Hace cinco días, el presidente la República, Andrés Manuel López Obrador, en visita al municipio de Huetamo, Michoacán, anunció la federalización de la nómina educativa en dicho estado; esto se traduce, sucintamente, en que, bajo petición del gobernador, Silvano Aureoles, los pagos a maestros, cuyo recurso estaba en manos del estado ahora recaerá sobre los recursos que dispone el Gobierno Federal, liberando, así, en palabras del Presidente, recurso para que el estado pueda ejercerlo en el mejoramiento de caminos y carreteras, a la vez que fortalece las condiciones laborales de los docentes, pues ahora contarán con un sueldo disponible en tiempo y forma.
Michoacán lleva varios años padeciendo la falta de "disposición de recurso" para el pago de nóminas no sólo de profesores, sino de diversos gremios al servicio del estado. Por ello, pareciera no sólo ser una solución eficaz, sino que al tiempo, se muestra como un gesto de magnanimidad y progreso donde el pacto federal se respeta y cumple con sus objetivos. Más de algún profesor estatal ya habrá sentido un respiro por poder tener la oportunidad de acceder con la formalidad correspondiente a su sueldo. Todo parece marchar muy bien al fin con dicha medida que, al parecer ya han solicitado otros gobernadores y pareciera que la 4T tuvo su primer acierto en beneficio de los trabajadores, entonces, ¿por qué ocuparnos del tema? El asunto va sobre dos ejes: el de la contingencia y el de trascendencia.
Al tratar cualquier fenómeno político es imprescindible atender el factor contingente del mismo, o sea, aquel que requiere atención inmediata y cuyas medidas para su solución son próximas; el quid con dicho tratamiento reside en que si no se cavilan y localizan sus causas, fenómenos del mismo tipo continuarán aconteciendo, o sea, la raíz del problema no será erradicada y éste se presentará de formas diversas; el segundo eje que tiene que ver con la trascendencia, es la perennidad de la solución a dichos problemas o sea que, se articulen estrategias que permitan erradicar las causas de dicho fenómeno y con ello, sus manifestaciones; por dar un ejemplo, imaginemos un negocio que recurrentemente es asaltado, por supuesto que lo contingente nos exige la búsqueda, captura y castigo de los delincuentes, pero si la delincuencia no se reduce, si no se identifican y atacan sus causas, el fenómeno volverá a acontecer y, por lo tanto, la tienda volverá a ser asaltada.
Aclarado dicho punto, es necesario que, de manera sintética, abordemos el concepto político sobre el cual gira la presente reflexión: el federalismo. El federalismo es una forma de organización política cuya cualidad principal consiste en reunir a unidades diversas para que, mediante la cooperación de las mismas ante un poder superior –el federal–, éstas se fortalezcan entre sí. El federalismo mexicano, es esa unión de las 32 entidades, donde una de ellas resguarda los tres poderes que se supone, generan un sistema donde ninguno prima sobre el resto, pues la división del poder en partes trata de mantener un balance que restringe los abusos en el poder concentrado, en un solo órgano o persona. El pacto federal, donde los diversos estados de la república deciden respetar un poder general que los dirija hacia una mejor vida política, tiene, como principal cualidad teórica, la descentralización del poder; además, las partes, los estados, deben conservar, siempre, diversas facultades en su quehacer político.
Dicha relevancia teórica, cuyos ejemplos corresponden con la realidad de diversas federaciones, no se ha cumplido cabalmente en la política mexicana, principalmente porque nuestra condición particular generó un ejecutivo fuerte, donde la mayor parte del poder recae en éste, esta característica se ha transformado con cada periodo presidencial hasta ahora, que pareciera estar teniendo no sólo un retroceso en términos de pluralidad política y, en consecuencia, un debilitamiento de nuestra ya de por sí endeble democracia, sino también, a través de supuestas decisiones en favor de los ciudadanos mexicanos y en auxilio a las peticiones de los gobernadores, el ejecutivo, cuando menos en Michoacán, absorbe, una vez más, una facultad política descentralizada. El peligro de dicha decisión, el peligro de dicha "ayuda", estriba en el recrudecimiento de la concentración de poder, que, ante la falta de una clase política competente, no duda en menoscabar lo que queda de nuestra democracia y decide entregar una facultad más a un ejecutivo cuya agenda político-electoral es cuestionable y preocupante, pues pudieran estar sentándose las bases para una hegemonía de partido y la consecución de la misma, cuando menos, durante un periodo prolongado, no digamos ya, para la prolongación del mandato presidencial. Un acto aparentemente inocuo, que incluso se aprecia bueno, ¡una ayuda del gobierno federal y del magnánimo Presidente!, representa en realidad una suerte de espada de Damocles para aquellos que serán "beneficiados" con dicha decisión. Aquí, es necesario volver, para verlo claramente, sobre los dos ejes que decíamos constituyen la acción política. En lo contingente, sin duda, el "bien" se hará para los docentes michoacanos, pero, ¿cuál será el costo trascendental del mismo?, ¿cuál el costo a largo plazo? Como hemos explicado, para el federalismo, para nuestra forma de organización política, un acto de tal naturaleza representa un peligro político que debilitaría aún más nuestras recién nacidas instituciones y nuestra democracia. Morena vulnera el pacto federal esgrimiendo la "austeridad" y el ahorro, para lograrlo, proponen un modelo centralizador de las facultades y recursos, coartando a largo plazo las capacidades independientes de cada estado a través de la creación de "coordinadores estatales de los programas sociales" y ahora implementando un modelo para centralizar el pago de nómina. Si no se presta atención a estas acciones aparentemente inofensivas y hasta "buenas", si no entendemos los costos que tendrán a la postre y no comenzamos a articular acciones que mermen dichas decisiones, no nos deberá sorprender el despotismo que en algunos años pudiera desatarse. Los actos pequeños, aquellos que no son grandes noticias, acumulados pueden representar cambios y maleficios irremediables para la sociedad. Los grandes costos políticos residen en nuestra desatención y la poca articulación del panorama total. La federalización de la nómina educativa es un asunto aparentemente menor, pero vulnera el pacto federal, menoscaba las instituciones, debilita la democracia y concentra el poder. Debemos poner de relieve no la ignorancia del actual ejecutivo, que algo habrá de eso, sino la perversión del mismo, donde lo bueno, a la postre, lo beneficiará a él. El magisterio michoacano, y, en general, los ciudadanos mexicanos, tendremos que responder al llamado del mañana que hoy estamos permitiendo se fundamente; si ahora mismo no podemos poner un freno, nuestra alternativa residirá en la concentración y organización de la sociedad civil, para con ello establecer el contrapeso que, hoy por hoy, pareciera no estar presente en nuestros tres poderes. Alternativa y capacidad de prever que Antorcha Magisterial está adelantando.
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