El pasado 29 de octubre se aprobó en el Senado el Paquete Económico 2026, el cual incluye los nuevos impuestos que entrarán en vigor a partir de enero del próximo año; entre ellos, los impuestos a bebidas azucaradas, tabaco, videojuegos violentos, apuestas y ventas en línea, bajo el argumento de proteger a los niños y adultos del país.
Las personas de bajos ingresos no consumen por antojo productos altamente procesados y con altas cantidades de azúcar; es más bien una forma de darle al organismo energía para hacer las labores diarias a un precio más bajo.
Respecto a las bebidas azucaradas, se le conoce como “impuesto saludable” y contempla bebidas saborizadas (refrescos y jugos industrializados): el aumento a estos productos pasará de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro; en los sueros y bebidas electrolíticas serán 3.08 pesos por litro en el caso de que no cumplan con los estándares de la OMS.
Al parecer, es la mejor opción que el gobierno encontró para “cuidar la salud de los niños y adultos de la obesidad, diabetes y de otras enfermedades”, como lo señaló el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
En este sentido, todos estamos de acuerdo en que se debe priorizar la salud de los mexicanos, pero algunos distamos en la forma en la que se presenta, porque, si en verdad ese es el objetivo, lo primero que se debería revisar es si la alimentación es la adecuada, con la cantidad de nutrientes que se requiere; si se hacen tres comidas al día y si los platos contienen frutas, verduras, proteínas y carbohidratos en las cantidades necesarias.
Esa sería una mejor estrategia, pero optan por una medida que implica menos esfuerzo y menos planeación y que afectará directamente a los bolsillos ya desgastados del pueblo.

Es de suma importancia poner primero la lupa en la seguridad alimentaria más que en la ingesta de bebidas azucaradas. La seguridad alimentaria “existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y, de acuerdo con los datos que proporcionó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México uno de cada tres hogares presentó dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias por falta de dinero.
Las personas de bajos ingresos no consumen por antojo productos altamente procesados y con altas cantidades de azúcar; es más bien una forma de darle al organismo energía para hacer las labores diarias a un precio más bajo. No es casualidad que los estados más pobres del país sean los pioneros en el consumo de refresco.
“El círculo vicioso de la pobreza y el refresco: el ‘veneno embotellado’ llega a donde el agua potable no” es la cabeza de una nota publicada por Infobae en 2020, la cual, líneas más abajo, dice: “Las bebidas saborizadas se siguen consumiendo ante la falta de agua potable, lo que pone de relieve la importancia de que los municipios provean de la infraestructura a sus comunidades”.

Sigue la lectura: “Un claro ejemplo es lo que ocurre en Chiapas. El estado enclavado en el sureste mexicano es uno de los más pobres y con mayor desigualdad del país, pero se ha convertido en el primer lugar mundial en el consumo de refrescos producidos por Femsa (…) Se estima que sus habitantes toman 2.25 litros diarios”.
Entonces, podemos deducir que el objetivo real del “impuesto saludable” no es cuidar la salud de los mexicanos; más bien, es una estrategia maquillada de preocupación para que entre más dinero al gobierno. Un análisis de México Evalúa dice que el pago promedio por persona podría llegar a los 43 mil 439 pesos, lo que representa un aumento de 4.9 % anual.
Ese dinero no será utilizado para la creación de hospitales, escuelas o carreteras; mucho menos para garantizar una buena alimentación en la población. Ese recurso se destinará, como escribió Federico Engels en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado: “Para sostener en pie la fuerza pública se necesitan contribuciones por parte de los ciudadanos del Estado: los impuestos”.
Siendo atrevidos, podríamos decir que, además de eso, también se necesita continuar con la compra de conciencias.
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