Dicen los que ahora nos gobiernan que estamos en el “segundo piso de la cuarta transformación” en México, aludiendo con ello que estamos en una nueva fase de la historia que lograron con el triunfo del gobierno de Morena en 2018, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, según los defensores del gobierno actual, suponen que, con la 4T, ahora estamos mucho mejor los sectores populares y el país.
La creación de un sistema de salud como los países nórdicos exige destinar cuando menos 9.7 % del PIB, pero la 4T apenas asigna 2.8 %, el porcentaje más bajo de los países de la OCDE.
Entre sus argumentos dicen que la aprobación de más del 75 % que tiene la presidenta de la república es la prueba irrefutable de que el pueblo está con ellos y, por tanto, de acuerdo con toda la política que están aplicando. De ahí deducen que todo lo dicho en contra de sus políticas y reformas se debe a una campaña de sus adversarios.
Pese a ello, diré que lo que está ocurriendo ahora ya ha ocurrido en otros momentos de la historia, en los gobiernos del PRI en los años setenta y ochenta, pues también se legitimaron ganando las elecciones de manera irrefutable contra sus contrincantes. No obstante, muchos fueron los señalamientos de autoritarismo, abuso de poder, tráfico de influencias sobre ellos y, sobre todo, que el país no venía avanzando, sin prosperidad para las clases populares.
En esta ocasión, no solamente quiero referirme a los datos estadísticos, sino a exhibir la realidad que está ocurriendo en el día a día de los oaxaqueños, porque la crisis en diversos sectores se está agudizando. Creo necesario que los ciudadanos debemos reflexionar sobre la gravedad en que se encuentra el país, en los aspectos sensibles como la inseguridad, el desempleo, la educación, la salud, entre otros.
Esta reflexión debe tomar mayor preocupación para quienes tenemos un compromiso social firme, y por eso nos obligamos a hacer un análisis económico, político y social objetivo, con tal de entender las raíces de los males que aquejan a nuestra patria. De lo contrario, si nos quedamos con la información del gobierno y de los medios solamente, cometeremos un gravísimo error que lo pagaremos todos.
Me refiero al tema de la salud pública, que es un derecho que, primero, con la Constitución de 1917, al término de la Revolución mexicana, quedaron establecidas las bases para que en 1983 se adicionara al artículo cuarto constitucional el derecho a la protección de la salud de todos los mexicanos, y al Estado como ente responsable que “garantice el acceso a los servicios de salud, de manera digna y eficiente para todos, sin distinción de raza, credo o filiación política”. Es decir, el derecho a la salud, como otros derechos fundamentales, es producto de la lucha histórica de las clases populares.
Hay que recordar que cuando inició su mandato, el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió —el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo— hacer realidad el derecho a la salud para todos los mexicanos, estableciendo gradualmente un nuevo sistema de salud que, al final del sexenio, se compararía con el de los países nórdicos.
Sin embargo, como a todos nos consta, esto no ha ocurrido, ya que con su política contra la corrupción creó instituciones ineficientes y llenas de opacidad. Es así como, al reformar el Seguro Popular para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), desmanteló a todo el sector en el país, dejando en el abandono a miles de mexicanos que recibían atención a diversas enfermedades; posteriormente, arguyendo clientelismo electorero, se eliminó el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que atendía a la población que no contaba con seguridad social.
Todo ello ha generado una crisis generalizada en la población, la cual sirvió como catalizador para que la pandemia de covid-19 afectara severamente a los mexicanos, colocándonos dentro de los países del mundo con más fallecimientos por dicha enfermedad.
Aunado a esto, un problema que tampoco se ha podido eliminar es el desabasto de medicamentos, el cual se agudizó después de anunciar su plan de austeridad republicana.
Ahora, el desmantelamiento de equipo en los centros de salud ha tomado mayor relevancia en nuestro estado, cuando desde enero del año en curso, Azteca Noticias lanzó un videorreportaje que evidenció la crisis del hospital Dr. Aurelio Valdivieso, ya que pacientes denunciaban que, tras la falta de insumos y equipos, fueron canceladas cirugías.
Dicha situación, según el mismo medio, afectó a más de 859 mil 460 habitantes. Y mientras esto se agudizaba, tres días después, en una gira que realizó el gobernador del estado a Tuxtepec, lejos de dar alternativas de solución, prefirió sacar el refrito de que “no había tal crisis, sino que era una cuestión de los medios amarillistas para golpear a su gobierno”.
