Parece que se ha puesto de moda en todo el país emular, a pie juntillas, las instrucciones del Presidente de la República en torno a la negativa de reconocer la participación de organizaciones en la gestoría de obras y programas sociales para sus agremiados. Para ello, los "argumentos" y calificativos soeces sobran: "corruptos", "intermediarios", "extorsionadores", "vividores de moches", etc., se estigmatiza por encargo y porque probablemente piensan que a fuerza de repetir una y otra vez su consigna, el pueblo se va a conformar y va a renunciar a todo intento organizativo serio, único, capaz de salvarlo de las injusticias y atropellos de que es objeto.
Es verdaderamente indignante que la máxima autoridad de este país en cada foro que pisa, sobre todo donde promociona sus programas sociales de transferencia monetaria, repita el mismo discurso memorizado, ofensivo y descalificador en contra de todo tipo de organización y, en particular, en contra del Movimiento Antorchista Nacional, al que de manera grosera lo tilda como "la antorcha mundial". Con estas denostaciones pretende borrar de una pincelada los derechos de petición, organización y manifestación de los mexicanos.
El problema no pasaría a más si esta "actitud" no se emulara en casi todos los niveles de gobierno, pero sucede que, cada uno a su manera, lo replica y al final del día el resultado es el mismo: desconocer la actividad organizada de los ciudadanos, trátese de quien se trate; "aquí los apoyos son directos, sin intermediarios ni gestores", dicen, y nada ni nadie los mueve un centímetro de su posición, a pesar de que ante su ojos se encuentre la evidencia de lo equivocada que está su política, de su abierta violación al Estado de Derecho y a nuestra Constitución Política.
Parece, pues, que para estos funcionarios replicar la conducta que asume el Gobierno Federal es digno de reconocimiento, convertirse en pequeños dictadorzuelos es su pasatiempo favorito –a título de ejemplo tenemos a Omar Fayad Meneses, gobernador del estado de Hidalgo–, se olvidan de que las decisiones gubernamentales deben plegarse al imperio de la Constitución. ¿No es verdad que cuando un funcionario público toma posesión de su cargo protesta cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan? Faltar a esa promesa no solamente pone en riesgo el Estado de Derecho, sino también la estabilidad y la paz social.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se equivoca o miente a propósito al diagnosticar como el mal principal de México a la corrupción, el verdadero mal que aqueja a millones de mexicanos es la pobreza y esa no se combate con "tarjetas", no se acaba desapareciendo la organización de las masas populares, dejando al ciudadano inerme, a merced de los poderosos; la pobreza se ataca distribuyendo de otra manera la riqueza social producida, creando empleos suficientes para todos aquellos que están en edad de trabajar, que los salarios sean verdaderamente remunerativos, que el gasto social que el Estado realiza se oriente hacia los que menos tienen, dotándolos de vivienda, agua, electrificación, salud, educación, cultura, deporte. Para eso, es necesario implementar una política de pago de impuesto progresivo. Pero de esto, poco o nada se ha hecho.
El ambiente liquidacionista creado desde el Gobierno Federal en torno a las organizaciones populares y, en particular, en contra del Movimiento Antorchista, ha provocado que en estados como Yucatán pretendan coartar también nuestros derechos de organización y de gestión, pues nuestra exigencia sigue siendo la misma, que la gente humilde deje de ser ignorada en los programas oficiales a los que también tiene derecho. Ahora, lejos de escuchar la demanda de la gente y atender sus necesidades, se desconoce a sus representantes y el ciudadano queda a merced de la burocracia y de la "buena fe" de los funcionarios.
Recientemente, con la publicación de la convocatoria del programa "peso a peso 2019", que implementa anualmente el gobierno estatal, el Secretario de Desarrollo Rural (SEDER), Lic. Jorge Díaz Loeza, recalcó que "a partir de este año, los productores tendrán que tramitar directamente el apoyo, cuando antes lo hacían los alcaldes o los líderes de las organizaciones (...) y no lo operaran los municipios o las organizaciones; la Secretaría irá directamente a los municipios".
En primer lugar, la convocatoria apareció un día antes de que iniciara el registro, por tanto, la difusión del programa no se realizó oportunamente y muchos productores no se enteraron porque simplemente nos les llegó la información. Si la convocatoria hubiera cumplido con las expectativas y la institución hubiera realizado una amplia difusión de las bases para inscribirse al programa, no habría ningún problema. Pero problemas hubo y hay; muchos productores no se registraron porque nadie les informó del proceso, otros no pudieron realizar el registro porque la falta de algún documento les impidió completar el trámite, otros porque no tuvieron recursos para trasladarse desde sus comisarías hasta la cabecera municipal para realizar su inscripción. Cualquiera que sea la razón, cerca de 500 pequeños productores afiliados al Movimiento Antorchista no pudieron hacerlo, aunque algunos sí alcanzaron a inscribirse el último día.
En segundo lugar, quiero dejar claro que, si bien es cierto que las organizaciones apoyamos a la gente para realizar los trámites facilitando la recopilación de documentos, nunca hemos fungido como intermediarios porque los programas sociales, desde siempre, han sido operados por los trabajadores de la SEDER. Es decir, a los antochistasnunca nos han dado ningún tipo de recursos, ni económicos ni materiales, para que nosotros los entreguemos a la gente a la que representamos; los insumos y los recursos económicos o materiales siempre han sido entregados a la gente directamente por el personal de las diversas dependencias gubernamentales. Los responsables de aplicar el programa lo saben pero lo ocultan, seguramente con la intención de negarles el apoyo a los humildes yucatecos afiliados a nuestras filas.
Apelando a estos argumentos, el 25 del presente mes acudió una comisión de antorchistas a la SEDER, expuso esta situación y buscó una alternativa de solución a la problemática; sin embargo, la posición fue la misma, "trámite personal, no hay prolongación de horarios de atención porque la convocatoria no se puede alterar con una prórroga –el 26 de abril cerraba la convocatoria–", y nada más. Ante esta respuesta, desde hoy anunciamos que, de no haber solución positiva a esta justa demanda y a otras más, expuestas en un pliego petitorio; el próximo 8 de mayo, una comisión de 500 antorchistas, nos manifestaremos en el palacio de gobierno para denunciar este atropello y exigir la intervención del Lic. Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado, para la solución de nuestras demandas, si su slogan de gobierno reza "Juntos transformemos Yucatán", aquí hay yucatecos, que quieren ser partícipes de esa transformación.
A los oficiosos defensores a ultranza de quienes satanizan la labor de las organizaciones sociales y con más insistencia el trabajo de los antorchistas, a quienes nos acusan de "aferrarnos al intermediarismo", sostengo y he demostrado que Antorcha no es intermediaria, que nosotros nunca hemos manejado dinero público, que el dinero de los programas sociales lo han manejado siempre las dependencias encargadas. Quienes afirman lo contrario, mienten descaradamente porque buscan evitar que el pueblo se organice y se defienda contra gobiernos que no resuelven sus demandas, pero los antorchistas no vamos a renunciar a este derecho, así tengamos que ir en contra de "las nuevas políticas públicas"; ahí estaremos mientras la pobreza flagele con sus miserias la carne del pueblo. Que nadie lo dude.
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