La causa del florecimiento del delito en nuestra sociedad se dice, está en la impunidad galopante, es decir, en la falta de acierto y de voluntad de las autoridades para combatirla con eficacia. Casi siempre se agrega a dicha causa fundamental, la nula preparación y la corrupción de los cuerpos policiacos, razones que explican no solo sus nulos resultados, sino también el hecho de que cada día se repite con mayor frecuencia, que en las bandas de delincuentes participan, y a veces en calidad de jefes, policías en activo o ex policías que se han pasado al campo enemigo. Quienes así razonan, no solo se olvidan de que tales exigencias, en la medida en que se han puesto en práctica en el pasado, no han dado nunca resultados, sino también de que constituyen el mejor camino para convertir al estado mexicano en un estado policiaco, es decir, en un estado armado hasta los dientes y dedicado a vigilar las 24 horas del día la conducta de todos los ciudadanos, delincuentes o no, coartando con ello todas las libertades consagradas en nuestra ley fundamental, la Constitución federal. No se dan cuenta, tampoco, de que es una contradicción flagrante pedir más y más policías mejor entrenados sin tomar medidas precisas y seguras para evitar que se pasen al lado de la delincuencia, que eso, en el fondo, significa estar formando cuadros a la alta escuela para la banda de mafiosos que los captan en enrolan en sus filas.
¿A quién creerle? ¿A los dichos o a los hechos? Andrés Manuel López Obrador, al respecto, por desgracia, estamos ya viendo que nos da, en materia de inseguridad, más de lo mismo: se ha dedicado a echarle tierra a sus antecesores y a glorificar su propia actuación como presidente de la república; esto fue precisamente lo que se marcó de manera clara desde el principio, desde la primera semana de su gobierno, y desde entonces, no hay semana en la que López Obrador no afirme que las cifras estadísticas referente a delitos, sobre todo en cuestión de homicidios, están bajando; como por arte de magia, como si con el solo hecho de que él lo diga y lo disponga desde su muy altísima autoridad, la realidad tenga que amoldarse a semejantes deseos, como si los fenómenos sociales del país no tuvieran un origen y una dinámica propios de desarrollo. Por ejemplo, el 2 de mayo, en una nota publicada en el periódico El Sol de México, se lee: "el presidente AMLO aseguró que desde principios de abril los homicidios se redujeron en un 21.25%; disminuyendo de 80 a 63 diarios". Y aprovechando, se adelantó a sus últimos días en la presidencia, con la siguiente sentencia: "al finalizar el sexenio, los índices delictivos e inseguridad bajarán un 50%". Pero la realidad es más terca que el terco presidente, y usando cifras oficiales del propio gobierno federal, el periódico El País, consignó el pasado 22 de abril lo siguiente: "la violencia en México bate records en los primeros 3 meses del gobierno de López Obrador de 2019. La violencia no cesa, y se han registrado 8,493 homicidios, 9.6% más que en el mismo periodo de 2018."
Aquí en Chihuahua, los planes de combate contra en delito van y vienen; se publican, se anuncian con bombo y platillo, pero también se olvidan y se entierran , y de la misma manera, la terca realidad termina siempre imponiéndose sobre la saliva, es decir, los hechos se sobreponen a los dichos, y como botón de muestra, ponemos de referencia las cifras del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), que nos revelan con su contundencia, que nada más entre el 1º de enero y el 12 de marzo de 2019 (71 días) se han cometido 343 homicidios en todo el estado; de ellos, 233 han ocurrido en Cd. Juárez; es decir: 5 diarios durante esos primeros días. En un informe más reciente, FICOSEC dice en sus datos con corte al reciente 10 de mayo de 2019: "Entre el 1º de enero y el 10 de mayo del presente año, solamente en las principales ciudades del estado, se cometieron 675 homicidios dolosos; Chihuahua capital 107, Cuauhtémoc 42, Delicias 4, Jiménez 2, Juárez ¡503!, Nuevo Casas Grandes 5 y Parral 13."
Pero esa miopía de ciertos gobernantes no es gratuita. Tiene su explicación en el hecho de que, de esa manera, evitan referirse a las verdaderas causas económicas y sociales de la delincuencia, mismas que llevarían a la necesidad de introducir reformas de fondo en la actual estructura del sistema, que no se corresponden con los intereses que defienden y representan. Es decir, que la verdadera causa que subyace en el fondo de la gran mayoría de nuestros graves problemas delincuenciales, es la injusta e inequitativa distribución de la renta nacional. Esto último debería saberlo todo mundo. Y como consecuencia de este saber, hay que decir que es menester un cambio favorable en el reparto de dicha renta, lo cual contribuiría a disminuir de manera muy considerable la criminalidad; de lo contrario, mientras al trabajador se le siga pagando un salario de hambre, todos los planes de combate a la delincuencia y al crimen organizado y no organizado, serán fallidos y solo se convertirán en un eterno baño de sangre.
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