Recientemente, en un artículo magistral, el secretario general del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, plasmó importantes ideas sobre lo que ha pasado últimamente con los gobiernos populares de América Latina; México, dijo, debería sacar lecciones de lo ocurrido en Brasil, Argentina y Ecuador. En estos países, los presidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Fernández y Rafael Correa, trabajaron enérgicamente por sacar de la pobreza a millones de brasileños, argentinos y ecuatorianos, y lo lograron, pues durante sus administraciones la pobreza se redujo sensiblemente en los tres países. Fue paradójico, sin embargo, que en cuanto hubo elecciones presidenciales, la mayoría de ese pueblo al que habían ayudado votó en contra de sus partidos; eligió a los contrarios. La explicación de este interesante fenómeno es sencilla: estos presidentes habían querido estar bien con los trabajadores y con los grandes capitalistas; con Dios y con el diablo. Buscaron mejorar la vida de los pobres sin molestar los intereses de los ricos. Y cuando a los grandes empresarios les pareció que la situación se estaba volviendo peligrosa, decidieron no arriesgarse y orientaron la opinión pública para que el pueblo votara en contra de los verdaderos candidatos populares. Así, pues, la lección que debía sacar México, en concreto el presidente electo -Andrés Manuel- era simple: o se está del lado de los trabajadores o se está del lado de los grandes empresarios. No hay más.
El nuevo Presidente de la República, así como los senadores, diputados federales, diputados locales, y presidentes municipales de Morena, debe pensar muy seriamente a quién van a beneficiar los proyectos que está impulsando: si a los trabajadores, como espera la mayoría de los mexicanos, o a los grandes empresarios. Mi preocupación pudiera parecer ajena a la realidad, pero no es así. Es cierto que durante la campaña electoral pasada López Obrador asumió una posición muy clara; estaba del lado del pueblo, dijo, y en contra de la mafia del poder, como nombró a los altos políticos del PRI y del PAN y a los empresarios más poderosos del país. Fue bajo esa bandera, la de "por el bien de todos, primero los pobres", que AMLO ganó el voto popular. Pero ahora, cuando el tiempo de las promesas y los discursos encendidos deja su lugar al tiempo de hacer realidad los proyectos, la posición que está tomando el futuro presidente ya no es tan clara. Para que no se piense que lo que digo son solo disparates, daré algunos elementos.
El próximo 25 de octubre, anunció el futuro presidente, se llevará a cabo la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Sin embargo, Andrés Manuel, siguiendo el principio de la austeridad republicana, ya adelantó que, en caso de que la mayoría esté de acuerdo con la construcción del NAICM, el gobierno federal no invertirá dinero en esta mega obra, sino que dejará todo en manos de capitales privados. ¿A quién beneficiaría esto? ¿A los trabajadores o a los empresarios? La única forma en la que se verían beneficiados los trabajadores es mediante la generación de empleos donde se está construyendo el aeropuerto; nada más. Pero esta dinamización de la economía regional ocurriría independientemente de si el proyecto se financia con recursos privados o públicos, pues no sería consecuencia de la procedencia de los fondos, sino de la propia construcción de la obra. Los más beneficiados del NAICM, si se realiza como lo plantea el nuevo presidente, serán los grandes empresarios. Dejar todo el proyecto en sus manos significa entregarles un negocio jugosísimo, del que obtendrán millonarias utilidades. Si el gobierno también invirtiera en el proyecto (como originalmente estaba planteado) por lo menos una parte de las ganancias que dejará el aeropuerto, serían para el Estado mexicano. Pero no. Se dejará todo el pastel a los capitales privados: que ellos lo construyan, lo operen y lo exploten. ¿Quién se beneficiará, entonces, con el nuevo aeropuerto?
Esto que ocurre a nivel federal refleja fielmente lo que pasa en los niveles estatales y municipales. En Manzanillo, por ejemplo, uno de los principales temas de la pasada campaña fue la caseta de Cuyutlán. Todos los candidatos a la alcaldía expresaron que, en caso de que ganaran, lucharían para retirar la mencionada caseta o, al menos, para reducir la tarifa. La nueva presidenta municipal de Manzanillo, algunos diputados locales, ciertos diputados federales, e incluso el gobernador, gestionan afanosamente ante las instancias federales para lograr esta demanda. Aquí, otra vez, vale la pena preguntarnos a quién beneficiaría que la caseta se eliminara o que se redujera su tarifa. ¿A los trabajadores o a los grandes empresarios? La vida de los trabajadores de Manzanillo, y la de quienes viven en las comunidades vecinas, poco o nada cambiaría si esa caseta desapareciera. Al manzanillense de a pie le preocupan otras cosas: un trabajo bien pagado, una vivienda decorosa que sea propia, escuelas dignas donde se eduquen sus hijos, la seguridad, etc. Quitar la caseta no mejoraría la vida de los trabajadores. En cambio, quienes sí se están frotando las manos para eliminar la caseta de Cuyutlán cuanto antes son los grandes empresarios del puerto. Nadie ignora que son ellos quienes realmente utilizan el tramo de autopista que va de Manzanillo a Armería. Si se quitara la caseta, los empresarios se ahorrarían los millones de pesos que pagan para que sus contenedores entren y salgan de la ciudad; así podrían usar ese dinero para comprarse otro yate. ¿A quién beneficia, pues, el tan llevado y traído tema de la caseta?
Estos y otros temas deben meditar el nuevo Presidente de la República y la nueva presidenta de Manzanillo. Si realmente serán el gobierno popular que prometieron que serían, deben trabajar para resolver los problemas de los trabajadores y no los de los empresarios. Un trabajo estable y bien remunerado, hospitales, escuelas para sus hijos y menos inseguridad, es lo que le preocupa al mexicano de a pie. Eso es lo que se debe lograr. Necesitamos un gobierno de los trabajadores, no de los grandes empresarios. ¿De qué lado estarán las nuevas autoridades?
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