México se ha convertido en un escaparate de contradicciones. Mientras el gobierno federal presume obras faraónicas rumbo al Mundial 2026, como la “ciclovía” o la “calzada flotante” en Tlalpan, en la CDMX, que devorarán más de 5 mil millones de pesos, miles de familias sobreviven en casas de madera, nailon y cartón en Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco y Tláhuac. El contraste no es sólo visual: es moral.
La política de vivienda en México enfrenta un rezago estructural que crece más rápido que la capacidad institucional para atenderlo.
El Instituto de Vivienda (INVI) ha dejado sin hogar a cerca de 2 mil familias, no por falta de recursos, sino por parálisis burocrática. Trámites básicos para adquirir predios permanecen estancados, reuniones con colonos no se atienden y la promesa de una vivienda digna se diluye en expedientes que se acumulan en el polvo.
Pero el problema no es sólo capitalino. El panorama nacional es alarmante. En 2026, el precio promedio del metro cuadrado supera los 31 mil 600 pesos, con una apreciación anual de hasta 8.7 %, muy por encima del crecimiento de los ingresos familiares. Comprar una casa es cada vez más un privilegio, no un derecho.
La construcción de vivienda apenas alcanza las 130 mil unidades anuales, frente a una demanda de 300 mil. El inventario disponible cayó de 600 mil en 2015 a sólo 248 mil en 2025. El crédito hipotecario, además, se contrajo 9 % en el primer semestre de 2026.
Ante este escenario, el gobierno federal anuncia 1.7 millones de viviendas en el sexenio y subsidios como el Programa de Vivienda Social. Loable sí, si se cumple, pero insuficiente frente a un rezago de 8 millones de hogares.
Tomemos un caso concreto: Durango. El déficit habitacional es de 80 mil viviendas, la demanda anual es de 7 mil, pero apenas se construirán 4 mil 500 en 2026. Los precios subirán entre 5 % y 10 %. La renta promedio ya alcanza los 7 mil 500 pesos mensuales, una cifra brutal para la economía local.
La llamada “Vivienda del Bienestar”, es decir, vertical y automatizada, arranca en 630 mil pesos, pero el precio promedio general supera ya 1.7 millones. Para una familia de ingresos medios es un sueño inalcanzable, y para las familias de escasos recursos, mejor ni hablar.
Y aquí está la paradoja: el gobierno gasta miles de millones en obras faraónicas de nula utilidad social, pero no logra destinar recursos suficientes ni eficiencia administrativa para resolver el déficit de vivienda.
Mientras tanto, el mercado se vuelve más selectivo, la vivienda usada gana terreno (63.8 % de las operaciones con crédito), y el modelo de renta institucional se expande en zonas céntricas con ocupaciones del 95 %.
La política de vivienda en México no es solo un problema de números: es un problema de prioridades, pues las obras vistosas y los anuncios grandilocuentes no techan las casas de cartón. Urge un cambio de enfoque: menos cemento para el espectáculo y más gestión para la necesidad real.
El problema no es sólo en la Ciudad de México: es en todo el país. El precio de la vivienda sube más del 8 % anual, mientras los ingresos familiares no alcanzan. Se construye menos de la mitad de lo que se necesita y el crédito hipotecario se contrae 9 %.
La lección es clara: no sirven las obras faraónicas si no se resuelve primero el derecho básico a un techo digno. México necesita menos espectáculo urbano y más gestión eficiente para quienes realmente lo necesitan.
Si la actual presidenta de la república quiere ser evaluada positivamente por su gestión, deberá demostrar que la vivienda digna no es un simple renglón en sus discursos, sino una prioridad presupuestal y operativa real.
Mientras se inviertan miles de millones en obras de dudosa utilidad social y se deje pudrir la burocracia que impide techar casas de cartón, la ciudadanía seguirá viendo a sus gobernantes como sordos ante el contraste más doloroso: el que existe entre el lujo de las vitrinas políticas y la miseria de los olvidados.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario