* La insuficiencia de las transferencias monetarias y el fracaso de los pactos comerciales profundizan la crisis alimentaria en los sectores más vulnerables
Desde sexenios gubernamentales anteriores, a las familias más desamparadas se les ha hecho creer que sólo basta con tener dinero en sus manos para cambiar su situación de pobreza y marginación social. Pero esto es falso. No obstante las ayudas de las políticas de transferencia monetaria de todo tipo y los engañosos aumentos salariales aplicados, su situación real de pobreza se agrava.
Hoy, todos los mexicanos saben que sus ingresos ya no alcanzan ni para comprar lo indispensable. Decidir comer menos o peor ya es imposible; no curarse es la muerte; no educar a los hijos es casi un infanticidio futuro y no tener vivienda es el desamparo total.
Si a esto agregamos la falta de calzado, vestido y recreación, estaríamos en el umbral de la indigencia social.
A pesar de que el discurso oficial asegura que el país marcha bien, no existe una explicación sensata ni remedios efectivos basados en una investigación científica de las leyes del mercado.
En cambio, se pretende convencer a la población con las supuestas bondades de pactos entre empresarios y gobierno, culpando a la casualidad por los aumentos desmedidos en productos y servicios.
El ejemplo más difundido es el alza en la canasta básica alimentaria. Recientemente, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) señaló que en Colima se requieren hasta 2 mil 435 pesos semanales sólo para adquirir alimentos, sin contar servicios, medicinas, transporte o renta. Junto con el Estado de México, Colima se sitúa como una de las entidades donde es más costoso subsistir.
El argumento oficial de que todo es culpa de la inflación funciona como una cortina de humo. La Anpec sostiene que la carestía no puede atenderse con una despensa limitada a 24 productos que no responden a las necesidades reales del consumidor.
El Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) ha resultado ser un programa fallido porque el mercado no se pacta ni se acuerda; el mercado se regula por la oferta, la demanda y variables como costos energéticos, mano de obra e inseguridad.
La ineficiencia gubernamental en materia económica afecta tanto al pueblo consumidor como a los pequeños productores, quienes son víctimas de los grandes capitales nacionales y extranjeros.
Si el gobierno desea proteger realmente el consumo popular, debe vigilar las causas que afectan los costos de producción en lugar de apostar por programas simulados que ignoran las leyes básicas de la economía.
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