En los últimos días ha sido noticia la visita del gobernador Cuauhtémoc Blanco a Palacio Nacional para exponer ante el presidente López Obrador los problemas graves de violencia en la entidad y de falta de presupuesto, de la necesidad de un apoyo para reforzar la endeble seguridad pública. Prácticamente, se dice, fue a deponer su cabeza si es que no recibía una respuesta favorable del Gobierno Federal. Los detalles no se saben o cuando menos no los registra la prensa, lo cierto es que según algunos analistas no se aceptó una posible renuncia del gobernador por el efecto dominó que tendría tal noticia, pues el siguiente mandatario que aparece en la lista con malos resultados es Cuitláhuac García en Veracruz, y como también es del dominio público el presidente Obrador lo ha defendido a capa y espada en cada conflicto que le ha explotado en las manos.
Es bien sabido que uno de los elementos centrales de la campaña efectiva tanto de López Obrador como de Cuauhtémoc Blanco es haber captado y denunciado los actos de corrupción que se daban a nivel federal y local en los gobiernos anteriores; es más, Blanco no dejaba de señalar que metería a la cárcel a Graco Ramírez y eso le sumó puntos en la simpatía del electorado. Sin embargo, ya en el terreno de los hechos las cosas no han sido tan fáciles de resolver como se decía en campaña. La realidad social es más compleja de lo que aparenta y aunque la corrupción es un componente importante, existe un problema mayor que afecta a todo el país y es la causa de múltiples problemas nacionales y estatales: me refiero a la injusta distribución de la riqueza nacional. Al respecto poco o casi nada se ha hecho, puesto que los programas federales de transferencia monetaria que se están implementando son más de lo mismo, solo paliativos que no van al fondo del asunto, que es el combate a la pobreza lacerante que afecta a una gran mayoría del pueblo mexicano. Y eso se ha hecho a costa de reducir prácticamente a cero la inversión pública en obras y servicios, como es la cancelación del Ramo 23 que era de gran ayuda para los gobiernos locales y municipales.
Retomando lo dicho inicialmente, no es la primera vez que el gobernador Blanco hace la petición al Gobierno Federal dé un refuerzo de la seguridad del estado con elementos de la Guardia Nacional, y es que los índices de seguridad no bajan, al contrario se registran incrementos en algunos rubros muy sensibles para la población como es el caso de los feminicidios, donde Morelos aparece en el deshonroso segundo lugar a nivel nacional, solo después de Veracruz (datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a julio de 2019). Lo cierto es que se dejan de lado los verdaderos problemas del estado y del país, pues según datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación de las políticas de Desarrollo Social (Coneval) la pobreza no ha disminuido en los últimos años y en el caso de Morelos más del 50% se mantiene en esa condición; entre los años que gobernó Graco la situación empeoró ya que la pobreza aumentó de un 48.8 a 50.8%, que en términos absolutos significó pasar de 857 mil a 1,013 mil, para un incremento neto de 165 mil personas. La economía no crece y por ende no se generan los empleos suficientes para cubrir el rezago que existe en esta materia y eso se refleja en el gran sector de la economía informal, de vendedores ambulantes en las principales ciudades del país.
Si a lo anterior se suman los problemas que dentro del equipo de gobierno han salido a relucir y los grupos de morenistas que también le han puesto piedritas en el camino, la resultante es de un sombrío panorama para los morelenses, pues no se ven claros los avances de la gestión del Gobernador y sí muchos frentes abiertos y la falta de operadores políticos que puedan ir destrabando los conflictos en las diferentes áreas, pero sobre todo, la atención oportuna y sin regateos de las necesidades de los morelenses más pobres que ya rebasan más de la mitad de la población. Ante esa situación el pueblo morelense debe de estrechar sus lazos de unión y solidaridad para perseverar en la lucha por una vida mejor, a la cual tiene derecho.
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