• Guerrero sufre rezago escolar y 66 % del alumnado reprueba matemáticas
El atraso educativo que padece México no es fruto del azar ni de la falta de capacidad de nuestros estudiantes. Es el resultado de una política económica que concentra la riqueza en unas cuantas manos y abandona a su suerte a las grandes mayorías.
Los datos más recientes lo confirman, según el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2022 de la OCDE, México se ubicó en el lugar 51 de 81 países evaluados, con retrocesos significativos en matemáticas, lectura y ciencias. En matemáticas, el 66 % de los estudiantes mexicanos no alcanzó el nivel básico de competencia, lo que significa que dos de cada tres jóvenes no pueden interpretar problemas simples ni aplicar operaciones elementales en su vida cotidiana.
La educación no es una mercancía ni un privilegio. Es la herramienta fundamental para que el pueblo comprenda su realidad, cuestione el orden establecido y participe en la transformación de su entorno.
La comparación internacional es brutal: mientras países como Finlandia, Corea del Sur o Japón destinan entre el 5 y el 6 % de su producto interno bruto a la educación, México apenas rebasa el 4 %, muy por debajo de lo que establece la Ley General de Educación y de las recomendaciones de la Unesco. Peor aún, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, el gasto destinado a la función educativa tuvo un recorte real del 3.4 % respecto al año anterior.
Esa es la prioridad real del gobierno federal; no es la educación, no es la ciencia, no es la cultura: son los megaproyectos, el despliegue militar y el asistencialismo electoral.
En Guerrero la situación es todavía más grave. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, el promedio de escolaridad en la entidad es de apenas ocho punto un años, lo que equivale a segundo de secundaria, uno de los más bajos del país.
El 13.9 % de la población mayor de quince años es analfabeta, casi el doble del promedio nacional, y en las regiones de la Montaña y la Costa Chica ese porcentaje supera el 25 %.
Si hablamos de infraestructura educativa, la Comisión Estatal de Infraestructura Educativa reportó en 2023 que más del 60 % de las escuelas públicas de nivel básico presentan daños estructurales, carecen de servicios sanitarios adecuados o no tienen acceso a agua potable.
La brecha tecnológica profundiza la exclusión. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2023 señala que Guerrero apenas alcanza el 52.3 % de cobertura de internet, la cifra más baja del país, y en las zonas rurales la conectividad se desploma a un 8.7 %.
Esto no es un simple rezago: es una condena estructural para cientos de miles de niños y jóvenes que nacieron en comunidades marginadas y que tienen negado, desde el origen, su derecho constitucional a una educación digna.
Frente a este panorama, la respuesta gubernamental ha sido la simulación y el abandono. Los programas de becas no resuelven el problema de fondo: no construyen escuelas, no forman docentes, no garantizan conectividad, no mejoran los contenidos educativos.
Peor aún, el hostigamiento presupuestal contra universidades públicas, centros de investigación y proyectos científicos demuestra que hay una decisión deliberada de mantener a la población en la ignorancia como mecanismo de control político.
La educación no es una mercancía ni un privilegio. Es la herramienta fundamental para que el pueblo comprenda su realidad, cuestione el orden establecido y participe en la transformación de su entorno. Por eso los poderosos le tienen miedo a un pueblo educado, y por eso recortan, condicionan y limitan.
En el Movimiento Antorchista sostenemos que no habrá justicia social sin una verdadera revolución educativa, y que esa revolución pasa necesariamente por cambiar el modelo económico que hoy convierte a la educación en un negocio y a los estudiantes en clientes.
En Guerrero necesitamos un frente amplio de estudiantes, maestros, padres de familia y organizaciones sociales que exija mayor presupuesto educativo, mejores condiciones en las escuelas, respeto a los derechos laborales del magisterio y un modelo pedagógico que forme ciudadanos críticos y no simples piezas del engranaje productivo.
Defender la educación pública es defender la posibilidad de un futuro distinto para nuestro estado y para el país. Esa es la lucha que desde el antorchismo guerrerense asumimos como propia.
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