En la madrugada del 5 de agosto de 2025, la historia reciente de Oaxaca se volvió a manchar de violencia. Un grupo de veinte hombres armados irrumpió por segunda vez en el Albergue Estudiantil “Villas de Monte Albán”. No solo destruyeron pertenencias, sino que también saquearon una tienda que pertenece al Movimiento Antorchista.
Este ataque no fue un incidente aislado; fue el tercer episodio de una serie de agresiones sistemáticas dirigidas a estudiantes de bajos recursos y a organizaciones sociales que luchan por el derecho a la educación. Los tres eventos recientes revelan un claro patrón de persecución política, respaldado por la impunidad.
La reacción de las autoridades municipales ha sido reprimir en lugar de dialogar, un abuso de poder que socava gravemente el estado de derecho.
El 23 de enero, un grupo de porros armados desalojó violentamente a los estudiantes del albergue “Villas de Monte Albán”. A pesar de que hay pruebas en video, nadie ha sido llevado ante la justicia.
Luego, el 26 de abril, policías municipales de Miahuatlán, siguiendo órdenes directas del alcalde César Figueroa Jiménez, desalojaron ilegalmente a jóvenes del Albergue “Juan Manuel Celis Ponce”, ignorando un comodato que protegía a los residentes. Finalmente, el 5 de agosto, el ataque armado y el saqueo en “Villas de Monte Albán” ocurrieron ante la pasividad cómplice de la Policía.
No se trata sólo de actos vandálicos. Son ataques bien planificados con el fin de desanimar a la organización estudiantil (FNERRR) y silenciar a quienes luchan por justicia y derechos básicos. La reacción de las autoridades municipales ha sido reprimir en lugar de dialogar, un abuso de poder que socava gravemente el estado de derecho.
La responsabilidad es evidente. César Figueroa Jiménez, el presidente municipal de Miahuatlán, se presenta como el principal responsable de los desalojos ilegales, incluso ignorando un amparo judicial que favorecía a los estudiantes.
No es menos preocupante el silencio del gobernador Salomón Jara Cruz, quien el 13 de agosto mantuvo las puertas del Palacio de Gobierno cerradas a los líderes estudiantiles que pedían una audiencia.
Ante la impunidad, el Movimiento Antorchista y la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) han lanzado una campaña a nivel nacional. El 13 de agosto ofrecieron una conferencia de prensa donde presentaron documentos que respaldan la legalidad de los albergues y anunciaron un plan de acción que incluye una marcha en Oaxaca el 23 de agosto y una movilización en el Zócalo de la Ciudad de México a principios de septiembre.
Sus demandas son claras: la devolución inmediata de los albergues que les fueron quitados, castigo para los responsables de las agresiones, tanto materiales como intelectuales, y una auditoría de los 35 millones de pesos de fondos federales cuyo uso es incierto.
Los albergues estudiantiles son mucho más que simples residencias. Son espacios que ofrecen alimentación, cultura y deporte a jóvenes en situación de pobreza, representando una oportunidad para un futuro digno. Criminalizarlos es como atacar el derecho a la educación y condenar a la juventud marginada al abandono.
La represión en Oaxaca es una señal de alarma. No sólo pone en riesgo a los estudiantes de hoy, sino que también establece un precedente peligroso para todos los movimientos sociales en el país. Defender el derecho a la educación es, en esencia, defender el futuro de México. La solidaridad es fundamental. Como bien advierten los propios estudiantes:
“Hoy somos los jóvenes de Oaxaca; mañana podrían ser los de cualquier otro estado. No claudicaremos”.
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