• El sistema capitalista y la especulación alejan a la clase trabajadora de su derecho a tener un hogar digno
Todos necesitamos un techo para poder descansar llegada la noche, donde resguardar nuestros muebles y construir una vida. En nuestro país, el derecho a la vivienda se constitucionalizó el 7 de febrero de 1983, bajo la máxima "Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa".
En la Constitución Política del Estado de Jalisco, este derecho se integró catorce años después, el 22 de febrero de 1997. Sin embargo, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con más de cinco millones 200 mil habitantes, ese derecho básico se ha vuelto inalcanzable para la mayoría.
Datos del Inegi señalan que el 55 % de los hogares reside en una vivienda propia, mientras que el 45 % en casas alquiladas, prestadas o en condiciones de inseguridad jurídica. Incluso ese porcentaje de la población que figura como propietario es engañoso.
Gran parte de esas viviendas se ubicaron en las periferias del AMG, en municipios como Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán o Tonalá, en zonas de riesgo y sin servicios elementales de agua potable, drenaje, electricidad y transporte público.
Para un trabajador con salario mínimo, mantener una vivienda ahí fue insostenible, el costo y tiempo en el transporte diario superaban el pago mensual de los créditos hipotecarios del Infonavit. Ante esto, la única opción fue dejar esas casas, acumulando hasta hoy más de 170 mil viviendas abandonadas.
De acuerdo con los académicos de la UDEG, este modelo inmobiliario empuja a las familias a destinar entre el 30 y el 50 % de sus sueldos a cubrir renta y servicios básicos, una carga que resulta insostenible frente al estancamiento de los salarios.
Esta crisis no es casual. La tierra y el desarrollo urbano en el AMG están concentrados a consorcios inmobiliarios, desde las grandes constructoras como Homex, Casas Geo y Urbi, hasta los desarrolladores de la verticalización actual como Tierra y Armonía o Grupo DMI.
Estos últimos son financiados por gobiernos municipales que aprueban planes urbanos a la medida de la especulación. Mientras estos grupos convierten barrios y colonias en torres inalcanzables o alojamientos de renta corta, la clase trabajadora es desplazada a las periferias sin servicios elementales.
Los gobernantes, del color que sean, promueven promesas de campaña que olvidan en cuanto llegan al poder, omitiendo políticas reales que garanticen el derecho constitucional a la vivienda.
Es doloroso el hecho de que millones de personas no tengan acceso a una vivienda adecuada, no sólo en Guadalajara, sino en todo el país. Datos del Inegi y del Coneval señalan que en México más de ocho millones 500 mil viviendas presentan rezago habitacional.
Esto afecta a más de 30 millones de personas que habitan en espacios hacinados, con materiales precarios o sin servicios básicos. Cabe preguntarse: ¿cuáles son las causas de esta situación?
Los gobernantes, del color que sean, promueven promesas de campaña que olvidan en cuanto llegan al poder, omitiendo políticas reales que garanticen el derecho constitucional a la vivienda. ¿Será esta una dolencia eterna para los trabajadores?
La respuesta es no. Estimado lector, el problema fundamental radica en el modelo económico actual, el sistema capitalista. La forma en que se produce y distribuye la riqueza en la sociedad prioriza la obtención de la máxima ganancia por encima de las necesidades básicas.
Por ello, lo que debemos exigir es un cambio de la estructura fundamental de la sociedad. Cambiar el modelo económico, pero para ello la clase trabajadora tiene que unirse, organizarse y estudiar.
Porque los defensores del sistema económico actual suelen argumentar que esta situación es normal, y que si las personas no prosperan es por culpa de ellas mismas. Así cargan las responsabilidades sobre el individuo y ocultan una estructura social diseñada para generar exclusión y pobreza.
Es verdad, es un hecho que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de tomar las medidas necesarias para proteger a la clase trabajadora; sin embargo, en los hechos ha existido una complicidad entre el poder político y el capital para mantener este esquema de despojo.
Pero no sólo en este problema de la vivienda, sino en muchos otros aspectos de la vida cotidiana y laboral de la clase trabajadora.
Por ello la solución está en sus manos: con su unión y fuerza podrá exigir y mejorar su condición inmediata, pero el objetivo final debe ser la transformación de fondo, la toma del poder político, pues es ahí donde verdaderamente se toman las decisiones importantes.
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