• Cabildo aprueba nueva tarifa con fuerte impacto económico sobre familias trabajadoras
El pasado 6 de octubre el Cabildo de La Paz aprobó por unanimidad el aumento a la tarifa del transporte público, de doce a dieciséis pesos en la modalidad urbana, colectiva y Tiburón Urbano, y de doce a dieciocho pesos en la ruta suburbana El Centenario-Chametla.
El dictamen entró en vigor el trece de octubre tras su publicación en el Boletín Oficial número 81 del Gobierno del Estado.
El aumento es de cuatro pesos, pero representa un 33 % de golpe al bolsillo. Para una familia trabajadora que toma dos camiones diarios, son 128 pesos más al mes por persona.
Para un estudiante que va y viene a la universidad, son 160 pesos más. Las autoridades justifican el incremento con el mismo discurso de siempre: combustible, refacciones, llantas, seguros y salarios.
El director de Movilidad, Francisco Ramírez Robles, reconoció que no es para comprar unidades nuevas, sino una "medida de emergencia para asegurar la subsistencia del servicio". Y ahí está la clave; el parque vehicular pasó de 200 unidades a entre 85 y 100 camiones circulando.
El sistema colapsó por falta de inversión y planeación municipal. En lugar de que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad de garantizar movilidad como derecho, le traslada la crisis al usuario.
Se hicieron mesas de trabajo en julio y agosto, encuestas en paradas, reuniones con concesionarios desde marzo. Pero no se hizo lo más importante: consultar de verdad al pueblo que paga el camión.
Antorcha considera que el transporte no debe verse como un negocio privado subsidiado por el pueblo, sino como un servicio público estratégico.
La alcaldesa Milena Quiroga dijo en enero de este año que no habría aumento en 2026. Nueve meses después, el aumento se aprueba por unanimidad, incluyendo votos de los diferentes partidos y todas las fracciones.
Cuando se trata de afectar al pueblo, todos se ponen de acuerdo. Además, la condicionante impuesta a los concesionarios —respetar rutas, horarios y modernizar el cobro con tarjeta electrónica— ya era su obligación legal desde hace años.
No es una conquista, es lo mínimo que deberían cumplir. Desde el Movimiento Antorchista de Baja California Sur no nos oponemos a que el transportista tenga una ganancia justa.
Nos oponemos a que la solución siempre sea cargar el costo al que menos tiene. Antorcha considera que el transporte no debe verse como un negocio privado subsidiado por el pueblo, sino como un servicio público estratégico.
Si el municipio no puede sostenerlo, debe crear un sistema municipal fuerte, con más unidades del Tiburón Urbano, si esta fuera la solución, con subsidio directo y transparente, y no dejar morir al transporte tradicional para luego rescatarlo con aumentos.
Mientras el salario mínimo no alcanza, mientras los estudiantes pagan ocho pesos con credencial que muchas veces no les respetan, aumentar 33 % la tarifa sin mejorar realmente el servicio es algo antipopular. ¿Qué propone Antorcha?
Auditoría pública real a los costos de los concesionarios.
Ampliación real del transporte urbano y rural con tarifa social congelada.
Creación de un bono de transporte para estudiantes, adultos mayores y trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos.
Porque mover a La Paz no debe costar más; debe costar menos y servir mejor. Eso es luchar por fraternidad y por justicia.
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