El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación está por aprobarse en la Cámara de Diputados. Más del 60 por ciento del presupuesto federal se destinará a los sectores que son políticamente rentables para la autobautizada "Cuarta Transformación". ¡Y vaya que lo necesita!, porque la aprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha caído estrepitosamente desde los hechos ocurridos en Culiacán, pasando por la tragedia de la familia Lebarón, la estigmatización de periodistas y el Ejército, el bajo crecimiento económico, la llegada de una partidaria y admiradora del titular del Ejecutivo federal, Rosario Piedra Ibarra, a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta el asilo político otorgado a Evo Morales, después del golpe de Estado en Bolivia.
Según datos estadísticos de Consulta Mitofsky que evalúa la aprobación diaria del Presidente, el día jueves 14 de noviembre de 2019 obtuvo 58.3 por ciento de aprobación, muy lejos del 67.1 por ciento de febrero y lejos del 60.4 por ciento obtenido hace 15 días. Es decir que, de febrero al 14 de noviembre, el porcentaje de mexicanos que aprueba a López Obrador se desplomó 8.8 por ciento. Error tras error, y sufriendo la presión del factor tiempo, que deja al descubierto la inviabilidad de sus proyectos insignia, la popularidad del Presidente va en caída libre y sin paracaídas. En este marco gris, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, como parte del Paquete Económico 2020, que en teoría tendrán que conocer, discutir y, en su caso, aprobar las fracciones parlamentarias. La característica de este presupuesto que establece cómo se distribuirá el gasto público el próximo año preocupa y ocupa a millones de mexicanos pobres que no lograrán mejorar sus condiciones de vida.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en el gasto público 2020 se sacrifican los sectores económicos a costa de combustibles y energía, siendo la Secretaría de Energía y la Secretaría de Bienestar a las que más recursos se asignan. En el gasto programable, es decir, el destinado a proveer bienes y servicios a la población, representa el 72 por ciento del gasto público total, mientras que el gasto no programable representa el 28 por ciento, destinado a las obligaciones legales y compromisos anteriores, tales como las aportaciones a las entidades federativas y municipios, deuda y saneamiento financiero. El 60.9 por ciento del gasto programable está destinado al desarrollo social, el 30.6 por ciento al desarrollo económico y el 8.5 por ciento al gobierno. Las principales reducciones se presentaron programas agrícolas, comunicaciones y transportes, protección ambiental, participaciones y atención a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, la inversión pública en infraestructura para el año 2020 es de 364 mil 582 mdp, menor en 5 por ciento con respecto al PEF 2019. El gasto en inversión pública se concentra en PEMEX y CFE, resultando severamente afectada la inversión en infraestructura para los rubros de salud y educación por el reducido presupuesto asignado.
Por otra parte, de los 18 programas prioritarios del gobierno federal, a 12 de ellos les pasaron las tijeras y solo 6 presentaron un aumento de presupuesto para 2020. Estos incrementos se concentran en el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y el Programa Sembrando Vida; mientras que los recortes más significativos se hicieron al Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Crédito Ganadero a la Palabra, a las Provisiones para el rescate y rehabilitación del Lago de Texcoco y al Programa de Microcréditos para el Bienestar.
El país no logra salir del atolladero en el que se encuentra, y a unos días de cumplir una año de su mandato, el Presidente decidió mantener y fortalecer los programas que son políticamente rentables en detrimento de desarrollar y fortalecer la economía nacional por medio de la inversión pública que genere más empleos y mejore las condiciones de vida de los mexicanos. Sus proyectos insignias como la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, aunque son inviables, López Obrador persiste en su materialización, más como una bandera política que como un detonador de la economía del país. La cobija presupuestaria no alcanzó para mantener a flote ni siquiera los propios programas impulsados por la "Cuarta Transformación". Los supuestos ahorros generados por el combate a la corrupción no aparecen por ningún lugar, pero sí dejó una estela de destrucción a su paso: desapareció programas como el Prospera, Estancias Infantiles, Seguro Popular, Comedores Comunitarios, que beneficiaban a millones de mexicanos humildes y despidió a miles de servidores públicos competitivos. El razonamiento del Ejecutivo federal para distribuir el gasto público de 2020 fue el siguiente: si el programa sirve políticamente y se traduce en votos para la 4ªT, se mantiene y se incrementan los recursos públicos; si no son políticamente viables, se le pasan las tijeras. Y, finalmente, el Poder Legislativo, mostrando su servilismo y en contubernio con el poder Ejecutivo, está por aprobar el PEF 2020 sin moverle un solo ápice. El costo de recuperar los altos niveles de aceptación de la gestión del Presidente, que actualmente registra su nivel más bajo desde su toma de protesta, lo pagará el pueblo trabajador de México.
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