos los diarios locales, es el tema de la posible denuncia penal en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno, el ex secretario de gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, la ex tesorera Isabel ávalos y dos ex funcionarios más. Nos levantamos y nos dormimos con esta información en todos los medios, todo mundo con posibilidad de hacerlo, en la política y los medios, con pluma, micrófono o espacio en la televisión, opina como todo un experto; ya no digamos en las redes sociales; es como si alguien, con poder suficiente para hacerlo, quisiera atiborrarnos el cerebro hasta el hartazgo, buscando que pensemos en eso y sólo en eso.
Hoy la nota fue la siguiente: "Presentará Congreso denuncia penal contra Mario [MAM], mañana", "Podrían configurarse delitos de peculado, coalición de funcionarios, falsedad de declaración, entre otros, Martha Sosa [diputada panista] afirma que no hay intención de proteger al ex mandatario" (Diario de Colima, domingo 19 de junio de 2016). Por lo que sabemos de los medios, el OSAFIG propuso al Congreso, la inhabilitación del ex gobernador, para ocupar puestos públicos por un periodo de 14 años, así como una sanción económica por 707 millones 066 mil 097 pesos; igual sanción económica para el ex secretario de general de gobierno y la ex secretaria de finanzas, así como la inhabilitación por seis y 12 años respectivamente; para el resto de los ex funcionarios: la ex directora general de ingresos y el ex director de presupuesto, la sanción es de 638 millones de pesos a cada uno e inhabilitación por diez años. Finalmente, 12.5 millones de sanción económica y la inhabilitación por seis años al ex coordinador general de egresos.
Es decir, según la sanción económica de que se habla, lo que supuestamente reclamará el Congreso, es una suma total de 3,409 millones 698 mil 291 pesos; ¿En serio?
Pero, según lo declarado hasta ahora, en esta sanción están de acuerdo los principales sectores políticos y económicos del estado; ya se pronunció el Gobernador, los líderes de los partidos políticos, el presidente de la COPARMEX, etcétera, con una unanimidad asombrosa en su reclamo, que hasta parece una acción orquestada. Veremos ahora qué responde a todo esto el ex gobernador y sus ex funcionarios, porque, a diferencia de muchos, yo no creo que se vayan a quedar con los brazos cruzados a esperar el castigo.
Como representante de una organización que agrupa a miles de colimenses y porque siento la responsabilidad de orientarlos, quiero emitir algunas opiniones en todo este caso, que nos pueden ayudar a entender cuál es el papel que debe jugar el ciudadano común, el pueblo trabajador y sus familias, en todo este difundido conflicto.
Primero: ¿Por qué no detectó a tiempo, el OSAFIG y el Congreso, estas irregularidades que ahora denuncia acerca de la administración de Mario Anguiano? Según se puede ver en el presupuesto de egresos del año 2016, el Poder Legislativo, es decir, el Congreso, se autorizó un presupuesto de 102 mil millones 208 mil 007 pesos y al OSAFIG, le asignaron 37 millones 894 mil 221 pesos (PEEC-2016, decreto 67, art. 9 y 10, p.13), supongo, que por lo menos algo similar recibieron el año pasado; es decir, los colimenses les dimos suficiente dinero para que actuaran con suficiente celeridad, premura y responsabilidad para detener a tiempo esto, de lo que ahora quieren hacer un escándalo histórico, como ellos mismo declaran.
Pero además, ¿cómo está eso de que los engañó el ex secretario de gobierno, presentando documentos falsos para conseguir la autorización de un crédito a largo plazo por 1,728 millones de pesos? (Angelguardian.mx, 16 de junio de 2016). Sorprendente, porque al aceptar esto, la legislatura anterior estaría reconociendo que firmó, con este acto, un certificado pero de ineptitud. Dado que todos los colimenses pagamos nuestros impuestos, los señores deberían, por lo menos, fijarse más en lo que declaran.
En segundo lugar, están los partidos políticos que hasta ahora vienen "nadando de muertito", -como dice el pueblo-, en este escándalo: A los diputados del Congreso, se supone que los debería coordinar políticamente el partido que los propuso, aunque ya sé que luego no es así, pero fueron ellos (los partidos), quienes nos los presentaron como los mejores y más idóneos para representarnos en el Congreso, fueron ellos quienes ponderaron sus virtudes, su inteligencia y su honradez, para que los beneficiáramos con el voto. Deberían ver como un acto de mucho cinismo, venir ahora a quejarse de lo que no hicieron bien sus representantes de la Legislatura pasada. También se sabe, que en el presente año, el Congreso actual les asignó a todos los partidos un presupuesto de 25 millones 303 mil 635 pesos (ibíd., Art. 12, p. 17) y, dado que el año que pasó fue de elecciones, ya podemos imaginar de cuánto fue el monto que se gastaron.
¿Porqué vienen a quejarse hasta ahora de este escándalo?, yo puedo aceptar que los diputados de la actual Legislatura y quienes dirigen el OSAFIG no estaban aún en la administración pasada, pero, ¿y los partidos?, ¿también los "chamaquearon" como se dice de la anterior Legislatura?
Finalmente, los colimenses deberíamos ver, si realmente, es este escándalo, el problema más grave al que debemos dedicar toda nuestra atención. Yo pregunto, ¿en verdad, el Congreso y el Gobierno, van a hacer que los ex funcionarios paguen la sanción económica de más de 3,409 millones de pesos?, y si los pagan, el nuevo Gobierno, los partidos, los empresarios, el Congreso y el OSAFIG, ¿van a resarcir todo el daño que generó en los colimenses, como ellos lo llaman "el anguianismo"?, ¿van a darle el empleo al que lo perdió y le van a aumentar el salario al que se lo robaron?, ¿van a generar los empleos que no se crearon y a combatir la inseguridad que nos tiene aterrorizados?, ¿va construirse la obra pública que no se hizo?, ¿se les va a pagar a tiempo las pensiones a los adultos mayores? lo pregunto, porque hay casos verdaderamente trágicos, como el caso del maestro de EMSAD, Raymundo Mendoza Solís, salvajemente atropellado y muerto por un tráiler cuando venía de cumplir su función; hoy su familia está en el desamparo. Sinceramente yo creo que esto no será así; si queremos que estos escándalos de desvío de recursos y otros, no se vuelvan a presentar, el pueblo trabajador y su familia tienen que intervenir; si no queremos más corrupción en la conducción de la política estatal, es precisamente el pueblo pobre el que la tiene que dirigir; sólo el pueblo trabajador es honesto y puede hacer que los funcionarios y políticos cumplan, o se vayan. No hay de otra.
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