Por ley, todos los mexicanos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos que ejerce el gobierno; así lo establece el artículo 31 de la Constitución General de la República y el artículo primero del Código Fiscal de la Federación, y conforme a estos preceptos legales, debemos pagar tributos o impuestos. ¿Cuáles son estos y por qué razones se deben pagar? Por los ingresos que obtengas por vender o enajenar bienes o prestar un servicio, otorgar o adquirir un crédito, por trabajar, por comprar bienes o servicios (entre estos, luz, agua, drenaje), por comprar gasolina, gas o combustible, por consumir una bebida refrescante, un dulce, es decir, por todo pagamos impuestos; llámense impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, impuestos sobre nómina, impuesto predial, entre otros muchos.
Los ingresos obtenidos por estos rubros, el gobierno debe invertirlos o utilizarlos en los gastos públicos ¿cuáles? Los servicios que necesita la sociedad para satisfacer necesidades de carácter colectivo: suministro de agua potable, energía eléctrica, salud, educación, seguridad social, servicios administrativos, construcción de caminos y carreteras, etcétera.
En la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020 se contempla un ingreso de 6 billones 96 mil 335 millones de pesos; de los cuales el rubro más importante es el impuestos que representa un 57%; seguido del concepto de ingresos por venta de gasolina y cobros por consumo de luz que representan un 17% (sin considerar aquí el IVA y el IEPS que se paga por esos combustibles incluido ya en impuestos); ingresos por financiamiento interno 9.6% y por transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 6.7%; estos rubros representan el 90.3% de los ingresos programados.
De este breve resumen y del fundamento que subyace en la obligación de contribuir al desarrollo de la sociedad, se entiende que los recursos del erario deben invertirse para beneficio del colectivo; de una revisión del gasto que presupuestó el gobierno federal para el próximo año, se observan significativos recortes al gasto público en tres dependencias de gobierno: Comunicaciones y Transportes por 12 mil 180 millones de pesos (18% menos que el año pasado); Desarrollo Agrario Territorial y Urbano por 7 mil 815 millones (menos un 41%) y Agricultura y Desarrollo Rural por mil 918 millones (29.3% menos).
Los recortes a estas tres dependencias afectan el crecimiento de la economía, pues imposibilita la conservación y modernización de caminos y carreteras; propicia el aislamiento de las comunidades rurales y obstruye la distribución de mercancías; en la SEDATU desaparece la posibilidad de subsidios para vivienda popular y el último, en la SADER se afecta al sector primario que comprende actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la pesca, la silvicultura y la explotación forestal; sector que genera los alimentos y las materias primas para la industria.
En contrapartida a la Secretaría de Bienestar le aumentaron el presupuesto en 22 mil 485 millones de pesos, lo que significa que se reduce el presupuesto para la producción, creación de infraestructura y generación de empleos y se destina para el consumo, entregados a través de las transferencias monetarias directas (léase tarjetas bienestar) que como ya vimos este año no generaron crecimiento económico ni representó la tabla de salvación de las necesidades de la población.
Se sacrifica el crecimiento económico y el desarrollo del país por programas clientelares que tienen como objetivo comprar conciencias aprovechándose de la pobreza de los mexicanos para perpetuarse en el poder.
El multicitado plan de presupuesto resultó ser una verdadera caja de pandora, pues en una muestra de incongruencia, mientras le disminuyen drásticamente la asignación de recursos a dependencias importantes, aumentan el presupuesto para las Cámaras de Diputados y Senadores en 463 millones de pesos; además, olvidándose distraídamente de la "austeridad republicana" y sin considerar el nulo crecimiento de la economía del país, decidieron aumentarse el aguinaldo en un 50%, pasando de 140 mil a 210 mil pesos por diputado para el próximo año; ¡total, hay que engrasar la maquinaria para que aprueben el plan del presupuesto de egresos sin modificar ni una coma!
Esta situación es grave y demuestra la aplicación de una política irresponsable porque la ley de ingresos contempla endeudamiento interno, que se cubrirá a través de la emisión de instrumentos financieros (Cetes, Bondes y Udibonos), por el Banco de México para cubrir el presupuesto de ingresos, contradiciendo el compromiso de no endeudar más al país.
Ante esta nefasta confabulación entre el poder ejecutivo y el legislativo en contra del pueblo, las protestas de organizaciones campesinas no se hicieron esperar; 10 mil integrantes del Movimiento Antorchista permanecieron en pie de lucha durante 11 días frente al palacio legislativo y los diputados federales y presidentes municipales antorchistas elevaron su protesta en la propia tribuna de la Cámara de Diputados, honrando el valor cívico del licenciado Eduardo Neri Diputado en 1913, llevando la voz del pueblo humilde a la máxima tribuna del país y dejando asentado el compromiso de seguir luchando por la consecución de las demandas más sentidas y justas del pueblo; sí el gobierno no atiende y resuelve, entonces se dará la lucha por el poder político para que desde ahí, se instrumente una nueva política económica que genere empleos para todos con salarios bien remunerados; que aplique una política fiscal progresiva en la que pague más impuestos quien gane más y que se aumente el gasto social para beneficio de las clases trabajadoras. ¡Todo eso, para bien de México y los mexicanos!
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