Aunque quieran cerrar los ojos a la realidad, el neoliberalismo en México y en el mundo, por su esencia rapaz de enriquecer a unos cuantos a costa de las clases trabajadoras, engendra penuria en la vivienda, y en nuestro país se presenta como un fenómeno social que ha adquirido formas agudas y crónicas para que la población no tenga un espacio digno donde vivir; vemos muchas familias que viven en cuartos hechos de láminas, lonas, hules y todo material precario, sin servicios básicos y muy distantes de sus centros de trabajo.
En nuestro país, alrededor de 15 millones de mexicanos carecen de vivienda, y cerca de 24 millones, que sí poseen, no tienen acceso al agua potable, drenaje y luz. La falta de vivienda se explica por los bajos salarios que reciben los trabajadores y por la inseguridad laboral en que vivimos, pues de cada 10 mexicanos aptos para trabajar, población económicamente activa (PEA), 6 están en el empleo informal, en ambos casos no disponen de los recursos necesarios para adquirir una vivienda digna. Por eso, los gobernantes están obligados a instrumentar políticas de vivienda que le ayuden al pueblo a alcanzar mejores niveles de vida, le asiste el derecho, pues la clase trabajadora es quien con su desgaste crea toda la riqueza social, y cuando ésta se distribuye se hace de forma muy desigual beneficiando a unos cuantos. Varios organismos y funcionarios hacen mucho alarde que México es la 14ava economía mundial, pero el gobierno de la "Cuarta Transformación" poco combate las grandes carencias de los mexicanos que hacen posible ese lugar.
Al contrario, de lo que en discurso dice la 4ªT sobre la obligación del gobierno a "promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de la población mexicana a una vivienda adecuada"; éste se ha caracterizado por imponer políticas agresivas y lacerantes contra el pueblo. En programas de vivienda, que ya eran bajos, en 2018 se etiquetaron 2,792 millones de pesos y en 2019, el gobierno morenista federal lo reduce en más de mil millones, sólo aprueban 1,726 millones a estos programas.
En Veracruz, las cosas no distan mucho de lo que hace Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. El Plan Veracruzano de Desarrollo, para el sexenio morenista que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, reconoce que hay carencia por calidad y espacios en la vivienda; que 1.6 millones de espacios habitaciones tienen carencias, por lo que más de 3.5 millones de veracruzanos, de los 8.1 de población que hay en el estado, no tienen servicios básicos en sus viviendas.
Veracruz es la 5ª economía estatal más grande del país, pero se ubica en el 24º por el valor de la riqueza por persona, el 50% de la población ocupada obtiene un salario por debajo del costo de la canasta alimentaria cuyo precio es de 1,569 pesos, lo que muestra la gran desigualdad social en que se encuentra la población veracruzana y la urgencia de políticas económicas y sociales para combatir la pobreza.
Para este 2019, el estado ejercerá un presupuesto de 104 mil 120 millones de pesos, de los cuales según la clasificación funcional que hacen para ejercer el presupuesto de egresos, a vivienda destinaron 494.3 millones de pesos y al Instituto Veracruzano de la Vivienda otros 149 millones de pesos. Pero qué vemos en el estado a más de 8 meses que inició el gobierno morenista, nula aplicación de recursos en programas de vivienda. El no querer ver la situación de pobreza que presentan los veracruzanos y tampoco aplicar políticas económicas y de vivienda que mejoren su situación, exhibe a Cuitláhuac García como gobernante insensible y desconocedor del ejercicio del poder público; no se propone combatir las causas que colocaron a Veracruz como el único estado donde creció (31.2%) de forma importante la pobreza de 2008 a 2018, llevando a más de 5 millones de veracruzanos a la pobreza, y de éstos, a 1.4 millones en pobreza extrema, mientras en otras estados sí lograron reducirla.
Y no sólo existe la negativa de su gobierno para invertir en construcción y mejoras a la vivienda, sino que también en la regularización de los asentamientos existentes. El Movimiento Antorchista gestiona para más de 20,000 familias veracruzanas la regularización de sus colonias para que las personas tengan certeza jurídica de sus lotes con escrituras y les introduzcan todos los servicios a que tienen derecho. Pero en este largo y tortuoso peregrinar, con el gobierno morenista sólo encontramos dilatorias y negativas, así lo vemos en el Instituto Veracruzano de la Vivienda, la Dirección de Patrimonio del Estado y en la Delegación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Instituciones responsables en el estado de regularizar la mayoría de los terrenos.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, contrario a lo que dice en discurso de gobernar para el pueblo, cierra las puertas del palacio de gobierno cuando la población le solicita audiencia y manda a golpear y a desalojar a humildes familias de sus viviendas, como lo hizo con 40 de Villas Xalapa, que fueron defraudadas por Humberto Camacho, para quien sí pone a su disposición todo el cuerpo policíaco que pide. También el pasado 15 de agosto lanzó amenaza de desalojo a 160 familias de la Col. Margarita Morán Veliz, Segunda Sección, en Xalapa, en franco contubernio con ese corrupto.
Lo hemos dicho por mucho tiempo y varios medios, Antorcha surgió porque en nuestro país impera una abismal desigualdad social por el modelo económico neoliberal existente, porque los gobernantes en turno, sean del partido político que sean, y ahora lo vemos de forma más agresiva con Morena, no gobiernan a favor del pueblo trabajador, al contrario, lo hacen para favorecer a sus cuates, a los ricos y ellos mismos beneficiarse con el manejo de recursos públicos, que los ven como minitas de oro. Por eso, el antorchismo desde que surgió, gestiona, protesta y lucha para que le devuelvan al pueblo en obras y servicios los impuestos que administran los gobernantes, y en este sexenio morenista, no será la excepción, pues exigiremos que el derecho a la vivienda para los veracruzanos humildes se haga realidad.
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