Desde el inicio de la administración del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, su gobierno ha quedado desnudado como insuficiente para resolver los problemas más lacerantes de la sociedad mexicana, principalmente por la falta de planeación y, consecuentemente, ejecución de sus acciones –varias de ellas se hacen más por capricho que por estrategia-, tal es el ejemplo del Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, la denominada lucha contra la corrupción que ha implicado la supresión de estancias infantiles, despidos masivos en la burocracia, supresión de programas sociales y sustitución con programas que no cumplen su objetivo ni palian, "aunque sea", como lo hacían los programas anteriores. Ante esto, el verdadero perjudicado -como siempre- es el pueblo humilde y trabajador, es decir, alrededor de 85 millones de pobres, y la situación se agrava porque ahora también se ven afectada la clase media, pequeños empresarios, profesionistas, intelectuales y muchos otros.
En el caso concreto de la salud pública, si bien es cierto que en gobierno anteriores había una permanente queja por la insuficiencia de medicamentos en hospitales públicos del país, ahora, en la administración federal de Morena, se ha agudizado este problema ante los recortes presupuestarios y cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el gobierno de López Obrador. Esa es la verdad, aunque se intente justificar acusando a las empresas de sabotear al gobierno en turno para hacerlo quedar mal aún y cuando ahora la mayoría de medicamentos son adquiridos de forma directa sin licitación previa: ocho de cada diez compras realizadas por el gobierno federal se realizan por adquisición directa, pues hasta noviembre del 2019 el Ejecutivo Federal ha adjudicado de manera directa 77 por ciento de sus contratos, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En los pocos días que han corrido del mes de enero se ha dejado ver lo poco eficaz de la estrategia morenista, suprimir el Seguro Popular para implantar en Instituto de Salud para el Bienestar, pues mientras el Seguro Popular cubría salud en primer nivel (clínicas que representan el 80% de la demanda), en segundo nivel (incluye a los hospitales y cirugías generales) y tercer nivel que implican casos más complicados, además de un seguro de gastos catastróficos, ahora el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) sólo se compromete a la atención en primero y segundo nivel, puesto que el tercer nivel dependerá de que el instituto tenga medicina o espacio y cubriendo la respectiva "cuota de recuperación".
Siendo un poco más rigurosos en el análisis, el INSABI suprime la atención gratuita en el tercer nivel de cuidados médicos a los 53 millones de derechohabientes del Seguro Popular, es decir, el nivel donde se requiere del cuidado en hospitales de especialidades, de las enfermedades más caras, pues. Esto representa un grave, gravísimo problema económico para las familias.
Es decir, el servicio de salud pública al que podían acceder los estratos más humildes, principalmente, le ha sido acotado considerablemente y mientras el presidente de la república ensalza la gratuidad del INSABI, los mexicanos pasamos por alto que se trata de un derecho inalienable consagrado en la Constitución Mexicana, por tanto, lejos de hacerlo parecer como resultado de la bondadosa gracia del ejecutivo, por el cual debemos estar contentos y agradecidos, el pueblo mexicano tiene toda la obligación de exigir y poner de manifiesto su desapruebo y descontento ante tan equivoco proceder; nos aventaron de la sartén al fuego.
A esto se suma lo que podríamos llamar daño colateral: los trabajadores. En el Estado de México serán finiquitados mil 200 trabajadores; en Hidalgo alrededor de 350 trabajadores que conformaban la plantilla administrativa se quedaron sin empleo; en Tamaulipas se contabilizan 220 trabajadores que todavía esperan ser recontratados al igual que 300 personas más en el estado de Oaxaca, por mencionar algunos tan a groso modo. Así, pues, poner en marcha un sistema de salud sin una ruta planificada, consensada y avalada por gente con experiencia en el tema y sin dinero suficiente para obtener los niveles mínimamente aceptables de atención y abasto de medicamentos para los millones de personas que no tienen acceso a sistemas públicos de salud como el ISSSTE o IMSS da resultados alarmantes, pues se pone en riesgo muchas vidas.
Por ejemplo, el pasado 2 de enero –relata un medio de circulación local en Puebla- Florencio Medina Castro ingresó al Hospital del Norte por una hemorragia de tubo digestivo; requería de una endoscopía (que oscila entre los 12 mil y 15 mil pesos), sin embargo, el nuevo servicio de salud público (INSABI) ya no ofrecía esa asistencia. Al no poder cubrir el gasto para la atención oportuna, lamentablemente perdió la vida. Los familiares refirieron que el señor estuvo afiliado al Seguro Popular desde el 2015 y el pasado 13 de diciembre todavía le ofrecieron un estudio de endoscopía. Otro caso es el suscitado en el Hospital del Niño Poblano, donde padres de familia de niños con cáncer se manifestaron ante el desabasto de medicamentos, los cuales son caros y de difícil acceso para las familias.
Sin embargo, en su afán de ganar simpatía entre la población y pese a los problemas presentados, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador insiste en su vana pretensión de ofrecer un servicio médico totalmente gratuito para todos, discurso que ha chocado de frente como avión de papel contra una cascada de agua. Tan es así que la propia presidenta de la Comisión de Salud en la de Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván, también de Morena, aseguró que el Insabi no puede comprometerse a eso porque no está en su ley y porque carece de los recursos económicos necesarios para ello, puesto que el presupuesto autorizado al sector salud "no alcanza para todos, no hay presupuesto".
Las acciones poco pensadas y analizadas de López Obrador han comenzado a poner en riesgo la vida de los mexicanos. Por tanto, el pueblo mexicano debe sumarse y organizarse para exigir a las autoridades resultados concretos; le hemos tenido ya mucha paciencia a esta administración que sólo busca hacer vales sus caprichos, aunque ello implique canjear el bienestar de la sociedad. Haca falta pues, quien encabece el país con rumbo y dirección con un proyecto sobre bases científicas. El tiempo de los discursos vacuos y superfluos para ganarse la voluntad del pueblo ya quedó en el pasado. De seguir con la misma dinámica, el pueblo mismo lo debe demandar.
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