MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Los retos de la inseguridad alimentaria en México

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Los hombres se distinguen de los animales por la conciencia, por todo lo que uno quiera; se diferencian de los demás animales porque empiezan a producir sus medios de vida, sus alimentos. El derecho a la alimentación es el que asegura la vida del hombre, su dignidad humana y disfrute de otros derechos. El derecho a la alimentación debe entenderse como la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes, para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas de forma sostenible. Para eso, el Estado debe instrumentar políticas alimentarias certeras que garanticen el mínimo necesario de alimentos en términos cuantitativos y cualitativos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sugiere que un país alcanza la seguridad alimentaria cuando produce el 75% de lo que consume. En México, sólo producimos el 57% de los alimentos que consumimos; importamos el 80% de leche en polvo, el 80% del arroz, 59% del trigo, 94% de soya y 76% de maíz forrajero. Somos el 2º importador en cereales a nivel mundial. Otra agravante es la gran pérdida de alimentos que tenemos; según el estudio del Banco Mundial sobre "Pérdidas y Desperdicios Alimentarios en México", se pierde o desperdicia al año el 34% de los alimentos producidos. Basado en el análisis de 79 alimentos, se calcula un desperdicio de 20.4 millones de toneladas cada año, en éstas destaca la carne de res y cerdo, el camarón, la leche, el aguacate, tomate, la papa y el mango; lo que genera alto impacto ambiental, económico y social.

En el país 24.6 millones de mexicanos viven en condiciones de carencia alimentaria o con algún grado de inseguridad alimentaria (Coneval). Esta carencia es más intensa en grupos de población indígena, discapacitados y menores de edad. Casi una quinta parte de la población se va a dormir sin haber realizado tres comidas diarias. En contraparte, se desperdician 20.4 millones de toneladas de alimentos; si éstos se aprovecharan y se distribuyeran entre la población, se abatiría la pobreza alimentaria en nuestro país.

Para combatir esta situación alimentaria se necesitan instrumentar políticas públicas eficientes orientadas a la producción agropecuaria, a lo ambiental, social, educativo, a la infraestructura, etc. Que se apliquen por las Instituciones involucradas de forma eficiente los recursos asignados para ese fin. Pues es notorio que los subsidios dados al campo no han sido suficientes ni han dado los resultados esperados; la tecnología sigue rezagada, hay baja productividad, somos poco competitivos y debe considerarse la dispersión en la estructura productiva.

La alimentación que tenemos los mexicanos ha acentuado el problema de la malnutrición, el sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónico-degenerativas cardiovasculares, diabetes y distintos tipos de cáncer. La desnutrición crónica afecta a 21% de los niños menores de cinco años que viven en zonas rurales. El sobrepeso y obesidad a 24% de los niños menores de 12 años (FAO). Consumimos más alimentos procesados con elevado contenido de sodio, grasas saturadas, azúcares, colorantes, conservadores, saborizantes y estabilizantes; también aumenta el consumo de productos de origen animal.

En el pasado se diseñó el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), el cual reúne en un solo capítulo presupuestal los recursos de ocho Secretarías y el Ramo 33 que ejercen en el sector rural. A partir del 2010, el presupuesto destinado a las zonas rurales se orientó a combatir la pobreza, pues las áreas rurales son las grandes productoras de los alimentos, pero las que tienen mayor carencia alimentaria (24.7% rural y 18.7% urbana).
El presupuesto del PEC para el 2018 fue de 334,314 millones de pesos, en 2019 de 352,091 y para este 2020 el proyecto de presupuesto que presenta el Gobierno Federal es de 331,455 millones de pesos. Menor en 20 mil 636 mil millones de pesos al aprobado en 2019. El PEC desde 2003 tuvo un incremento de forma sostenida hasta 2016 (Grupo Consultor de Mercados Agrícolas GCMA). La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en este año tuvo un presupuesto de 65,434.9 millones de pesos, para el 2020 le proyectan 46,253.2 millones de pesos, reducen 19 mil 181.7 millones (-29.31%), este presupuesto es menor, en términos nominales, al aprobado en 2006 (GCMA).

En México la contribución del sector agropecuario, la agroindustria, insumos y servicios del sector primario aporta a la economía alrededor del 7.5% anual. Con estas reducciones drásticas en el campo para 2020, los programas de bienestar, precios de garantía, fertilizantes y crédito a la palabra que instrumenta el gobierno federal, y que no abarcan a la mayoría de los productores beneficiados con los programas anteriores, difícilmente aportarán lo mismo al crecimiento económico del país. Pues el PPEF 2020 afecta a programas productivos agropecuarios, asistencia técnica, capacitación, apoyo al cultivo, comercialización, medidas sanitarias, esquemas de financiamiento, entre otros.

Con estas cifras no se visualiza crecimiento en la producción del campo, ni se plantean políticas para disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos en la cadena producción-consumo. Así no lograremos la autosuficiencia alimentaria que necesitamos. Al contrario, la población rural se irá empobreciendo cada vez más. El gobierno de la 4aT está obligado a conocer la situación del agro mexicano, aprovechar el alimento que se desperdicia y producir mínimo el 75% de lo que consumimos en alimentos. De esa manera sí combatirá la pobreza que lacera a millones de mexicanos que no tienen ni qué comer.

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