Este año, como seguramente ya lo sabe usted estimado lector, tiene una característica especial: se cumple el fin del periodo de gobierno sexenal del actual Presidente de la República, cierto que culmina también el periodo de los senadores, diputados (federales y locales) y presidentes municipales, pero es el cambio del Presidente de la República el que está marcando en todo el país, la pauta en la elección que viene; y es por esto que todos los posibles competidores, -tengan posibilidades o no-, andan ya literalmente desatados, cazando posibles electores incautos y desprevenidos, y haciendo alianzas hasta con el mismísimo diablo, con tal de cazar en sus redes, la mayor cantidad de votos posibles. ¡Todos muy alertas!, el derecho al sufragio libre está amenazado.
Y, ¿qué podemos hacer el pueblo pobre trabajador, que apenas tenemos un voto a cuestas, para defendernos de tan tremenda avalancha "electorera" de los partidos y sus "alianzas"?. Mucho, si nos organizamos, podemos hacer mucho; de hecho, históricamente el pueblo es el único que ha defendido en serio el derecho al voto. Veamos algunos datos.
Algunos historiadores especialistas en el tema, afirman que el sufragio, o derecho al voto, ya se había contemplando, como derecho y obligación, desde la Constitución de 1824, pero que fue hasta 1847, cuando se aprobó el Acta Constitutiva y de Reformas de las Bases Orgánicas de la República Mexicana, y donde se establecieron las garantías individuales para todos los habitantes de la República, y se adoptaron elecciones directas para diputados, senadores, presidente de la República y miembros de la Suprema Corte; sin embargo, el ejercicio del sufragio o derecho al voto era sumamente limitado, pues era condicionante para votar, saber leer y escribir, y para entonces esto era un verdadero privilegio. Fue la Constitución de 1857 y las leyes de Reforma del presidente Benito Juárez, quienes derogaron tal requisito e integraron dos artículos más para resaltar las prerrogativas y obligaciones ciudadanas relativas al derecho de votar y ser votado en los cargos de elección popular.
Sesenta años más tarde, el 5 de febrero de 1917, la nueva Constitución &9472;que por su contenido social conjuntó los ideales revolucionarios del pueblo mexicano&9472;, contempló, entre otras cosas, que el gobierno siguiera siendo republicano, representativo, democrático y federal; se refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Judicial y Legislativo; se ratificó el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección. Para la consecución de lo anterior, se mantuvo el ejercicio del sufragio -es decir, el voto- como un derecho y una obligación del ciudadano mexicano. Para estas fechas, el derecho al voto era ya una verdadera conquista del pueblo mexicano más pobre, arrancado de las manos de las clases económica y políticamente más poderosas de esta época.
Como refuerzo de lo anterior, recordemos que en los artículos 116, base IV, inciso a, y 122, inciso C, base primera, fracción I de nuestra Constitución, &9472; y que también reitera el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en su artículo 4 &9472; dispone que se debe garantizar que las elecciones federales de diputados, senadores y presidente de la República, así como las estatales, incluidas las relativas a diputados de la asamblea legislativa, los gobernadores, los miembros de las legislaturas locales e integrantes de los ayuntamientos, se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible. Por tanto, no hay lugar a dudas: sin el voto ciudadano, - también llamado sufragio universal, no hay gobierno republicano, ni representativo, ni mucho menos democrático ni federal, en ninguna parte del país, como se presume, por lo menos desde 1917.
¿Ahora entendemos por qué tanto afán en el voto?, ¿y por qué tanto fraude y corrupción para hacerse, a como dé lugar, con la mayor cantidad de votos y de votantes? Es aquí donde tiene su explicación, todos los desfiguros ideológicos en que han caído casi todos los políticos y todos los partidos, aliándose hasta el amancebamiento sin rubor alguno, con sus otrora enemigos, de los que juraron no recibir jamás ni el saludo. Para ilustrar esto veamos el caso de Colima.
Según datos del Instituto Estatal Electoral (IEE), en el pasado proceso electoral extraordinario, para elegir al gobernador, los resultados de cada partido fueron los siguientes: el PAN logró juntar, por sí mismo, 108 mil 604 votos; le siguió el PRI con 91 mil 566; el PRD alcanzó 5 mil 144 votos; el Verde, 10 mil 647; el PT, 5 mil 952; el MC, 33 mil 237 votos; el PANAL, 10 mil 607; Morena, 2 mil 246 votos; y el PES, mil 217 votos; en total 269 mil 220 votos; si tomamos en cuenta que para esas fechas en el padrón electoral sumaban 488 mil 867 electores, descubrimos que fueron 219 mil 647 los colimenses que no salieron a votar, -o más bien, que con su apatía votaron en contra de todos-, representando así el 44.9 por ciento del padrón total. Si las mentadas "Alianzas" partidistas que se anuncian, se configuraran como parece ser que quedarán, tendríamos el siguiente panorama: la alianza PRI-PANAL-VERDE, sumarían como tope de arranque unos 122,208 votos; la alianza PAN-PRD-MC, 146,985; y MORENA-PT-PES reunirían 9,415. Si suponemos que cada alianza obtiene de la votación que viene, mínimamente los votos que se les ha señalado, todos juntos sumarían un total de 278 mil 608, tan sólo un poco más de los 219 mil 647 votos que significó el abstencionismo, y de donde todas las "Alianzas" necesariamente deberán cazar los suficientes sufragios, si es que quieren ganar. Como se dijo líneas arriba: ¡Todos alertas! la temporada de la caza de votos ha comenzado.
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