En los 5 años que lleva la administración estatal, en SIDUR se nos ha repetido hasta el cansancio cada año, el mismo cuento: no hay dinero para obra pública en las zonas populares. Por lo tanto, nuestras manifestaciones y denuncias que hemos iniciado son actos obligados para exigir, como último recurso, nuestro derecho a los servicios públicos. Hemos tenido muchas reuniones sin soluciones concretas en las oficinas de infraestructura, por lo tanto, no se nos podrá tachar de impacientes, desesperados o radicales, al contrario, por nuestra parte siempre ha habido muestras de espera y paciencia.
De una u otra forma el pueblo se tiene que hacer ver y escuchar. Mientras las comunidades sigan careciendo de agua potable, drenaje, pavimentación y otros servicios básicos, nosotros seguiremos encabezando la organización, la gestión y lucha a cada colonia. No se puede decir “primero los pobres” y por otra parte guardar en un archivero sus demandas más sentidas o cerrar la puerta cuando el pueblo va a buscar por soluciones a los funcionarios en sus oficinas. Nuestras necesidades no son absurdos sin sustento, ni una petición que se nos haya ocurrido de un día para otro, sino que, por derecho como organización, como cualquier otro sonorense, hicimos llegar nuestra lista de peticiones de obra pública y servicios básicos en tiempo y forma, tal como lo hemos hecho siempre.
Solo la organización y la lucha colectiva pueden lograr que el gobierno garantice obras y servicios básicos, porque vivir dignamente es un derecho, no un privilegio.
El gasto público en el estado en el año 2026 asciende a 92 mil 571 millones de pesos, un incremento del 3.8% respecto al año anterior. En obra pública se está invirtiendo 3 mil 943 millones de pesos para 452 obras en los 72 municipios del estado. Contemplando la carretera Hermosillo–Bahía de Kino, con 60 kilómetros, con un costo de 500 millones de pesos; la rehabilitación del bosque urbano La Sauceda, con una inversión de 200 millones, así como un parque estatal; un corredor cultural; proyectos educativos; construcción de aulas; mejoras en instituciones públicas; perforación de pozos; parques e infraestructura eléctrica. Con estos datos se evidencia el insuficiente recurso que se le asigna año con año a la obra pública. Esta situación provoca mayor desigualdad, rezago y deterioro en todos los municipios, situación que padecemos todos, que no es ajena a nuestra vida diaria y por lo tanto no podemos quedarnos callados, ni por interés ni complicidad. La realidad nos exige alzar la voz.
Compañeros de los diferentes municipios, no estamos pidiendo lujos a la Secretaría de Infraestructura, ni obras incosteables, lo que pedimos desde hace años es lo mínimo que se necesita para tener una vida digna: los antorchistas de Nogales solicitan pavimentos de calles y red de agua potables; en Pitiquito requieren de red de drenaje; los de Carbó pavimentación de calles; en Hermosillo, pavimento de caminos y electrificaciones en la costa, red de drenaje, pavimentos, foro cultural al aire libre y parque de usos múltiples en el norponiente; pavimentaciones y drenajes en las colonias del oriente; pavimentos y drenajes en el sur; en Guaymas se necesitan pavimentaciones y en Huatabampo, Etchojoa y Navojoa pavimentación de caminos y calles ya que muchos están intransitables por baches o falta de pavimentación. Miles de familias viven sin acceso a los servicios más elementales para una vida digna, la infraestructura básica no puede continuar siendo negada a quienes con su trabajo diario mantienen de pie a este estado. No podemos seguir esperando, agachando la cabeza y vivir resignados en el rezago, ha llegado el momento de exigirle al estado que cumpla con sus obligaciones: brindarles a sus ciudadanos obras y servicios básicos. Los ciudadanos que viven en las colonias populares o comunidades no pueden seguir aceptando una humillante desigualdad en cuanto a los servicios, se necesita muy seriamente aumentar y distribuir más equitativamente los recursos en obra pública se refiere. Nos dirigimos al señor secretario de gobierno Lic. Adolfo Salazar Razo para pedir su oportuna y valiosa intervención, como encargado de la gobernabilidad en la entidad.
La única salida que nos ha dejado la secretaria de esta dependencia, Ing. Alejandra Castro Valencia, son las manifestaciones y denuncia pública en todos los municipios, en cada calle y hogar, donde falta un servicio público, para decirle a la opinión pública el motivo plenamente justificado de nuestra lucha. Por ello estaremos convocando a cada uno de ustedes para alzar la voz en todas las manifestaciones, vallas humanas, difusiones en casetas, denuncias en cruceros y edificios públicos, así como en las garitas internacionales, hasta encontrar una solución. Cuando los funcionarios encargados de las dependencias gubernamentales no atienden las necesidades de sus gobernados, deben ser evidenciados por insensibles e incapaces, así que hacemos un llamado fraterno, de unidad, solidaridad y de luchar como un solo hombre, como siempre hemos luchado. Solo la organización y la lucha colectiva pueden arrancar al poder gubernamental mejores condiciones de vida. Solo un pueblo consciente y unido puede transformar su realidad y construir una sociedad más justa y distributiva. Porque vivir dignamente no debe ser un privilegio, sino un pleno derecho en los hechos y no solo en los discursos.
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