A lo largo de su historia, México ha demostrado que sabe unirse cuando la patria está en riesgo, no por consigna, no por obediencia ciega, sino por convicción profunda. Esa unidad, nacida desde abajo, ha sido siempre una de las mayores fortalezas del pueblo mexicano.
Sin embargo, hoy ese tejido social aparece lastimado, desgastado por años de confrontación, de discursos excluyentes y de una política que prefirió dividir antes que convencer.
Hoy, cuando desde el extranjero se cierne una amenaza real contra la soberanía nacional, se pide unidad a un pueblo al que antes se le enseñó a confrontarse.
Las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de tomar acciones dentro del territorio nacional, bajo el ya conocido pretexto de combatir al crimen organizado, reavivan una vieja práctica del imperialismo: intervenir, imponer y violentar la soberanía de otros países en nombre de una supuesta “seguridad”.
América Latina conoce bien ese libreto. México no es la excepción, y frente a ello resulta legítimo y necesario alzar la voz para defender la soberanía nacional.
En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum y diversos actores políticos han hecho un llamado a la unidad nacional, a cerrar filas con el gobierno federal ante una posible agresión extranjera.
En el plano abstracto, el llamado es correcto: ningún país puede enfrentar amenazas externas desde la fragmentación interna. El problema no está en la idea de unidad, sino en la forma y en la congruencia de quien la convoca.
Durante años, desde el poder se ha alimentado un discurso de división que partió al país en bandos irreconciliables: “chairos” y “fifís”, buenos y malos, pueblo y enemigos del pueblo. Ese lenguaje no fue accidental ni inocente; fue una estrategia política reiterada que encontró eco en conferencias, redes sociales y tribunas oficiales.
El resultado está a la vista: una sociedad polarizada, desconfiada, donde el diálogo fue sustituido por el linchamiento digital y la descalificación permanente.
Hoy, cuando desde el extranjero se cierne una amenaza real contra la soberanía nacional, se pide unidad a un pueblo al que antes se le enseñó a confrontarse. Se exige cerrar filas cuando previamente se dinamitaron los puentes. Y la unidad, hay que decirlo con claridad, no funciona así.
La unidad no se decreta, no se exige y mucho menos se impone desde el poder. La unidad se construye.
Basta observar lo que ocurre en las redes sociales, hoy uno de los principales canales de información y expresión pública. Un comentario a favor del gobierno federal desata una avalancha de ataques; uno en contra provoca la misma reacción, pero en sentido inverso. No se discuten ideas, se ataca a personas. No se debate el fondo, se busca anular al otro.
Ese ambiente no surgió de la nada: es el reflejo de un discurso político que normalizó el odio y la descalificación como herramientas cotidianas.
El contraste es aún más evidente cuando se observa la realidad social del país. Millones de mexicanos siguen implorando medicamentos y hospitales dignos; comunidades enteras reclaman carreteras en buen estado; la inseguridad continúa arrebatando vidas; las madres buscadoras siguen pidiendo, casi suplicando, ser escuchadas; la corrupción y el enriquecimiento de políticos indignan a una sociedad cansada; y el sistema educativo enfrenta críticas por privilegiar el adoctrinamiento sobre la calidad.
Frente a estas demandas, el pueblo suele recibir excusas: “otros datos”, promesas futuras o la ya desgastada frase de que “se abrirá una carpeta de investigación”.
En ese escenario, el llamado a la unidad no hace eco, no porque el pueblo sea indiferente o antipatriota, sino porque se siente traicionado, ignorado y utilizado. La responsabilidad de esa fractura no recae en la gente común, sino en quienes, desde el poder, eligieron dividir para gobernar.
Es verdad que los mexicanos debemos estar unidos frente a cualquier amenaza extranjera. Esa convicción ha sido defendida históricamente por el Movimiento Antorchista Nacional.
Para el antorchismo, la unidad no es una consigna vacía, sino una práctica cotidiana. Cuando un antorchista en Chiapas, en el norte o en cualquier rincón del país es golpeado, ignorado o violentado en sus derechos fundamentales, ahí está el antorchismo nacional alzando la voz, organizando, exigiendo justicia.
Esa unidad no se compra, no se impone y no depende de transferencias monetarias; se ha ganado con trabajo, con conciencia de clase y con resultados concretos.
Esa es la gran diferencia que hoy debe reflexionarse: la unidad auténtica nace de la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si el gobierno federal realmente desea unidad nacional, debe empezar por corregir la política de división, atender y resolver las demandas más urgentes del pueblo y gobernar para todos, sin etiquetas ni desprecio.
Sólo entonces, cuando la gente sienta que es escuchada y respetada, estará al pie del cañón, defendiendo al país por convicción y no por obligación.
La prueba está frente a nosotros. La amenaza externa es real y el llamado a la unidad está latente, pero esta prueba de fuego no se superará con discursos grandilocuentes ni con llamados tardíos.
Esta prueba se superará, o no, con hechos, porque la unidad, como la dignidad, no se exige: se construye y se gana.
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