Ya los filósofos de la antigüedad utilizaban el término "arjé", para referirse al elemento primordial del que está compuesta, del que deriva toda la realidad material. El término significa principio, fundamento, comienzo.
Pues bien, con el permiso de aquellos sabios, digamos que el arjé de los derechos es indudablemente el que hace posible a cada individuo la conservación de su condición de ser vivo, por eso se dice que la vida es el don más preciado, no por nada la vida se considera la maravilla de la naturaleza y del universo entero.
Y es que, sin la vida, ¿para qué puede servir a una persona, por ejemplo, el derecho a la vivienda? A aquel que le han quitado la vida ¿le serviría de algo el derecho a la libre expresión de las ideas? ¿O el derecho a la educación? Privada de la existencia ¿le será necesario, por ventura, el derecho a la salud? Y al que quedó postrado de por vida, víctima de la violencia, ¿no le resultará una broma de mal gusto el derecho al deporte?
Por eso, para cada ser humano, el primordial es su derecho a la vida. Y uno de los medios de garantizarla es el derecho a la seguridad pública.
Pero esto está muy lejos de ser aceptado y comprendido por los gobiernos actuales, en sus tres niveles, federal, estatal y municipal.
Y la prueba de que nuestras autoridades sienten total desprecio por la vida de la gente, y más por la de la gente de escasos recursos, está en la creciente impunidad, la cual expone a todos nosotros a un permanente sentimiento de inseguridad. La impunidad no puede tener otro efecto que el animar más la violencia.
Tengamos, pues, siempre presente cuál es el derecho primordial, que no se nos olvide, ya que ningún otro derecho tiene sentido si no hay vida, ningún otro derecho servirá de nada a una víctima de la violencia extrema.
En teoría, en nuestro país la esperanza de vida es de 75.2 años. Aunque, claro, la calidad de vida hace variar esta cifra: Nuevo León es el estado que ofrece mayor esperanza de vida a su población, casi 77 años; mientras que los chiapanecos, con un promedio de 73 años, son los mexicanos que viven menos. Pero no olvidemos el otro factor determinante, la pobreza en sus diferentes grados; veamos la enorme diferencia entre nacer pobre y nacer rico: las clases adineradas de nuestro país viven, en promedio, diez años más, esto quiere decir que ellos pueden llegar a vivir hasta los ochenta o noventa años y con mejor salud mientras el pueblo trabajador sólo podrá alcanzar una edad entre los sesenta y setenta años pero con una salud precaria, nosotros morimos casi convertidos en ruinas.
Es importante mencionarlo porque la inseguridad se ha convertido en factor de longevidad, de esperanza de vida, se añade a la inseguridad pública que padecemos en el día a día.
Esta situación de zozobra, de angustia cotidiana que sufre el pueblo debe terminar. Los obreros y el pueblo en general son los que sostienen este país con su trabajo y sus impuestos diarios, que pagan a veces hasta sin darse cuenta. Por tanto, los trabajadores deberían ser el sector social mejor atendido en nuestro país.
El derecho a la vida, garantizado por una política de seguridad pública plena, debe ser tarea de los tres niveles de gobierno. ¡Basta ya de que nos levantemos cada día con angustia, con la incertidumbre de volver o no sano y salvo a nuestra casa después de la jornada laboral, o al regreso de la escuela o de un simple día de paseo con la familia.
Los mexicanos debemos aprender a exigir nuestros derechos, comenzando por el de la seguridad pública para todos: niños, jóvenes, adultos, mujeres, amas de casa, trabajadores, estudiantes, madres solteras, ancianos, discapacitados.
En los últimos tiempos (salvo muy contadas excepciones), los tres órdenes de gobierno se han mostrado incapaces de devolver la relativa paz y tranquilidad de que los mexicanos gozamos en alguna época. Y prácticamente no hay gobernante, sea del color partidario que sea, que se haya mostrado distinto en este aspecto.
En el país, a seis meses de iniciado el gobierno autodenominado de la "Cuarta Transformación", llevamos más de 24 mil homicidios. Pero no se nos olvide que la seguridad incluye también la integridad física de las personas, es decir, todavía faltaría contabilizar los lesionados temporales o de por vida, que por lo general no figuran en las estadísticas.
Si bien, la seguridad pública tiene que ser procurada desde el gobierno federal, de ningún modo las administraciones locales pueden lavarse las manos, pues existe una partida presupuestal específica para la seguridad pública municipal. Pero hay también mil acciones que cualquier gobierno puede instrumentar para garantizar la paz y la seguridad públicas, por ejemplo, la mejora de las escuelas, el fomento al deporte, a la cultura y al arte, etcétera.
Los mexicanos, con el actual partido en el poder, en sus diferentes niveles, estamos aún a merced de la delincuencia, de la violencia y de la impunidad, y no hay visos de que esto cambie en el presente sexenio, ni siquiera esperanzas, pues todos sabemos que es generalizada la paralización de obras y acciones en todos los rubros, incluido por supuesto el de seguridad pública (la presencia del Ejército en las calles no necesariamente significa lo contrario). Recordemos que hace casi un año, posterior al rotundo triunfo de AMLO el 1 de julio del 2018, fanfarronamente, pregonaba que a partir del 1 de diciembre, varios problemas en nuestro País, incluida la inseguridad iban a resolverse.
Tenemos, pues, todos, el deber moral de recordar a cada uno de nuestros gobernantes las obligaciones que tienen para con la ciudadanía, que, en especial, es el garantizar nuestra seguridad, el velar, con todos los medios a su alcance, por la vida de cada uno de los mexicanos.
¡Seguridad para nuestros hijos!
¡Larga vida a los mexicanos!
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