Lo anunciaron como un acto inédito. Como el día en que el pueblo mexicano, por fin, tendría en sus manos el futuro del Poder Judicial. La “primera elección judicial” en la historia del país se llevó a cabo este domingo con bombo y platillo… y un silencio ensordecedor en las urnas.
La elección judicial fue, más que una fiesta democrática, una coreografía diseñada desde los partidos para legitimar con votos la captura de un poder que debería permanecer independiente.
¿El resultado? Una participación ciudadana raquítica, boletas que confundieron más de lo que orientaron, y miles de votos emitidos bajo presión o conveniencia partidista. Es decir, una elección “histórica” en forma, pero profundamente simulada en fondo.
Partamos del dato más contundente: menos del 13 % de los ciudadanos llamados a votar acudieron a las urnas, según cifras preliminares del INE. De los casi 100 millones de mexicanos con derecho a decidir, apenas uno de cada diez ejerció ese derecho en esta jornada.
Y de ese porcentaje, ¿cuántos lo hicieron realmente informados, convencidos, en plena libertad? Muy pocos.
Porque lo que presenciamos fue, más que una fiesta democrática, una coreografía diseñada desde los partidos para legitimar con votos la captura de un poder que debería permanecer independiente.
Pero no nos confundamos: esta elección no fue un ejercicio genuino de democracia participativa, sino una estrategia para consolidar el control político sobre el Poder Judicial.
¿Qué ciudadano común tiene los elementos suficientes para elegir entre candidatas y candidatos —en total a 881 cargos federales, desde jueces de distrito hasta ministros de la Suprema Corte— sin una campaña informativa, sin debate público, sin criterios claros sobre su trayectoria?
Seis boletas, decenas de nombres, miles de plazas en juego. A ojos cerrados, a la suerte o al servicio de un partido. Así votaron muchos. O así los hicieron votar.
Lo más grave es que este diseño electoral no nació de una exigencia popular, sino de un cálculo político. La narrativa del “pueblo eligiendo a sus jueces” suena bien en los discursos, pero en la práctica abre la puerta a lo contrario: a que los partidos impongan sus fichas en el tablero judicial bajo el disfraz de la voluntad popular.
No se trata de negar la necesidad de reformar el Poder Judicial. Porque sí, necesita aire nuevo, mayor rendición de cuentas, menos élites blindadas. Pero entregarlo al vaivén de los partidos es como apagar un fuego con gasolina.
Muchos de los votantes de esta elección no votaron por convicción, sino por coacción. Empleados públicos con jefes encima, estudiantes con “recomendaciones” institucionales, líderes vecinales operando para asegurar el “bono” electoral.
La presión no siempre es explícita, pero se siente. Y eso deslegitima aún más los resultados.
Porque si el 13 % votó, pero dentro de ese 13 % una parte lo hizo sin libertad, entonces ¿cuánto apoyo real tienen los nuevos jueces y magistrados electos? ¿Qué tan legítimo es un Poder Judicial que nace ya condicionado por intereses externos?
También está el problema estructural: votar no es sinónimo de democracia. Elegir jueces como si fueran diputadas o presidentes borra la diferencia fundamental entre poderes.
El Poder Judicial no debe buscar popularidad ni votos; debe garantizar la legalidad, aun contra la mayoría. Su papel no es complacer al electorado, sino proteger derechos, frenar abusos, controlar excesos del poder.
Al convertirlo en una arena electoral, lo estamos desnaturalizando. Lo convertimos en botín, en cuota, en extensión de las mayorías.
Lo que debió ser un proceso técnico y meritocrático, con concursos públicos, exámenes, evaluación de trayectorias, se volvió una contienda simbólica, pero vacía.
No hay mecanismos para evaluar la idoneidad de los candidatos. No hay filtros reales, más allá del respaldo político.
¿Quiénes son los nuevos jueces? ¿Qué criterios se usaron para proponerlos? ¿Qué garantías tenemos de que sabrán aplicar la ley y no el capricho de quien los impulsó?
Nadie lo sabe. Y nadie lo exige. Porque el espectáculo de la votación ya fue suficiente para maquillar la intención real.
El riesgo no es menor. Si el Poder Judicial pierde su independencia, ya no habrá freno ni contrapeso posible. Y sin contrapesos, cualquier régimen, aunque tenga votos, se convierte en autoritario.
Lo vimos en otros países: primero se cuestiona a los jueces por sus privilegios, después se los sustituye por afines, y finalmente se impone una justicia obediente, leal al partido en turno. Una justicia domesticada.
No necesitamos más feudos judiciales, es cierto, pero tampoco una corte de aplaudidores con toga.
¿Dónde quedó la ciudadanía crítica? ¿Dónde los foros de discusión, el periodismo explicativo, la pedagogía pública sobre el sentido de esta elección?
La apatía no es casual: es consecuencia de un proceso mal planteado, de una sociedad harta y de una clase política que no quiere formar ciudadanos, sino electores útiles.
Votar sin saber por quién ni para qué no es participación: es obediencia disfrazada. Y esa obediencia, cuando se normaliza, se convierte en sumisión.
No, no fue una elección histórica. Fue una escenificación cuidadosamente montada para legitimar un cambio profundo en las estructuras del poder. Y como toda escenificación, lo importante no es lo que ocurre, sino lo que aparenta.
Habrá nuevos nombres en la Suprema Corte, nuevas caras en los tribunales, pero si llegaron por designio partidista, no por mérito ni vocación, el resultado será el mismo: más justicia al servicio del poder y menos poder al servicio de la justicia.
Lo histórico, entonces, no fue la votación. Lo histórico será lo que venga después: la captura o la resistencia del Poder Judicial. La ciudadanía ausente o la ciudadanía que despierta.
Porque si esta elección fue una simulación, lo que sigue no puede ser una resignación. Al contrario: es momento de levantar la voz, de exigir transparencia, de volver a politizar, en el mejor sentido, la defensa de la legalidad.
Porque sin jueces libres no hay democracia posible. Sólo el eco vacío de una urna manipulada.
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