• El 54 % de las empresas en México usa acuerdos ilícitos que estancan sueldos y limitan la movilidad laboral
La reciente advertencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el mercado laboral mexicano no es un simple dato más en un informe. Es la confirmación de una realidad que, en silencio, frena el desarrollo profesional de millones de trabajadores y compromete la competitividad del país.
Empresas de baja productividad retienen a su personal con acuerdos restrictivos en lugar de competir ofreciendo mejores salarios.
Resulta paradójico que México ocupe el tercer lugar entre las economías analizadas en la aplicación de acuerdos de no captación y fijación de salarios, cuando la ley los prohíbe. Esta paradoja no es un accidente; es un síntoma de la debilidad institucional que permea el entorno laboral.
El estudio "El Panorama del Empleo 2026" revela que el 54 % de las empresas en México recurre a estas prácticas anticompetitivas. No se trata de un problema menor, las cláusulas de no competencia y los pactos de no contratación entre empresas de la competencia no sólo limitan la movilidad geográfica del trabajador, sino que, como lo señala el informe, asfixian su poder de negociación.
Cuando una persona sabe que su salida potencial está bloqueada por un acuerdo entre empresas, su capacidad para pedir un aumento o mejores condiciones se desvanece. El resultado es una fuerza laboral cautiva, atada a un empleo no por méritos o satisfacción, sino por la falta de alternativas reales.
El daño, sin embargo, no se limita al bolsillo del trabajador, la OCDE es clara al proyectar que un incremento del 10 % en estas prácticas podría reducir en 1.9 % la productividad laboral del sector. Esto se debe a que el talento, al no poder fluir libremente hacia las empresas más dinámicas y productivas, se estanca.
La economía pierde eficiencia, la innovación se resiente y el país se vuelve menos atractivo para la inversión. Es un círculo vicioso: empresas de baja productividad retienen a su personal con acuerdos restrictivos en lugar de competir ofreciendo mejores salarios y condiciones, lo que a la larga las hace aún menos competitivas.
Lo más preocupante es que estos acuerdos son más frecuentes en organizaciones de menor tamaño y salarios más bajos, es decir, quienes menos tienen para defenderse, los trabajadores de empresas pequeñas con menor poder sindical, son los más expuestos a estas prácticas.
La OCDE documenta que los trabajadores sujetos a cláusulas de no competencia ascienden aproximadamente tres percentiles menos a lo largo de 25 años de carrera, esto significa que una persona puede ver truncado su crecimiento profesional y salarial a largo plazo, no por falta de capacidad, sino por un pacto oscuro entre su empleador y la competencia.
Mientras la OCDE advierte, Durango ya enfrenta una crisis de movilidad profesional por otras razones, la entidad registra una tasa de informalidad que supera el 51 %, y algunas fuentes la sitúan incluso por encima del 60 %, lo que implica que más de la mitad de los trabajadores carecen de prestaciones, seguridad social o estabilidad. Esta condición, de por sí, limita severamente el poder de negociación de los trabajadores, quienes aceptan empleos mal remunerados ante la falta de alternativas formales.
El fenómeno del estancamiento salarial que describe la OCDE se refleja en las cifras locales. El ingreso promedio mensual en Durango ronda los 7 mil 500 pesos, casi mil 800 pesos menos que la media nacional.
Esta situación se agrava en el sector manufacturero y maquilador, donde, pese a un ligero incremento en la contratación durante el primer bimestre de 2026, las remuneraciones totales cayeron un 1 % y los sueldos y salarios disminuyeron 0.8 %, es decir, se genera empleo, pero con menor poder adquisitivo, un síntoma claro de esa pérdida de capacidad de negociación que la OCDE atribuye a los acuerdos anticompetitivos.
La OCDE exhorta a las autoridades mexicanas a mantener un enfoque sostenido en el cumplimiento normativo, esto no es un simple consejo técnico; es una demanda de justicia económica. No basta con que la ley exista en el papel, como ocurre actualmente.
Se requieren mecanismos efectivos de vigilancia, sanciones ejemplares que disuadan a las empresas infractoras y, sobre todo, una cultura de denuncia que proteja a los trabajadores que alcen la voz.
La suspensión salarial y el freno al desarrollo profesional no sólo perjudican a la fuerza laboral, sino que condenan a México a una economía de bajo crecimiento y menor innovación.
La competencia no debe ser un eslogan; debe ser el motor que permita a cada trabajador y a cada empresa alcanzar su máximo potencial.
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