Ya reiteradamente me he ocupado de las responsabilidades que obligan a los municipios a cumplir con las tareas que tienen que ver con los servicios públicos. He señalado que, ciertamente, la disminución de recursos de la federación y su centralización ha implicado el recorte a los programas y los coloca en condiciones de pagadores de nómina; e, incluso, en un afán de control excesivo, se tiende a provocar subejercicios con el objetivo de que regresen los recursos al erario nacional y así disponer de ellos sin la camisa de fuerza que implica el presupuesto de egresos aprobado por los parlamentarios.
Los ayuntamientos tienen facultades que, de hacerlas efectivas, beneficiarían a su población dándoles legalidad y urbanización progresiva, abriendo la posibilidad de que Hacienda municipal reciba ingresos.
A pesar de la veracidad de lo anterior, que se agrava con la impericia de los nuevos funcionarios, lo cierto es que hay acciones dentro de sus atribuciones constitucionales que se podrían cumplir sin ninguna dificultad; e incluso algunas podrían encauzarse correctamente y ello redundaría en el incremento de ingresos a través del pago de impuestos. A mi juicio, son dos rubros significativos que, de atenderlos con verdadera intención, redundarían en el bienestar social de los ciudadanos. Veamos.
Primero. El artículo 115 de nuestra Carta Magna versa sobre las obligaciones en materia de servicios de los ayuntamientos; me permito compartir un extracto: “Los municipios son responsables de servicios públicos clave como el agua, drenaje, limpia, alumbrado y mercados, y deben tener un régimen basado en la ley para administrar su patrimonio y ejercer funciones públicas”.
Lo anterior fundamenta que las obras de infraestructura básica como alcantarillado o drenaje, las obras de energía eléctrica, el bacheo o los problemas del comercio son facultad y obligación de la autoridad local atender, y cualquier municipio, incluso los más pequeños, puede realizar esta labor. Muchos de ellos tienen equipo mínimo para balizar, reparar luminarias o arreglar calles.
¿Cuál es la causa de la cerrazón? ¿Por qué, entonces, hasta para arreglar una lámpara se maltrata a los peticionarios? ¿Acaso habrá soberbia, rechazo al pueblo por parte de los ungidos funcionarios?
Pero hay más. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la regularización de colonias —un trámite que les da certeza sobre su patrimonio a las familias y, además, les permite recabar impuesto predial para contar con recurso—, aquí también conviene referirse al 115:
“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles”.
De lo leído anteriormente se derivan dos cuestiones trascendentales. Los ayuntamientos tienen facultades que, de hacerlas efectivas, beneficiarían a su población dándoles legalidad y urbanización progresiva y abriendo la posibilidad de recibir ingresos a la hacienda municipal.
A pesar de existir esas premisas —es decir, atribuciones legales y fuente de recursos—, lo cierto es que en la práctica acontece lo contrario. Doy dos ejemplos que, creo, resultan ilustrativos:
Primero. Valparaíso, gobernado por la licenciada Guadalupe Ortiz Robles, emanada de Morena, donde sus subalternos —o, ¿serán indicaciones de la alcaldesa?— dan cátedra de demagogia, desdén, prepotencia y desatención. A pocos meses de asumida la administración, mis compañeros acudieron a exponer demandas de orden social que tienen que ver con servicios básicos y, sobre todo, regularización de colonias; sorpresivamente los recibió la presidenta, quien manifestó disposición a resolver.
Los meses han pasado y nada, sólo evasivas reiteradas. Pero hay más. El pasado miércoles 20 agendamos una cita con funcionarios estatales y por la mañana notificaron a mis compañeros que a la presidenta la había llamado el gobernador; por eso fuimos atendidos por el síndico y otros funcionarios de primer nivel, que se comprometieron a acudir al otro día a una reunión en gobierno del estado, pero nadie llegó y se reprogramó para la siguiente semana.
Una vez más, el gobernador llamó a la licenciada Ortiz y nos propusieron que llegaría al encuentro en Zacatecas, pero eso no sucedió. No sólo no hay soluciones, sino que, como si se tratara de infantes, nos quieren engañar con supuestas reuniones.
Segundo. En Pánuco gobierna por tercera ocasión Juan Rodríguez Valdez, emanado del PRI. Desde el trienio anterior sólo tuvo a bien recibir a la dirigencia Antorchista para reclamar “indisciplinas” a su proyecto; ya en este período gubernamental prometió que atendería algunas peticiones. El tiempo ha pasado y, a la fecha, nada: ni un vaso de agua para sus gobernados organizados en el antorchismo.
Hay otros casos de los que me ocuparé en otro momento, pero Valparaíso y Pánuco son un botón de muestra y, contestando la pregunta inicial, si consideramos que existen las atribuciones legales e, incluso, se favorecería al municipio, ¿qué revela la falta de respuestas?
Con su actitud, ambos ediles demuestran que hay desdén a los ciudadanos organizados; se ve claramente la soberbia y el menosprecio al pueblo, pues la cerrazón no es acto propio de un partido o gobernante con cierta ideología y, por eso, se comportan igual un priista y una morenista. Sus conductas son atribuibles a todo aquel que asume responsabilidades públicas y no entiende que estas son transitorias y, por ende, debe tensar sus capacidades para atender a la ciudadanía.
¿Qué hacer ante tal actitud? ¿Desistir, abandonar el derecho ciudadano? Nada de eso: sólo el camino de la lucha llevará a la solución de las demandas o, en su defecto, va a desenmascarar a los enemigos del pueblo. Esa es la tarea de hoy, no hay de otra.
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