• La falta de infraestructura estatal en SLP frena el avance colectivo y exige inmediata movilización comunitaria
Si sales a dar una vuelta por tu colonia o tu pueblo, seguro lo ves a diario: los caminos están abandonados, las calles llenas de baches o de plano siguen siendo de tierra; cuando no falla el drenaje, falta la luz en las esquinas.
En las escuelas de nuestros hijos cada vez piden más "cuotas voluntarias" para arreglar lo más básico, y en el centro de salud o en el hospital falta espacio, faltan medicinas y faltan camas. Ya ni hablemos de tener un bonito parque, un teatro o un auditorio para la comunidad; los pocos espacios que tenemos se están cayendo a pedazos.
Esto no pasa por casualidad ni porque "se acabó el dinero". Pasa porque en el presupuesto del gobierno se le ha quitado prioridad a la obra pública. Para los que salimos a trabajar todos los días, el dinero que el gobierno gasta en escuelas, hospitales, agua potable y carreteras no es nomás una cifra: es la única forma de saber si las autoridades cumplen lo que prometen o si sólo nos visitaron en campaña para sacarse la foto.
Aquí en San Luis Potosí —lo mismo en la Zona Industrial, en el Altiplano, en la Zona Media o en la Huasteca— todos sabemos la verdad: por más que digan que el salario subió, la comida y las cosas de la vida diaria están carísimas y el dinero nomás no alcanza.
Por eso la gente trabajadora del campo y de la ciudad dependemos tanto de los servicios públicos. Si la escuela es gratuita, si la clínica atiende bien y si la calle está bien iluminada, la vida se vuelve un poquito menos pesada para las familias.
Los expertos en economía lo han dicho muchas veces: para sacar a un pueblo adelante no basta con discursos, se necesitan dos cosas claras: trabajos con buen sueldo y obras públicas de calidad.
Cuando el gobierno no pavimenta una calle, cuando no pone la red de agua o cuando deja abandonado el centro de salud, ese gasto termina saliendo de nuestro propio bolsillo o se convierte en un problema que no nos deja progresar. Si el hospital del gobierno no tiene medicinas, la gente tiene que endeudarse para comprarlas por fuera. Eso es injusto.
Lo más triste es que no sólo faltan obras nuevas; las que ya existen se están echando a perder. Hay escuelas con techos agrietados, baños inservibles y sin internet.
En la salud, el gasto que hace el Estado se queda muy por debajo de lo que recomiendan los organismos internacionales. Mientras la norma dice que se debería invertir al menos el 6 % de lo que produce el país en salud, aquí no se llega ni a la mitad. Y las consecuencias las pagamos nosotros haciendo filas desde las 5 de la mañana para ver si alcanzamos consulta.
Lamentablemente, cuando se reduce el gasto en lo público, los únicos que salen ganando son los grandes negocios privados. Si la escuela pública está abandonada o el hospital no sirve, nos obligan a buscar opciones privadas que sólo unos cuantos pueden pagar.
Cuando el gobierno no pavimenta una calle, cuando no pone la red de agua o cuando deja abandonado el centro de salud, el gasto termina saliendo de nuestro propio bolsillo y se convierte en un problema que no nos deja progresar.
A la gente de trabajo nos buscan mucho cuando hay elecciones, pero a la hora de repartir el presupuesto, las prioridades suelen ser otras.
Sin embargo, los trabajadores somos la fuerza de San Luis Potosí y de todo el país. Somos los que trabajamos en las fábricas, los que sembramos el campo, los que atendemos los comercios y construimos las ciudades. Sin nuestro esfuerzo no se mueve nada.
Para cambiar esta situación y lograr que el dinero de los impuestos regrese a nuestras colonias y pueblos en forma de obras reales, necesitamos dar dos pasos importantes: organizarnos en el barrio y en el pueblo con el Movimiento Antorchista de San Luis Potosí.
Debemos platicar entre vecinos, ponernos de acuerdo y exigir juntos las obras básicas que nos faltan: pavimentación, alumbrado, agua, escuelas dignas y clínicas bien equipadas.
Tenemos que tomar conciencia de nuestra fuerza: comprender que, si los trabajadores producimos la riqueza, también tenemos todo el derecho de opinar y decidir cómo se gasta el dinero del país.
En este camino, enfrentaremos obstáculos, y uno de los principales es el manejo político de los programas sociales asistenciales. Muchos gobiernos los entregan con la intención de apagar la movilización y disolver la protesta social, rechazando el diálogo con la comunidad organizada y condicionando la atención a que cada quien vaya por su cuenta.
Saben muy bien que al ciudadano solitario es mucho más fácil manipularlo, entretenerlo o dejarlo sin respuesta. Nadie dice que la gente deba rechazar los apoyos económicos que por derecho le pertenecen, pero debemos tener la claridad de no caer en el engaño: la ayuda asistencial alivia el día a día, pero es una ilusión pensar que resuelve los problemas de fondo de nuestras comunidades y colonias.
Sabiendo esto, la tarea urgente es no dejarnos aislar. Si aceptamos el trato individual como única respuesta, las escuelas, clínicas, pavimentaciones y redes de agua seguirán quedando en el olvido, pues las autoridades prefieren repartir soluciones a cuentagotas antes que levantar las obras que de verdad nos sacan del rezago.
Al final, este abandono nos enseña una verdad muy sencilla: si esperamos a que los gobiernos de siempre cambien por pura buena voluntad, nos vamos a quedar esperando para siempre.
Por eso, el camino no es sólo exigir las obras codo a codo en la calle, sino ir construyendo la conciencia y la unidad para que la conducción del Estado pase, tarde o temprano, a manos de la clase trabajadora.
La verdadera garantía de transformación no está en hacer fila a solas en una ventanilla, sino en la fuerza de la comunidad que hoy lucha por sus obras y mañana, para gobernar.
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