Más de un año se cumple ya, de que la autonombrada Cuarta Transformación (4T) del gobierno federal morenista, sus consortes y corifeos gratuitos, brotaron tumultuosamente en Colima afirmando a todo pulmón, sin más prueba que su propia saliva, que, ahora sí, a diferencia y muy al contrario de todos los gobiernos conservadores priistas, panistas y todos cuantos hayan existido en el pasado, ellos traerían la buena nueva y la salvación para todos los pobres y desamparados de todo el estado. Tomaron el Congreso local como su púlpito principal y desde ahí, comenzaron a discutir, ordenar, descalificar, condenar y "reinventar" todo, o casi todo, conforme a su ideal nuevo, único e infalible.
Y así llegamos a la nueva era. Los adláteres del nuevo gobierno federal quieren cambiar todo lo que huela a viejo gobierno, porque para ellos todo eso - menos ellos -, es mafia, "fifí", conservador y corrupto. Pero ni modo, así es el paroxismo de los que prueban las mieles del poder por primera vez. A los espectadores desprejuiciados, sólo nos queda esperar a que pase la tormenta, deseando que los daños sociales al estado no sean mayores a todo aquello que estos señores dijeron querer componer.
Y aquí es donde entra el tema que hoy quiero desarrollar. Desde el Congreso estatal, y merced a la mayoría morenista con la que empezaron los Diputados, se han estado tomando ahí, medidas que se busca aplicar a la administración priista del Gobierno del Estado. Así fue como vimos un supuesto plan de austeridad, limitando los "gastos innecesarios" de las Secretarias del Gobierno; vino luego la propuesta de descuento universal, en los pasajes de transporte para todos los estudiantes de todos los niveles, donde no se dijo nunca cómo ni con qué recursos se subsidiaría tal descuento; supimos luego del intento para modificar la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, donde tampoco nos dijeron, con suficiente sustento, en qué consistían tales modificaciones; y al finalizar el año, vimos otro manotazo más, mismo que significó un descuento muy considerable al presupuesto del estado destinado a salarios y aumentos de los mismos, con lo que respondió el Gobernador, despidiendo a 600 - y tal vez más -, trabajadores de contrato. Desde luego que las "medidas" son muchas más, pero no me detengo para no volver farragoso mi trabajo. Pero lo que nunca vimos ni por asomo, fue la atención al importante y gravísimo problema de la falta de vivienda suficiente, para todos los colimenses en situación de pobreza.
La falta de vivienda para los pobres ya era un problema de muchos años. En el año 2016, el INEGI difundió un Panorama sociodemográfico del estado, producto de la Encuesta Intercensal 2015; aquí se nos dijo que 81 mil 276 viviendas particulares habitadas en todo el estado, es decir, el 39.6 por ciento del total, no eran propiedad de quienes las habitaban; de ellas, el 24.1 por ciento son rentadas y el 13.8% son prestadas o de un familiar. Si en el informe se dice que el promedio de ocupación por vivienda era de 3.5 habitantes por cada una, entonces sabíamos que eran más de 284 mil 466 los colimenses que padecían ya, desde entonces, este grave problema. Pero los casos más preocupantes del estado son Manzanillo y Tecomán. En el primer caso, el 42.7 por ciento de las viviendas particulares habitadas no son propiedad del que las habita, son 22 mil 317 las viviendas y 78 mil 109 los manzanillenses afectados; el segundo caso representa el 45.8 por ciento de viviendas en esta situación, son 14 mil 417 viviendas y 54 mil 784 los tecomenses afectados.
Por eso digo, que si el nuevo gobierno federal y sus representantes en Colima, llegaron como ellos mismos dicen, como la bendición que necesitaban los pobres colimenses, ¿no debería ser entonces, el problema de la falta de vivienda popular, uno de los grandes pendientes de todo su quehacer político?, ¿Cuándo veremos discutir a los Diputados, así como gustan hacerlo entre ellos, en beneficio de la vivienda popular?
Pero nada bueno en materia de vivienda popular hemos visto en lo que va, de la llegada de la "esperanza de México" al gobierno del país, y mucho menos al Congreso de Colima. A mediados del año pasado, el director del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del estado, el Arquitecto Pedro Ureña Moctezuma, salió a declarar a los medios que para el año pasado, sólo había disponibles 9 millones de pesos de subsidio federal para acciones de vivienda, "no van a ser suficientes, recordando que el año pasado [el 2018] en subsidios en todos los programas que se manejaron fue por cerca de 70 millones de pesos" (El COMENTARIO, 20/06/19), así declaró el funcionario estatal. Pudieran decir que en el año que comienza la situación cambiará, pero, por todo lo que ya hemos visto, yo sinceramente lo dudo.
Pero líneas arriba dije que el problema de la falta de vivienda para los pobres no es nuevo. En Colima, casi desde la fundación del Movimiento Antorchista, este ha sido uno de los temas permanentes y prioritarios que han contenido los pliegos petitorios que cada año hemos llevado a todos los gobiernos. ¡Terrenos y vivienda para el que no los tenga! así dice una de nuestras consignas de lucha, y hasta hoy, poco caso se nos ha hecho. Pero no importa, tenemos la razón porque, aunque no lo quieran, el problema crece y la demanda también.
En un trabajo anterior a este, escribí que los antorchistas estamos convencidos que, tal como enseña la historia, las grandes transformaciones sociales las hacen las masas populares, y estamos muy seguros que la vivienda popular es una de estas grandes transformaciones que urgen. Desde que inició la gestión del licenciado José Ignacio Peralta, los antorchistas nos propusimos participar económicamente para comprar reserva territorial para los pobres; juntar nuestras miserias puede que no les signifique mucho para quienes manejan los millones del erario, pero significaría mucho más si existiera, cuando menos, un poco de voluntad política de quienes se dicen representar los intereses de las grandes masas populares del estado.
Resolver el problema de la falta de vivienda para los pobres urge, y quienes no lo vean o se nieguen a verlo, pagaran caro con el fracaso de sus aspiraciones políticas cuando llegue el momento. Ya no está lejos el momento cuando los colimenses sin vivienda les cobren la factura a todos lo políticos que prometen y luego sínicamente no cumplen. Al tiempo.
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