Para el 10 de mayo de este año, sale otra noticia: “¡Insólito! Médicos en Oaxaca operan con luz de celular por falla eléctrica”. Ello evidenció que, ante deficiencias de las plantas de emergencia, médicos y enfermeras tuvieron que alumbrar con sus teléfonos celulares el área de quirófano, al quedarse sin energía eléctrica.
Y, como la realidad que siempre se antepone como el agua sobre el aceite, siguió su curso y para el mes de mayo el portal consultorsalud.com tituló una nota: “Grave crisis en Oaxaca: bloqueo administrativo y deuda del IMSS-Bienestar colapsan el sistema de salud”. Esto porque, según especialistas, una crisis sanitaria sin precedentes sacudía a Oaxaca, donde bloqueos administrativos y una deuda acumulada de 12 mil millones de pesos habían paralizado al IMSS-Bienestar, dejando a miles de pacientes sin atención médica en uno de los estados más vulnerables de México.
Pero esto no era algo nuevo, sino que tiene su antecedente. Según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), el origen del colapso remonta al año 2021, cuando el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) asumió las adquisiciones del sector salud. Desde entonces, la deuda del Gobierno Federal con proveedores alcanzó los 8 mil millones de pesos, cifra que se elevó a 12 mil millones tras la desaparición del Insabi en 2023 y el traspaso de responsabilidades al IMSS-Bienestar.
¿Y las consecuencias cuáles serían? Pues nada más y nada menos que la falta de suministros, medicamentos, estudios de laboratorio y consultas médicas que erosionaron profundamente la capacidad de atención de hospitales y clínicas. Es decir, aunque la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado contener el deterioro mediante adelantos por 4 mil millones de pesos, la estrategia no ha logrado estabilizar el sistema en estados como Oaxaca.
La crítica situación pone en entredicho uno de los compromisos centrales del gobierno de la 4T: garantizar la cobertura universal y gratuita del sistema público de salud.
Es así como llegamos a lo que ha acontecido en las últimas horas, pues, al no tener más alternativas, “2 mil 500 trabajadores del sector salud del Istmo de Tehuantepec, a falta de insumos, medicamentos y equipo”, según noticias locales, la mañana del 3 de junio de 2025, más de 2 mil trabajadores del sector salud, siete hospitales y 160 clínicas de salud, adheridos a la Sección 35 de la región del Istmo de Oaxaca, iniciaron un paro indefinido de labores ante la indiferencia de autoridades estatales y federales para atender el cúmulo de carencias que enfrentan.
Ante todos estos casos increíbles, la respuesta de las autoridades a las manifestaciones, como en el caso de Oaxaca, ha sido “problemas de logística”. Sin embargo, como señalaba líneas arriba, quienes tenemos un compromiso social firme sabemos que no es así, que en el fondo de dicha respuesta se encuentra un gobierno que solamente ha utilizado la bandera de las clases pobres, pero que siempre ha estado al servicio de los dueños del dinero.
La creación de un sistema de salud como los países nórdicos exige destinar, cuando menos, 9.7 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la cuarta transformación solo destina 2.8 %, siendo el país más bajo de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en promedio gasta 6.6 % de su PIB en dicho rubro.
Por lo tanto, es preciso que los mexicanos y oaxaqueños entendamos que la “transformación” que se nos prometió nunca fue, que nuevamente se ha utilizado al pueblo de México y que quienes así lo han hecho habrán de terminar en el basurero de la historia.
Por ello, se pone en primer plano la tarea de crear una fuerza social que resuelva, no solo el problema de la salud, sino todos los males que afectan al pueblo mexicano, como producto del sistema económico. A eso llamamos a los mexicanos: a crear esa fuerza política que cambie al país.
Entendamos todos: no habrá salvadores mágicos, ni políticos que por puro altruismo traigan el bien a los pobres mexicanos… la salvación de los pobres es tarea y responsabilidad de los pobres mismos. Y nuestra tarea no es ir a votar solamente, sino participar organizativamente.
Una vez que se elige a un gobernante, se le debe vigilar, pedir cuentas y exigir que gobierne en beneficio de las mayorías. En México no sucede así. En este país, quienes deciden, quienes acuerdan, quienes manejan el dinero de los mexicanos, según su visión de cómo gobernar, es el partido de Morena, que cree que con que la gente vote por ellos, además manipulada por las tarjetas, por los programas y por los recursos económicos que les entregan, es tener el respaldo verdadero de un pueblo politizado, pero solo nos están engañando.
Las cosas cada día están más graves en el país y en Oaxaca, y es tarea de todos los oaxaqueños entender realmente lo que está pasando y actuar en consecuencia.
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