El problema más grave que asedia y lastima a la sociedad mexicana es la profunda desigualdad social en la que vive la población actual: somos el segundo país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, integrada por 38 países.
Cuando los gobernantes llegan al poder, se convierten en parte de un sistema económico burgués que administra sus intereses de clase; así, terminan corrompiéndose.
Más de 60 millones de mexicanos sufren algún tipo de pobreza: bajo ingreso salarial, rezago educativo, carencia de servicios de salud, falta de seguridad social, mala calidad y espacios en la vivienda, ausencia de servicios básicos, pésima alimentación y crisis en la cohesión social; problemas que se arrastran desde hace 100 años y que hasta hoy siguen carcomiendo a los más desposeídos.
Ahí están, todos los días y en varias partes de México, las víctimas exigiendo solución: los productores del campo, los ganaderos, los trabajadores de la educación y la salud, los empleados del Servicio de Administración Tributaria, las madres buscadoras que piden justicia, las víctimas de los desastres naturales que esperan ayuda, etcétera, mientras el Estado no da soluciones de raíz.
La causa principal de todos estos problemas es el desigual e injusto reparto de la riqueza nacional: una minoría vive en un paraíso terrenal con opulenta riqueza obtenida mediante el robo y el saqueo; en la otra cuadra, una inmensa mayoría de asalariados pide solución a sus problemas básicos. Así de desigual es México.
El sistema económico capitalista predominante es eficiente para producir bienes y servicios que se ofertan en el mercado, actividad diaria que realizan más de 60 millones de mexicanos de la Población Económicamente Activa, inmersos en el proceso de las diferentes ramas de la producción —primaria, secundaria o terciaria—, todos ellos generadores del Producto Interno Bruto.
En 2024 nos ubicamos a nivel mundial en la decimotercera posición, con 1 billón 850 mil millones de dólares. Todas estas montañas de riqueza las producen los mexicanos, mismos que no pueden disfrutarla porque se convierte en propiedad privada y a ellos solo les toca una pequeña parte de esa riqueza que se les paga en salarios.
La economía de un país se mueve por la inmensa fuerza colectiva de los trabajadores: ellos son la energía que mueve el motor de la productividad.
El sistema económico que se instauró tras la posrevolución mexicana fue el capitalismo. Durante décadas se escuchan en las campañas electorales los discursos de candidatos que prometen: “Llegó la hora del pueblo; sus problemas serán escuchados, atendidos y resueltos”.
Al final de las administraciones, todo queda en el discurso. Cuando los gobernantes llegan al poder, se convierten en parte de un sistema económico burgués que administra sus intereses de clase; así, terminan corrompiéndose, perdiendo el piso, llenos de soberbia, abandonan los intereses que prometieron defender y se convierten en títeres del sistema económico dominante.
Los actuales gobiernos, con todos sus funcionarios, forman parte de un gran monstruo económico con grandes tentáculos llamado capitalismo: lo acepten o no, por ignorancia o interés no logran ver el todo del fenómeno, solo ven una parte; eso les impide reconocer objetivamente las consecuencias derivadas de una causa profunda que es el sistema económico.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 propone recaudar recursos públicos insuficientes y endeudar al país para medio cubrir el gasto social y destinar fondos a programas sociales de transferencia directa.
Eso no es repartir la riqueza: es una forma errónea de administrar un país e implementar acciones de control económico-político hacia un sector importante de la población que nunca los sacará de pobres.
Los antorchistas proponemos cuatro ejes para resolver el problema de la pobreza, generadora de todos los males: que pague más impuestos quien más tiene; pagar mejores salarios; invertir en servicios públicos básicos, y una política fiscal progresiva. Sostenemos que los programas de transferencia monetaria directa son necesarios y, hasta cierto punto, inevitables como medida gubernamental temporal, pero no son el conjuro milagroso que reducirá la gran brecha de la desigualdad social y acabará con la pobreza, aunque los discursos digan que en México se redujo en 13 millones 500 mil el número de pobres.
Basta de que siempre paguen los platos rotos los trabajadores: cuando piden a sus gobernantes atención y solución a sus problemas, nunca hay dinero público para resolverles; siempre han sido los últimos en recibir algún apoyo, a cuentagotas y en mínimas cantidades.
Como evidencia irrefutable está el actuar negligente, lento, burocrático e insuficiente del gobierno federal, estatal y local ante el desastre natural en la región de la Huasteca. Nuestra mayor solidaridad a los más humildes y afectados; ojalá hagan conciencia y luchen unidos para sacar de la desigualdad, el rezago y la pobreza en que se encuentra esa región del país.
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