En días recientes un buen sector de la sociedad mexicana y estadounidense se conmocionó ante la noticia de la brutal masacre que fueron víctimas integrantes de la familia Lebarón en Bavispe, Sonora en los límites con Chihuahua. El saldo dicho ataque fue de nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores de edad. Acto totalmente reproblable y al que, desde esta tribuna, nos sumamos en la exigencia a las autoridades competentes para que impartan justicia de forma pronta y expedita. Ante estos hechos, las más altas autoridades mexicanas y estadounidenses, así como políticos de distintos niveles y otras personalidades han fijado postura, todos reprueban la acción y la brutalidad con que se cometió y claman justicia.
Pues bien, este hecho no es el primero de esta naturaleza que se presenta en nuestro país: Desde hace ya varios años la violencia se ha ido incrementando considerablemente, y este tipo de actos se veía sólo cuando se trababa de problemas entre grupos criminales rivales que recurrían a ellos para imponer "respeto" o temor a sus contrarios; sin embargo, es muy preocupante que lleguen a la sociedad civil sin que las autoridades puedan responder de forma efectiva y oportuna para garantizar tranquilidad y seguridad a los mexicanos.
Hace algunos años se registró un hecho similar en una de las regiones agrarias más pobres de Oaxaca. El día 14 de diciembre de 2013 pistoleros de San Juan Mixtepec, Oaxaca, perpetraron una masacre contra 11 pasajeros a bordo de una camioneta del transporte público, entre hombres, mujeres y niños, que se dirigían al tianguis de Tlaxiaco. "Los asesinos, no contentos con masacrar a todos, le prendieron fuego al vehículo, de modo que los deudos sólo recuperaron restos calcinados y horriblemente desfigurados de sus familiares, un espectáculo dantesco y bestial".
Desde un principio los antorchistas oaxaqueños, sumado a otras demandas, exigieron al gobierno en turno impartir justicia, pero lejos de eso, la respuesta de los funcionarios encargados de "resolver" las demandas antorchistas fue igual de bestial, pues "se mofaron, además, de los asesinatos y de la exigencia de justicia, diciendo que al señor gobernador no le toca resolver eso, ni le preocupa la sangre derramada o que pueda derramarse en el futuro". Así pues, quedaba reflejado el compromiso social hacia sus gobernados y la escasez de humanismo por parte de un gobierno conformado por instituciones políticas supuestamente antagónicas (PAN, PRD, Convergencia y PT).
Pues bien, permítaseme recapitular, grosso modo, los antecedentes de este hecho. Existe un conflicto agrario en el que se disputa alrededor de mil 740 hectáreas, de las cuales, familias campesinas de Santo Domingo Yosoñama eran dueñas, sin embargo, un grupo caciquil de San Juan Mixtepec ha buscado apoderarse de ellas sim importar los medios, incluso el asesinato. Ante esa situación y el desdén de las autoridades para resolver oportunamente y hacer respetar la ley, los campesinos empobrecidos buscaron el apoyo del Movimiento Antorchista, quien de inmediato investigo la situación legal de hecho y prestó apoyo jurídico y encabezó la bandera justa de los campesinos, quienes regularmente son relegados en nuestra sociedad.
El abanderar una causa justa le costó al Movimiento Antorchista la vida de unos de sus cuadros más destacados y comprometidos en el frente campesino y miembro de la Dirección Nacional, Miguel Cruz José. Pero a este se han sumado, además de los asesinatos antes mencionados, muchos más. Siempre gente inocente, campesinos pobres, mexicanos abandonados por sus autoridades, gente por la que nadie clama ni pide justicia.
Han pasado ya casi una década más en este histórico conflicto agrario sin que el Estado mexicano pueda resolver haciendo valer la ley e impartiendo justicia correctamente.
No debe perderse de vista que otro de los ataques sufridos a manos de los caciques de Mixtepec sucedió casi tres años antes del asesinato de los once campesinos. Treinta y nueve pobladores de Yosoñama fueron privados de su libertad por gente de San Juan Mixtepec, capitaneada entre otros por Leonel Martínez Sánchez, en ese entonces alcalde de ese municipio, para obligarlos a entregar las tierras que siempre han trabajado, pero que un juicio amañado ordenaba entregar a Mixtepec. Los secuestrados permanecieron encerrados durante 72 días, hasta que la presión social obligó a sus captores y a sus protectores en el gobierno estatal a liberarlos, muchos de ellos prácticamente al borde de la muerte. De todo ello no hay ninguna investigación seria ni estatal ni federal, y menos algún responsable en la cárcel.
La relación entre ambos escenarios parecería ser inexistente, pero se trata en ambos casos de grupos criminales que operan impunemente ante el "amparo involuntario" de las autoridades en turno al no entrarle enserio al problema e impartir justicia castigando a los criminales conforme lo establece la ley aun y cuando tiene todos los medios para dar con ellos. Desde hace años se asesina impunemente a los campesinos pobres de México, hoy vemos el brutal asesinato de una familia de nacionalidad estadounidense. La violencia cae cada vez más sobre una sociedad que está harta de las injusticias, y esto no abona en nada a un panorama poco alentador para la sociedad.
Considero que las autoridades deberían comenzar a analizar en serio los problemas, atacar las verdaderas causas y dejar de dar paliativos equivocadamente a las consecuencias. Resolver con acciones concretas y dejar de lado la demagogia y la inútil parafernalia matutina que se ha vuelto una constante. Como decían los que saben, el horno no está para bollos. Lo que el pueblo mexicano requiere es un gobierno emanado de sus entrañas, qué sepa lo que le duele y cómo resolverlo, por muy dura que sea la cura en aras de un verdadero bienestar social. Si hacen caso omiso, que se atengan a las consecuencias.
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