Quiero dejar sentado, de principio, que soy total y absolutamente inexperto sobre cuestiones de derecho, por lo que seguramente este artículo adolecerá de errores en una interpretación rigurosa de la Ley, pero, de lo que sí estoy plenamente seguro es que la interpretación que hago de los sucesos que tienen que ver con el derecho y que motivan este artículo no anda muy lejos de la dura y terca realidad.
Por todos es sabido que el presidente de la República canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), pasando sobre los contratos, que las compañías constructoras signaron con el Gobierno Mexicano pasado. Sería muy tedioso entrar a analizar cada uno de los puntos acordados que, con la cancelación del aeropuerto, violó el presidente de la República actual. Pero es incuestionable que Andrés Manuel López Obrador atropelló las reglas elementales que rigen el comercio internacional. La prueba de lo que aquí aseveramos es que, para evitar una controversia legal ante tribunales internacionales que de antemano tenía perdida, el presidente López Obrador tuvo que indemnizar a los inversionistas con una suma de dinero superior a 4 mil 200 millones de dólares de los llamados bonos verdes que deberemos seguir pagando aunque no se haga el aeropuerto, deuda que deberá pagarse durante los siguientes 20 años. Esto equivale a 84,000 millones de pesos, suma con la cual podrían construirse más de 100 mil aulas.
El presidente de la República intenta iniciar la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, sin cumplir las normas que el propio gobierno instituyó para obras de ese tipo, tales como estudios de impacto ambiental, estudios que prueban la mínima afectación a los ecosistemas, proyecto ejecutivo y otros. El incumplimiento de estas normas por parte de quien tiene la obligación de velar por su fiel cumplimiento, es estar violentando el Estado de Derecho por quien, por mandato constitucional, tiene la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir. La aplicación discrecional de la ley es el camino más seguro para llevar al país a la anarquía.
La construcción del Tren Maya adolece de los mismos incumplimientos normativos, y se intenta resolverlos con los mismos métodos con que se busca resolver las lagunas técnico-administrativas de la refinería de Dos Bocas: con la fuerza del poder.
Hay más casos. Sirvan como ejemplo los atropellos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el despido injustificado de personal de dependencias que son sostén político-jurídico del Estado mexicano, tales como el INE, Reforma Agraria, Salud, Agricultura, Policía Federal y otras, que se les tiene en total inoperancia, con miles de trabajadores en la calle sin poder ejercer sus derechos sindicales y sin encontrar trabajo para llevar el sustento a casa, y mil etcéteras más demuestran que es una constante en el actuar del gobierno la violación al Estado de Derecho.
Basados en los artículos V y VI de la Ley de Amparo, organizaciones civiles tales como "Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad", solicitaron amparos para evitar la ejecución de los proyectos arriba mencionados, sin antes cumplir con las normas establecidas y sin antes reparar los perjuicios causados al derecho atropellado.
El otorgamiento de amparos a las organizaciones civiles, que concede la suspensión del acto reclamado, tiene fuera de sí al presidente de la República, quien ha hecho aparecer en sus conferencias mañaneras la conducta de los organizaciones quejosas y de los jueces que otorgaron los amparos, como un "compló" contra las acciones gubernamentales, y amenazó con dar a conocer los nombres de los juzgadores y de enviar una queja contra su actuar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyendo que "lo hace porque no puede quedarse callado sabiendo las cosas", pero que él es "respetuoso de la división de poderes y del Estado de Derecho".
Por lo hasta aquí descrito, salta a la vista que su última aseveración es una gran falsedad, dicha en público por la más alta autoridad del país.
Queda perfectamente claro que la protesta presidencial contra los amparos concedidos es una grosera violación al Derecho de Amparo de quienes, en el ejercicio de sus derechos, solicitan la protección de la justicia federal, y es una descarada amenaza a los juzgadores quienes, en ejercicio de sus funciones, otorgan ese derecho a los solicitantes en primera instancia y, posteriormente, lo confirmarán o negarán de manera definitiva, si las pruebas aportadas dan elementos para ello.
Oponerse al debido proceso tutelado por la Carta Magna en el artículo XIV (como intenta hacerlo el presidente de la República), es querer evitar el acatamiento a las disposiciones legales. Argüir boicot contra las decisiones de su gobierno es una manera tramposa de encubrir sus intentos de someter al poder judicial a la voluntad del ejecutivo, confirmando con ello que al frente del país tenemos un presidente autócrata, es decir, a un ciudadano que pretende que su palabra sea la Suprema Ley.
No se argumentan ni aportan pruebas suficientes que demuestren que el fallo de los jueces no esté apegado al estricto derecho. Se les descalifica y se les amenaza porque su decisión, aunque esté apegada a Derecho, contraviene la voluntad y los intereses del presidente López Obrador. Esto se confirma cuando, en lugar de demostrar las supuestas falsedades en las que se funda la decisión de los jueces, se esgrimen afirmaciones que muy difícilmente podrían demostrarse y más difícilmente aún comprobarse, como "boicot" y "complot". Para que el presidente demuestre que respeta el Estado de Derecho, lo sano y lo saludable para el país es que subsane las deficiencias que dieron origen al amparo y, posteriormente, respetar la decisión última del Juez de la causa, sea contraria o a favor. Ya tendrá tiempo y dinero para hacer valer lo que a su derecho convenga. No hacerlo así es abusar del poder para avasallar otros poderes, es no respetar la división de poderes, es no sujetarse al Estado de Derecho, es querer imponer fallos que favorezcan intereses, caprichos e imposiciones del gobernante morenista.
Por tanto, el presidente no le habla con verdad al pueblo. No respeta el Estado de Derecho. Fingiéndose ofendido y haciéndose aparecer como el mártir, como víctima de sus críticos políticos y del poder judicial, ha encontrado la manera más fácil y efectiva de echar la culpa de sus malas decisiones, de los problemas económicos y del caos social y político que vive el país, a la conformación de un complot y un boicot a las decisiones "revolucionarias" de su gobierno.
Busca, con estas expresiones, explotar el sentimentalismo de la gente para ocultar el fracaso que está viviendo su gobierno y seguir llevando a la nación, sin reclamos ni protestas, a la anarquía absoluta. El ambiente político del país está contaminado, la renuncia de funcionarios, como el de Hacienda, prueba lo equivocado de la política presidencial en todos los terrenos: económico, político, educativo y social. Nada más que el comandante del barco cree que los culpables de que el barco esté haciendo agua son los marineros. Por eso, todos los esfuerzos, opiniones y críticas de buena fe que se hacen para sacar a flote la embarcación, son infructuosos ante la actitud caprichosa y autosuficiente del capitán del barco.
Por eso me atrevo a afirmar que el presidente no le habla con verdad al pueblo. Que la debacle nos agarre confesados.
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