La agresión de Estados Unidos contra Venezuela no es un hecho nuevo ni una anomalía en la política internacional. Es, en realidad, la expresión más cruda y violenta de un sistema que sólo puede sobrevivir mediante la dominación de los pueblos y el saqueo de sus recursos.
El imperialismo estadounidense, encabezado en esta etapa por el gobierno de Donald Trump, vuelve a recurrir a la amenaza militar, al chantaje económico y a la intervención directa para someter a una nación soberana que decidió no arrodillarse ante el capital transnacional.
Se trata de una guerra no declarada, donde el hambre y la escasez se utilizan como armas políticas.
Desde una perspectiva histórica, Estados Unidos ha sido el país con mayor número de intervenciones militares y políticas en el mundo. América Latina conoce bien ese historial: golpes de Estado, invasiones, bloqueos, dictaduras impuestas y guerras sucias forman parte del expediente del “defensor de la democracia”.
Venezuela se suma hoy a esa larga lista de pueblos castigados por atreverse a construir un camino propio, independiente del dictado de Washington y de los grandes consorcios económicos.
La principal causa de esta agresión es clara y concreta: el petróleo. Venezuela posee una de las mayores reservas petroleras del planeta, un recurso estratégico fundamental para la maquinaria capitalista mundial.
No es casualidad que cada vez que un país intenta controlar soberanamente sus recursos naturales, el imperialismo reaccione con furia. El problema no es Nicolás Maduro ni el discurso bolivariano; el verdadero “delito” es que el Estado venezolano se resista a entregar su riqueza energética a las corporaciones estadounidenses.
Desde el marxismo-leninismo, este fenómeno no sorprende. Lenin explicó con precisión que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, caracterizada por la exportación de capital, la concentración monopólica y la lucha por el reparto del mundo.
Venezuela representa un obstáculo para ese reparto, un mal ejemplo para otros pueblos que podrían atreverse a cuestionar la dominación económica del capital financiero internacional.
El gobierno de Donald Trump ha actuado con una brutalidad abierta, sin el maquillaje diplomático que solían usar administraciones anteriores. Sanciones económicas, bloqueo financiero, amenazas militares y operaciones de desestabilización forman parte de una estrategia integral para asfixiar al pueblo venezolano y luego culpar a su propio gobierno del sufrimiento generado. Se trata de una guerra no declarada, donde el hambre y la escasez se utilizan como armas políticas.
Defender a Venezuela no significa negar sus problemas internos ni idealizar su proceso político. Significa, ante todo, rechazar la intervención extranjera y afirmar el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.
Ninguna potencia extranjera tiene autoridad moral para imponer gobiernos, mucho menos una que ha construido su riqueza sobre la explotación, la guerra y el saqueo sistemático de otras naciones.
El gobierno de Nicolás Maduro, con todas sus contradicciones, representa hoy una trinchera de resistencia frente al imperialismo. Atacar a Venezuela es enviar un mensaje claro al mundo: cualquier país que intente salirse del guion neoliberal será castigado. Por eso la solidaridad internacional no es un gesto simbólico, sino una necesidad histórica para frenar la ofensiva del capital global.
La intervención estadounidense en Venezuela revela, una vez más, que el imperialismo no ha cambiado, sólo ha ajustado sus métodos. Frente a ello, los pueblos deben fortalecer su organización, su conciencia política y su unidad.
La historia demuestra que ningún imperio es invencible cuando los pueblos se levantan con claridad ideológica y voluntad de lucha.
Venezuela no está sola. Su resistencia es parte de la lucha mundial contra el capitalismo depredador. Defenderla hoy es defender la soberanía de todos los pueblos mañana.
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