• Funcionarios ignoran demandas populares y prohíben agruparse libremente a los ciudadanos
Estoy convencida de que hoy más que nunca es necesario retomar el artículo ocho constitucional, el cual obliga a las autoridades a responder por escrito a cualquier solicitud ciudadana.
Esta aseveración la planteo a raíz de que, en mis múltiples reuniones de compañeros de colonias, barrios, ejidos y poblados, la gente me comenta con profunda preocupación que, al plantear sus demandas a las autoridades correspondientes, lo único que han ganado es que los regañen, diciéndoles textualmente: "ustedes no necesitan venir a las oficinas, no pierdan su tiempo".
"Nosotros en su momento nos comunicaremos con ustedes para darles la respuesta a sus peticiones". Obviamente, esto nunca ha sucedido; su petición queda congelada y jamás los vuelve a recibir.
Lo anterior se repite no sólo en los grupos formados por el Movimiento Antorchista, sino en general en el estado y a nivel nacional. La agravante es que no sólo no les resuelven, sino que les prohíben organizarse, les dicen que las peticiones deben ser gestionadas a título personal y que no se permiten intermediarios.
En buen español, les niegan su derecho a asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto, a pesar de que evidentemente, asociarse para buscar solución a sus necesidades es un objeto lícito; lo cual incluye las reuniones públicas y marchas. O sea, el artículo nueve para las autoridades es letra muerta.
Por lo que es fácil concluir que violar sus derechos de petición y organización se ha vuelto el pan nuestro de cada día en este sistema de gobierno.
Por otra parte, está la política que siguen algunos funcionarios que reciben amablemente a la gente y hasta les ofrecen cafecito y galletas.
Pero que, a la hora de dar respuestas positivas, simplemente les dicen: "mira, yo soy un funcionario muy honesto, la verdad no te quiero engañar y que vuelvas para reclamarme".
"La verdad, a veces es amarga, pero tenemos que conducirnos correctamente, porque somos amigos, pero la mera verdad es que no tengo recursos para apoyarte, es más eso que tú solicitas no existe en ningún programa de gobierno; eso era antes, hoy no tenemos presupuesto".
¿Se imagina estimado lector? Pasarse cinco o seis horas esperando que te reciban, para que al final, te despidan con un "lo siento, te entiendo, pero no te puedo ayudar, haz tu solicitud para el próximo año".
¡Zas! Dura la pedrada, pero esa es la respuesta.
También hay un tercer escenario que se presenta cuando nuestros compañeros le dicen a la autoridad que vienen en conjunto y son parte de una organización.
Estamos viviendo tiempos de represión total hacia las organizaciones sociales y ante el derecho de petición y manifestación.
Esto es lo más curioso, porque este gobierno encabezado por la 4T que durante muchos años utilizó precisamente el derecho de petición y organización ante los gobiernos del Prian como solían llamarles, ahora simplemente repudian que la gente se organice y exija se resuelvan sus demandas.
Que, desde luego, son totalmente justificadas, son necesidades básicas en sus colonias o en sus hogares. Pero resulta que a los funcionarios hasta les cae mal que la gente les exija que cumplan con sus compromisos de campaña.
Estamos viviendo tiempos de represión total hacia las organizaciones sociales y ante el derecho de petición y manifestación. ¿Dónde están esas voces que decían "con el pueblo todo, sin el pueblo nada"?
En fin, para ejemplificar un poco más lo que anteriormente he expuesto, comentaré el caso de Juanita.
Cierto día que visité a mi comadre, casualmente estaba en su casa la delegada de su colonia, la cual, al calor de la plática, se quejaba amargamente de que en su colonia, el mayor problema es la rehabilitación total del drenaje, el cual después de muchos años, prácticamente ha colapsado y del diario se viven los problemas de fugas de aguas negras o de socavones producidos por el reblandecimiento de la tierra que esto provoca, donde los tubos de drenaje ya se rompieron.
"Es terrible -decía doña Juanita-, que todos los días la gente se queja conmigo y pensando que como soy delegada debo resolver en lo inmediato, sin saber ellos que allá arriba los funcionarios ya ni me quieren recibir, mucho menos solucionar; porque dicen que no hay recursos y que ya deje de fastidiar; que ellos verán cuando se podrá resolver".
Y agregaba: "A mí como delegada, me prohíben que lleve a la gente a gestionar, me dicen que no debo de llevar a nadie porque sólo perderán su tiempo y que, si continúo molestando, van a promover que me saquen de delegada, por ser persona conflictiva, que ya los tengo fastidiados".
Y remataba: "Con respecto a la petición de paquetes de vivienda, me han dicho que, si la gente quiere, ¡que lo compre!, así de sencillo". Continuando con la plática decía: "Toda mi delegación votamos por esos funcionarios, y ni por eso nos tienen tantita consideración.
Pobres de mis compañeros, sin trabajo, sin comida en su mesa y ahora hasta reprimidos y por la autoridad por atreverse a hacer peticiones de vivienda, no comadre no hay perdón de Dios; no es posible que traten tan mal a quienes les brindaron su confianza y votaron por ellos para encumbrarlos en el poder.
No, no es posible, ya sabemos que son bien insensibles, pero ahora ¡hasta nos regañan por hacer peticiones!" Tristemente concluía doña Juanita.
Esta situación deja claro que lo que necesitamos es un gobierno de la clase trabajadora, emanado del pueblo; que no sólo nos escuche, sino que dé solución a nuestras peticiones. Debe comprometerse a combatir, las injusticias y la pobreza de raíz que sufre el país.
Mientras ese momento llega, la gente tiene derecho a ser escuchada y a ser atendida, y agremiarse en una organización; así lo dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si las peticiones son justas hay que resolverlas.
Caso contrario, el mismo pueblo que los llevó al poder, seguramente los botará al basurero de la historia, demostrando la falsedad de los políticos en turno. No olvidemos que un pueblo unido, jamás será vencido.
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