El derecho a la educación no significa solamente la acción de ir a la escuela, que es la institución del Estado mediante la cual se ofrece educación a la población, si fuera así bastaría con que se dispusieran escuelas suficientes para todos; el derecho a la educación significa tanto el acceso a la escuela como su permanencia en ella y, sobre todo, el derecho a aprender y adquirir las competencias necesarias para que se alcancen las finalidades sociales de la educación, esto implica que la educación debe tener ciertas características que el Estado debe garantizar. La primera relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a la educación, Katarina Tomasevski (2004), definió cuatro dimensiones del derecho a la educación, las cuales se conocen como el esquema de las 4A: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
La asequibilidad se refiere a la disponibilidad de servicios educativos, que es el nivel más básico para garantizar el derecho a la educación; la accesibilidad significa el acceso efectivo a las escuelas, es decir, que no haya barreras de ningún tipo que impidan que alguien llegue y transite por la escuela; la aceptabilidad cualifica los servicios educativos, al señalar que éstos deben cumplir con determinados estándares de calidad (como maestros con formación adecuada, materiales educativos pertinentes, escuelas con infraestructura suficiente y que brinde seguridad a los estudiantes, etc); y, por último, la adaptabilidad, significa que los servicios educativos deben adaptarse a las características de la población y no al revés.
En Hidalgo parecen desconocer estas dimensiones, tanto las autoridades educativas, como los mismos funcionarios del gobierno del estado, el mismo mandatario estatal, licenciado Omar Fayad Meneses, pues son ellos quienes en plena pandemia, cuando en Hidalgo hay un incremento de contagios por la covid-19; hoy se tienen 19,641 casos y 2,786 muertes. El mandatario estatal, por un lado violenta los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes a los cuales pone en riesgo al maltratar a sus maestros, violentando así el artículo 3° constitucional que a la letra dice: "todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, estados y municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias…&rdquo, apesar de la actitud insensible que han demostrado las autoridades estatales, los maestros no optaron por abandonar a sus alumnos, porque están conscientes que el problema sería mayor, además de reconocer que quien es responsable de dar las herramientas necesarias es el Gobierno estatal, encabezado por el gobernador quien hoy deja caer un látigo de desprecio al magisterio, demostrando con ello el nulo interés por educar a los hidalguenses.
En Hidalgo se excluye a quien va en contra de la política del gobierno priista, por el solo hecho de que los maestros se encuentran agremiados a Antorcha Magisterial, el gobierno los excluye y castiga, reteniendo el salario de 40 docentes que pertenecen al Bachillerato Coronel "Nicolás Romero&rdquo, son ya 9 meses que los maestros sufren la retención de salarios, hasta la fecha se han reunido con funcionarios de gobierno del estado; sin embargo ningún funcionario ha sido capaz de solucionar a los docentes, por eso, los maestros tomaron la decisión de instalarse en plantón; ya son tres semanas que se encuentran a las afueras de palacio de gobierno y han recibido la indiferencia del gobierno estatal, violentando así, otro derecho constitucional, "toda persona tiene derecho a la protección de la salud…” pues los maestros de educación básica se les niega el derecho a seguridad social, y se les orilla a mantenerse en plantón exponiéndose a los contagios por covid-19, luchando por mejores condiciones de trabajo.
Queda claro que en Hidalgo, las autoridades educativas y funcionarios de gobierno, no están para resolver las necesidades del magisterio, ni de los hidalguenses, están para vivir de apariencias y simulaciones como lo hacen en la publicidad del gobierno.
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