El viernes 5 de octubre, el coordinador general de programas de desarrollo de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, anunció el inicio del "censo del bienestar", el cual se pretende sea el mecanismo para levantar la lista de personas que serán beneficiadas con los programas sociales del nuevo gobierno de la República, que tomará posesión el 1° de diciembre de 2018. La titánica tarea de levantar este censo, en el caso de Tabasco, estará a cargo de 340 "servidores de la nación" –así se le denomina a los encuestadores con eufemismo–, quienes recorrerán los 17 municipios que integran el estado, aunque el funcionario aclaró que "este número puede variar dependiendo de las facilidades que se presenten".
Esta labor debe concluirse a más tardar a mediados del mes de noviembre, según lo expresó el presidente electo el día 7 de octubre en un discurso en Aguascalientes, como parte de su "gira de agradecimiento". Para recabar los datos estadísticos se ha dicho que la encuesta se levantará casa por casa, de manera personalizada. La información se destinará a la Secretaria del Bienestar y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, principalmente, dependencias federales que otorgarán los apoyos a través de programas sociales, tales como "Jóvenes Construyendo el Futuro", "Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Medio Superior", "Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores", "Pensión para el Bienestar a Personas con Discapacidad de Escasos Recursos", entre otros. Asimismo, en la página oficial de transición del nuevo gobierno, se dice que los "servidores de la nación" portarán gorra y playera blanca con la imagen de un personaje histórico, como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero o Lázaro Cárdenas del Río.
A primera vista resalta lo complejo que será llevar a la práctica esta tarea y obtener los datos esperados, sin que se cometa alguna injusticia en la asignación y entrega de apoyos de transferencias monetarias. Desde la poca o nula capacitación de los encuestadores hasta la reducida estructura para cubrir los 17 municipios, con sus respectivas villas y comunidades, casa por casa, individuo por individuo, y sumándole a esto, que las brigadas están compuestas por voluntarios que no reciben ningún apoyo económico –así se ha dicho–, no es de extrañar que este "censo por el bienestar" levante suspicacias.
Instituciones especializadas en el tema, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha aclarado, en voz de Julio Alfonso Santaella Castell, Presidente de la Junta de Gobierno, que se trata más bien de un levantamiento de un padrón de beneficiarios, y no de un censo como tal, debido a que la realización de este último es exclusivo del organismo. Puntualizó, además, que el artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geográfica, señala que es facultad exclusiva del INEGI el levantar un censo nacional, por lo que el ejercicio anunciado por López Obrador no corresponde a esta categoría, por lo que (como no es un censo) estaría en todo su derecho de realizarlo sin requerir la autorización por parte del Instituto. Y como ejemplo de la complejidad que conlleva el levantamiento de un censo nacional, explicó que para el Censo de Población y Vivienda 2020, "habrá que recorrer 2 millones de metros cuadrados para poder identificar a 45 millones de viviendas en la que tenemos que tocar la puerta y, según estimaciones, vamos a ubicar a 128 millones de habitantes para hacerles una entrevista de 12 minutos; para ello estamos trabajando dos años antes".
El coordinador de programas federales Carlos Manuel Merino Campos, si realmente pretende levantar un censo con información veraz y confiable, sin discriminar a los encuestados por el color de la piel o por las preferencias partidarias e ideológicas, necesitará más y mejores elementos para esta tarea, además de planeación, la aplicación de una estrategia y, por si fuera poco, mucho más tiempo para alcanzar los objetivos del "censo del bienestar". Tiene por delante que coordinar a las "brigadas del bienestar" para cubrir 25,267 km², en los que habitan cerca de 2.5 millones de tabasqueños, de los cuales, según datos del 2016 publicados por el INEGI, 1,228,100 viven en pobreza y 283,000 en pobreza extrema.
Los antorchistas de Tabasco, siempre actuando con base en los derechos que la ley otorga a los mexicanos, como lo son los derechos a la petición y a la libre asociación, plasmados en los artículos 8° y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esperan la visita de los "servidores de la nación"; es más, pueden aportar su granito de arena, proporcionando datos valiosísimos que ante la premura, serían de gran ayuda para destinar los programas sociales a los tabasqueños pobres, y que no se cometan injusticias en la distribución de los mismos, por parte de funcionarios públicos que hacen mal uso de ellos, otorgándolos como recompensa por haber participado en la campaña de algún político durante las elecciones, dejando con las manos vacías a los pobres del Edén de México.
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