Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, la justicia social es la mayor meta global que se tiene en las sociedades contemporáneas, pues de ello depende la generación de procesos de desarrollo sostenido; en buena medida buscar generar fuentes de empleo y que estos empleos sean pagados acorde para cubrir las necesidades elementales como alimentación sana, que ayude a sostener una salud optima, vivir bien en su entorno primario que permitan como consecuencia garantizar la dignidad y el bienestar para todas las personas. En una crítica muy objetiva y constructiva desde nuestro humilde punto de vista esto nos es posible solo con programas asistenciales por muy eficientemente que se lleven a cabo.
Desde tiempos inmemoriales los líderes de diferentes partes del mundo, han pactado acciones y programas a nivel internacional, dirigidos al combate de la pobreza y a la reducción de la desigualdad en todo el planeta tierra. Respecto del primer tema, los progresos han sido poco menos que modestos, y frente a la segunda, la cuestión ha llegado ya a niveles insostenibles; está claro que no ha funcionado el método donde ahora más que nunca la producción de riqueza es muy basta, solamente que no se reparte. En eso debieran estar pensando todos los órdenes de gobierno en vez de andar disolviendo directa e indirectamente las organizaciones sociales que buscan el bienestar común y que solamente unidos pueden llamar la atención y defenderse dentro de las leyes vigentes en nuestra carta magna.
En efecto, de todos los recursos generados después de la crisis de 2008, Bernardo Kliksberg estima que 50% ha ido a parar a los bolsillos de las mil familias más acaudaladas del planeta tierra; es decir, casi todo sigue siendo para los ricos y casi nada para los pobres, lo que evidencia que aún después de la mayor crisis financiera en los últimos 100 años, poco o casi nada se ha modificado estructuralmente a favor de los más pobres de este planeta, tan rico y basto en materias primas.
Esto puede afirmarse, sobre todo si se considera que la Cumbre de Copenhague tuvo tres objetivos centrales: a) la erradicación de la pobreza, b) la promoción del pleno empleo y c) el fomento de la integración social, especialmente de los grupos más desfavorecidos.
La pobreza sigue incrementándose igual luego de décadas, resulta sintomático que, respecto del primero de los objetivos mencionados, en México las cosas poco se han modificado en los últimos 22 años. Los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) no dejan lugar a dudas al respecto.
En la medición de la pobreza, en los últimos ocho años, 3.9 millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza; de 49.5 millones de pobres que había en 2008 la cifra aumentó a 53.4 millones en el año 2016, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Lo anterior significa que cada año, se sumaron en promedio, 487,500 mil personas a las filas de la pobreza en el país, siendo los ámbitos urbanos en que en mayor medida se concentran.
En el mundo del empleo de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre del tercer trimestre de 2014 había en el país un total de 52.10 millones de personas mayores de 15 años que formaban parte de la Población Económicamente Activa, de las cuales, 2.28 millones se encontraban en condiciones de desocupación.
De esa suma 1.37 millones vivían en las principales zonas urbanas del país, mientras que los restantes 910 mil 431 habitaban en las zonas menos urbanizadas del territorio nacional.
Del total de personas que trabajan, el INEGI estima que 13.5% obtiene ingresos por debajo de un salario mínimo al día; 24.2% percibe ingresos de entre uno y dos salarios mínimos diarios; 22.2% percibe ingresos que van de los dos a los tres salarios mínimos; mientras que 7.4% no percibe ingresos por el trabajo que desempeñan.
En contraste, el 14.5% de la población ocupada tiene ingresos entre los tres y los cinco salarios mínimos diarios, mientras que únicamente 6.6% de la masa trabajadora tiene ingresos por arriba de los cinco salarios mínimos diarios. Es decir, únicamente 3.27 millones de lo más de 49 millones que trabajan, logran ingresos superiores a los 330 pesos diarios. O bien, un salario de alrededor de diez mil pesos mensuales.
Otro indicador de suma preocupación que da el INEGI, es el relativo a la tasa de ocupación en el sector informal, la cual asciende al 31.8% de la población ocupada; mientras que la de la población que labora en condiciones de informalidad es de 52.8%.
La desigualdad puede ser vista en tres dimensiones: en el ámbito territorial; considerando características etarias de la población, o bien, con base en la pertenencia étnica.
En el primer caso, es relevante sostener que no hay una entidad de la República mexicana en la que no se presenten severos contrastes intermunicipales e intramunicipales.
Por ejemplo, en el estado de Nuevo León, uno de los que presentan menor porcentaje de personas en condición de pobreza, el municipio de Monterrey presentó en el año 2010, un indicador de 21% de sus habitantes en esa condición; en contraste, en el municipio de Mier y Noriega, la proporción estimada por el CONEVAL fue, en el mismo año, de 86.6% de la población. Esto no ha mejorado la realidad allí se encuentra, no se puede "tapar al sol con un dedo", es necesario que el nuevo gobierno a nivel nacional que esta por tomar posesión tome en cuenta, pero muy en serio a la masa depauperada y le dé una buena bocanada de oxígeno en todo el ámbito socioeconómico y que sea mucho más que programas asistenciales, es lo justo y necesario.
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