El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se precia de ser un adalid del combate a la corrupción, por considerarla la causa de todos los males sociales que padece la nación, y, bajo esta bandera, que es incuestionable por todos los mexicanos (aunque no se comparta como causa principal de la pobreza), se han instrumentado acciones, promovido leyes, que aparentan ir al fondo del asunto.
Pero ojo, esta visión aparentemente justiciera, solo se usa contra personajes, o agrupaciones que el gobierno de la 4T, considera como opositoras a su gobierno, muy cuestionable, por cierto.
La campaña contra la corrupción del sexenio tuvo como una de sus primeras víctimas a la exfuncionaria federal Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de la SEDATU, quien al margen de si es culpable o no de los delitos a que se le imputan, es claro que su encarcelamiento obedece a una venganza política de los hoy gobernantes, que no reparan en violaciones a la ley para cumplir sus propósitos.Y caso contrario es el otorgado a Emilio Lozoya Austin, ex Director General de Pemex, a quien la 4T usa como principal testigo para demostrar la corrupción de políticos adversarios al morenismo y al que le dan todas las facilidades para que no pise la cárcel.Hay pues, en el gobierno de la 4T un uso selectivo de la ley, es decir, corrupción de la justicia.
Están también los casos de señalamiento de corrupción de personajes afines al morenismo como René Bejarano, Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval, John Ackerman, Zoé Robledo, Ana Guevara y últimamente el hermano del mismo presidente, Pío López Obrador, exhibido en un video recibiendo paquetes de billetes, pero a estas personas se les protege y justifica por ser parte del grupo actualmente en el poder.
En todos los casos, se debe usar el mismo criterio, el respeto al debido proceso, esto es, que todo mexicano llevado a los tribunales tenga garantía de ser oído y vencido en juicio, que no se le prive de su libertad y de sus bienes por capricho o por venganza política, esto es lo que establece nuestra Carta Magna y las leyes que de ella derivan.Hoy como en el pasado reciente se sigue utilizando la Ley para someter a los adversarios, a los insumisos, aunque se tenga que violentar todo el estado de derecho, el prometido cambio no es más que lo mismo de siempre, para los amigos perdón y olvido, para los adversarios el uso faccioso de la Ley para meterlos a la cárcel y dejen de representar un peligro para los intereses de los nuevos gobernantes.
Hoy, los antorchistas en México somos víctimas de ese abuso de poder, no porque estemos cometiendo delitos fiscales o de otro tipo, beneficiándonos del dinero público, y menos porque estemos lavando dinero en negocios de la organización; ¡nada de eso!, aunque lo diga el propio presidente López Obrador en sus mañaneras, hasta el día de hoy, no hay una sola prueba de sus acusaciones, ni sentencia de ningún juez de cualquier nivel, simplemente se trata de una descarada represión política, primero porque no votamos a favor de la 4T en el proceso 2018, porque somos de las pocas voces críticas con arraigo popular en todo el país, que hemos denunciado el mal gobierno, este que ha causado más de 100 mil muertos en menos de dos años de ejercicio del poder (más de 60 mil por covid-19 y otros 60 mil por homicidios dolosos), que ha dejado sin medicinas a niños con cáncer, que canceló el programa para mujeres víctimas de violencia, que canceló los comedores comunitarios que hoy en plena pandemia estarían prestando invaluable servicio a cientos de miles de mexicanos que no tienen qué comer por falta de ingresos, que sigue teniendo a hospitales y centros de salud sin medicinas, que eliminó el Prospera pero sin darle una alternativa a todas (no solo a pocas), esas familias que se beneficiaban del programa, que dejó sin obra pública a miles de colonias y poblados rurales en todo el país, que le recortó presupuestos a estados y municipios en perjuicio de la ciudadanía, y muchos otros etcétera.
En especial, ha encabezado estos actos ilegales contra el antorchismo, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto, cancelar cuentas bancarias ligadas al Movimiento Antorchista, incluso contra diputados federales que hoy, según lo establece la ley, tienen fuero, y que para ser sujetos a este tipo de acciones, primero se les debería desaforar, someterlos a juicio y solo mediante sentencia de juez competente, tendría lugar un acto de este tipo.Nada de esto se cumple y se respeta, se actúa por consigna contra el antorchismo por la fuerza política que representa en el estado y que pone en peligro en el proceso 2021 el control de Morena en el Congreso Local.
El gobernador de Puebla está acorralado, no por el antorchismo, sino por la inmensa mayoría de los ciudadanos del mencionado estado, que ven cómo su entidad se está convirtiendo en un lugar peligroso para vivir, no solo por el alto número de delitos dolosos y feminicidios, sino porque el gobernador simplemente no tiene la capacidad suficiente para gobernar y hoy Puebla sufre una de las tasas más altas de desempleo y de violencia; en las últimas encuestas de opinión Barbosa está ubicado como el peor gobernador del país.Ante esta crisis de ingobernabilidad, busca cómo distraer la atención pública, armando todo un entramado de fabricación de delitos contra dirigentes antorchistas y bienes de la organización, que han sido producto de muchísimos años de arduo trabajo de activistas y antorchistas en general y que, además, todos, absolutamente todos cumplen los requisitos legales para operar y están al corriente del pago de impuestos ante la Secretaría de Hacienda.
Vuelvo a repetir, no han presentado, el gobernador poblano y la UIF, ninguna prueba de sus señalamientos, ni las presentarán, porque simplemente no existen.Desde que Antorcha inició su lucha siempre la ha financiado de manera legal, pues siempre nos quedó claro que para tener independencia política deberíamos tener independencia económica, así surgieron nuestras colectas públicas de todos conocidas, pequeños apoyos de sus agremiados, faenas colectivas en la construcción de locales, venta de chucherías, cooperativas, hasta alcanzar negocios un poco más grandes como son restaurantes, hoteles, algunas gasolineras; todo construido con el sudor antorchista, nada al margen de la ley.
Es pues, un brutal abuso de poder, una injusticia la que se está cometiendo por el gobernador de Puebla y a la que la UIF se presta.Los miles y miles de mexicanos que libremente han optado por organizarse en las filas antorchistas para mejorar su vida material y espiritual, combatir por medios legales su pobreza, a la que la han sometido por decenios las clases privilegiadas por el sistema económico actual, no dejarán pasar tal atropello a las leyes que nos dimos todos mexicanos desde 1917, nos movilizaremos para protestar cuando nuestra Dirección Nacional nos lo indique.
Pedimos al presidente de México, haga valer el estado de derecho, que se respeten las garantías individuales y colectivas y si hay presunción de un delito, que se proceda conforme la legislación lo establece, pero no se siga cayendo en la violación descarada de la ley para someter a los críticos, hacerlo así, es pervertir la ley, y pervertir la ley, también es corrupción.
Al pueblo de México le pedimos su solidaridad, hoy somos nosotros las víctimas de esta injusticia, mañana que se establezca una dictadura será demasiado tarde, porque entonces los mexicanos viviremos sometidos a caprichos y voluntades de dictadorzuelos regados por todo el país.
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